La Comisión, La Rioja y Castilla y León le acusan de recibir subvenciones estatales encubiertas
Manu Álvarez
«Estamos ante la historia. Ante 800 años de una Hacienda singular; en el día en que se cumplen 130 años de la instauración del régimen de Concierto. Como europeístas que somos, estamos convencidos de que vuestras conclusiones seguirán la senda de la construcción de una organización respetuosa con los pueblos de Europa». Con este alegato finalizó ayer su intervención el abogado Ignacio Sáenz-Cortabarría, defensor de las instituciones vascas ante el Tribunal de la UE en la vista en la que se enjuició la capacidad de las diputaciones para aprobar normas fiscales distintas a las del Estado.
La sesión, celebrada en la Gran Sala del tribunal, sirvió para constatar que las discrepancias en materia tributaria entre Bruselas y la Administración vasca han escalado algunos grados para convertirse en un enfrentamiento descarnado e, incluso, algo subido de tono. «Sus afirmaciones -proclamó ante el tribunal el abogado Sáenz-Cortabarría, dirigiendo su mirada al representante comunitario- son falsas, tendenciosas e interesadas. La Comisión ha querido desnaturalizar este proceso e incluso se opuso a que se celebrase».
Enfado
La reacción de enfado del letrado que defiende a las instituciones vascas llegó después de asistir durante casi tres horas a una lluvia de argumentos de quienes, como el propio Ejecutivo de la UE, quieren evitar que las diputaciones puedan mantener su capacidad normativa. Tanto los letrados de Castilla y León como los de La Rioja y Bruselas coincidieron en las grandes líneas de su 'ataque'. En su opinión, el País Vasco no cumple prácticamente ninguno de los requisitos fijados por la propia Corte de Luxemburgo en la conocida como 'sentencia Azores' para que una región pueda mantener un sistema fiscal distinto al del Estado al que pertenece. Así, argumentaron que ni las diputaciones son suficientemente relevantes para influir en el conjunto de la economía vasca, ni tienen independencia real de decisión y tampoco -insistieron una y otra vez- sufren las consecuencias de las rebajas de impuestos que aprueban. Ello es así, recalcaron especialmente Castilla y León y la Comisión -porque el sistema de Cupo- por el que Euskadi abona una cantidad anual al Estado para sufragar las competencias no asumidas esconde más cosas de las que enseña. Esa suma fue de 1.534 millones de euros el pasado año, un 12% más que el anterior.
«El Cupo es una suma fruto de un pacto político, con una metodología clara y legal, pero conseguida con cifras que no conoce nadie. Falta transparencia y sólo conocemos el resultado final», aseguró la representante castellano leonesa, para sostener a continuación que «el País Vasco está siendo subvencionado por el resto de España: el Cupo real es muy inferior al que debería pagar».
El letrado de La Rioja también insistió en el carácter de acuerdo político que, a su juicio, tiene el Cupo y defendió que las diputaciones se encuentran con tal cantidad de límites en su actuación normativa -mecanismos de armonización, controles judiciales posteriores…- que dejan al Concierto Económico fuera de la 'fotografía de Azores'.
La Comisión Europea, como estaba previsto, lanzó el ataque más duro, hasta el punto de asegurar que las diputaciones merecen la misma sentencia que Azores. Esto es: la conclusión de que sus rebajas de impuestos son subvenciones públicas y, por tanto, exigen una autorización previa por parte de Bruselas. «La situación del País Vasco no es muy diferente a la de Azores», señaló el letrado español Fernando Castillo de la Torre, que representaba al Ejecutivo comunitario. «¿O es que acaso hay diferencias porque Azores es una región pobre y el País Vasco una en la que la renta está por encima de la media?». En una réplica, el abogado de las instituciones vascas llegó a concluir que en el modelo que persigue la Comisión «no sería posible encontrar regiones con capacidad para regular sus propios impuestos porque, según ustedes, ninguna cumpliría las condiciones exigidas por el tribunal».
El presidente de la Corte llegó a poner en un aprieto al letrado del Gobierno de la UE cuando le pidió que aportase una cifra exacta: la de las transferencias del Estado que permiten sostener la tesis de que, en realidad, Euskadi no aporta, sino que recibe fondos. El letrado tuvo que reconocer que no disponía de ese dato, si bien más tarde la representante de Castilla y León calculó que serían unos 60 millones.
A partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre. El optimismo manifestado por 'atacantes' y 'defensores' refleja la realidad. No hay predicción posible sobre la sentencia que emitirá el tribunal, previsiblemente en torno al verano. En la delegación vasca, sin embargo, existe el temor a que la Corte deje un poco de lado el rigor jurídico y, en vez aplicar con exactitud la 'doctrina Azores' opte en esta ocasión por una sentencia más política para hacer un guiño a la Comisión. Y es que si el fallo es favorable al País Vasco, será un auténtico mazazo para el Ejecutivo europeo no ya porque pierda esta 'batalla', sino porque habrá perdido definitivamente la 'guerra' de la armonización fiscal en el continente.
