Hasta el momento no hay ninguna condena
BARCELONA.- La Generalitat ha intervenido desde 2003 en 223 casos por existir riesgo de ablación femenina, produciéndose un aumento en los casos de intervención desde ese año hasta 2007, según ha informado la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, durante la presentación de la segunda edición del Protocolo de actuaciones para prevenir la mutilación genital.
Estas intervenciones no significan que se haya producido o evitado la mutilación genital femenina, sino que la Generalitat, a través de diversos departamentos e instrumentos, ha realizado desde labores de información y sensibilización en el núcleo familiar hasta la denuncia ante los juzgados en el caso de riesgo inminente. Capdevila aseguró que hasta el momento "no hay ninguna condena" por estos hechos en Cataluña.
Por años, la Generalitat intervino durante 2003 en 20 casos; en 2004, en 30; en 2005, en 50; en 2006, en 55; y en 2007, en 68. La consellera ha informado que en dos casos -uno en Premià de Mar y otro en Cervera (Lleida)- fue necesaria la retirada cautelar de la tutela a los padres.
La mutilación genital femenina se practica en distintos grados en varios países de África en diversos grados. Algunos de los países donde se realiza esta práctica son Mauritania, Mali, Níger, Chad o Kenia, entre otros, -grado I y II- y Sudan, Somalia y Djibouti -grado III-.
La secretaria de Infancia y Adolescencia, Inma Pérez, ha informado que la ablación está relacionada con la tradición de diversas etnias y comunidades y con el objetivo del control de la sexualidad y el fomento de la castidad, entre otras razones. Capdevila puntualizó que a menudo se relaciona con la religión pero que, en realidad, su origen es mucho más antiguo y está "más unida a conceptos culturales".
Actuación judicial, último recurso
El documento establece tres fases de intervención, empezando por la información y la formación de los profesionales y las familias, pasando en segundo lugar a trabajar las situaciones de riesgo y, en tercer lugar, a través de la denuncia ante los juzgados o la Fiscalía cuando existe la certeza de que el riesgo es inmimentente. Pérez puntualizó que el objetivo principal es la prevención y que "la última instancia" es acudir a la vía judicial, cuando las labores de prevención han fallado.
Mediante el protocolo, se pretende ofrecer a los profesionales implicados los conocimientos necesarios para abordar los casos, que las familias conozcan las consecuencias que conlleva esta práctica, incluidas las legales, promover la actuación de las mujeres africanas como "principales protagonistas" en el proceso de erradicación y tratar los casos con confidencialidad, entre otros.
El Mundo (5.02.2008)
