Tanto el Gobierno como las autonomías y los ayuntamientos deberían tomarse muy en serio la advertencia de las grandes compañías inmobiliarias que cotizan en la bolsa española, agrupadas en el llamado Grupo 14 (G14). Según sus previsiones, en los próximos dos o tres años podría volver a subir vertiginosamente el precio de la vivienda si las administraciones públicas no agilizan la creación de suelo urbanizable.
España tiene una demanda efectiva de 450.000 viviendas al año y si no se pueden construir a este ritmo, los precios se dispararán otra vez al alza en el futuro. Es cierto que actualmente existe una sobreoferta inmobiliaria, como consecuencia de la excesiva construcción acometida en los últimos años. Pero todo indica que el mercado la absorberá a medida que se vayan ajustando los precios, no tanto porque vayan a bajar, sino porque han dejado de subir como lo hacían hasta ahora. El problema está en que la construcción de nuevas viviendas ha caído un 60%, un hecho que a medio plazo puede acabar estrangulando la oferta.
Al parón inmobiliario han contribuido varios factores: el propio ajuste del mercado, debido a que no hay demanda solvente para unos precios tan elevados; la nueva ley del Suelo, que hace menos rentable la construcción de viviendas; la subida de los tipos de interés y, por último, el clima de desconfianza alimentado por la crisis hipotecaria de Estados Unidos, que ha frenado proyectos y ha limitado la concesión de créditos.
Se trata de evitar que el ajuste suave de la construcción se convierta en un ajuste brusco. Por eso el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la ley del Suelo, pensada en los momentos de euforia, y pide a los bancos que no restrinjan más los créditos ahora que los tipos de interés se han estabilizado y que la crisis estadounidense parece controlada. Sería paradójico que la banca española, que apenas ha sufrido esa crisis, aplicase un cerrojazo crediticio a los ciudadanos.
El problema de fondo para construir viviendas a precios ajustados está en la falta de suelo urbanizable a coste razonable. Los promotores inmobiliarios denuncian que la disponibilidad de suelo para edificar puede tardar unos seis años, un plazo demasiado largo que encarece los precios sobremanera. La manera de afrontar este problema supone resolver el cuello de botella de la financiación de los municipios, de forma que no se vieran tentados a especular con el suelo. O bien legislar de forma que se les pudiera obligar, desde instancias superiores, a obtener suelo urbanizable en función de la demanda.
La Vanguardia (Editorial; 29.10.2007)
