ETA comenzó a enviar a principios de octubre una masiva remesa de cartas de extorsión a empresarios vascos, entre los que se han incluido personas que hasta ahora no habían recibido ningún tipo de chantaje por parte de la banda. Según distintas fuentes consultadas, la organización terrorista se ha dirigido por primera vez a profesionales y pequeños empresarios a los que exige el pago de cantidades inferiores a las reclamadas en otras ocasiones, consciente de que se trata de sectores de un poder adquisitivo menor. La banda ha pasado en los últimos meses de pedir 400.000 euros a demandar el pago de cifras que oscilan entre 70.000 y 90.000 euros.
Este cambio en su forma de proceder revelaría, en opinión de los expertos, que aquellos empresarios que recibieron cartas durante la tregua y tras la ruptura del alto el fuego no están pagando. De ahí que los terroristas hayan comenzado a extender su extorsión a nuevos sectores con el objetivo de intentar recaudar la mayor cantidad posible de dinero. Los especialistas consideran que la banda inició su alto el fuego con graves problemas de financiación que, según todos los análisis, se están agudizando en los últimos meses.
En una de las cartas remitidas por la banda, a la que ha tenido acceso EL CORREO, la organización exige el pago en billetes de 20, 50 y 100 euros y ordena al extorsionado que para entregar el dinero se ponga en contacto con «los habituales círculos de la izquierda abertzale». Según el análisis de las fuerzas de seguridad, si cada vez son menos los empresarios que pagan, aquellos que decidan hacerlo se encontrarán con dificultades para contactar con mediadores. A la clandestinidad en que se realizan estas gestiones, sostienen los expertos, se sumarán ahora los problemas de gestión diaria a los que se enfrenta la izquierda abertzale tras el encarcelamiento de gran parte de la mesa nacional y el convencimiento que tiene su militancia de que las fuerzas de seguridad trabajan con ahínco para hacer efectiva la ilegalización que pesa sobre Batasuna.
Pero también hay otros factores que hacen difícil el pago. En junio del año pasado, una operación conjunta de las policías española y francesa desmanteló una de las redes de extorsión de la banda más antigua, que operaba desde el bar Faisán, en Irún. Y desde hace tres años, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene abiertos al menos dos sumarios sobre el denominado 'impuesto revolucionario', en los que ya han sido procesados varios de los intermediarios entre ETA y los chantajeados.
Tono más hostil
La banda incluye en su carta una clasificación de los empresarios que trabajan en el País Vasco, que divide en tres tipos. «Aquellos que colaboran de manera voluntaria con la construcción nacional de Euskal Herria, los que consideran que el problema no va con ellos, y los que prefieren apoyar de buen grado la labor de opresión que realizan los Estados español y francés», escriben. ETA también asegura en su texto que su amenaza no se realiza «desde ningún ánimo de lucro personal».
Desde la ruptura de la tregua en junio, la banda ha lanzado al menos cuatro remesas de cartas de extorsión, aunque algunos de estos envíos se correspondían a los recordatorios y a las amenazas directas que los terroristas remiten a los empresarios que se niegan a pagar. En todos los escritos ha desaparecido el tono menos hostil que ETA empleó durante el alto el fuego, en el que reclamaba una «aportación voluntaria».
A mediados de este mismo mes, el presidente de la patronal vizcaína, José María Vázquez Eguskiza, aseguró que los empresarios vascos están recibiendo cartas de extorsión «casi a diario» y describió la sensación de «terror, de no saber qué hacer», que padecen quienes sufren la extorsión terrorista. El dirigente empresarial se lamentó también de que la sociedad vasca «no esté más preocupada por la violencia» que ejerce ETA.
El Correo (29.10.2007)
