Aprobada la ley contra la violencia machista que prevé cubrir el impago de pensiones alimentarias e indemnizar a las víctimas
Maricel Chavarría – Barcelona.- Ni de género ni doméstica. La violencia contra las mujeres que hay que erradicar responde, sin más giros lingüísticos, al apelativo de machista, el concepto que "de forma más general define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres". Así lo define la nueva ley del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista que ayer aprobó por unanimidad el Parlament de Catalunya. El texto prevé, entre otras medidas, indemnizar a las víctimas y cubrir el impago de pensiones alimentarias y compensatorias de las mujeres separadas.
Porque la violencia sexista no sólo puede ser física, psicológica o sexual. También económica. Y privar intencionada e injustificadamente de estos recursos a una mujer se reconoce a partir de ahora en Catalunya como una forma de violencia machista. Dotada con 24 millones de euros para el 2008, según informó la Conselleria d´Acció Social i Ciutadania, la ley prevé constituir un fondo de garantía para cubrir el impago de esas pensiones, mientras será el Govern quien las reclamará al deudor, así como la creación de una red de "atención y recuperación integral" para las víctimas, cuya titularidad y prestación de servicios corresponderá al Govern. Se calcula que cada año se dictan cerca de 12.000 resoluciones judiciales por impago de pensiones que no se efectúan en su totalidad. Esto es, el 30% de los casos.
Esta nueva herramienta legal, que ha de servir también para proteger a las víctimas de la prostitución forzada, estipula que no será necesaria una denuncia judicial previa para que se active el sistema contra la violencia. Con un informe policial, médico o psicológico será suficiente.
El texto define, además, los distintos ámbitos en los que puede tener lugar la violencia machista. En este sentido va más allá que la ley española al no incluir sólo el ámbito de la pareja o familiar, sino también el laboral y el social o comunitario. Es decir, agresiones sexuales, acoso sexual, tráfico o explotación sexual, mutilación genital, matrimonios forzados…
Según informó la consellera de Acció Social, Carme Capdevila, están previstas medidas para facilitar el acceso a la vivienda de las víctimas, garantizar la formación ocupacional y ayudas escolares y extraordinarias, que serán extensibles a los hijos víctimas de violencia machista. Se trata de un compromiso de garantía del tratamiento adecuado y efectivo del derecho de la mujer a no ser discriminada y a vivir con autonomía y libertad, para lo cual se contempla también la prevención y la sensibilización de la sociedad en su conjunto.
La ley, que incluyó casi la mitad de las más de 200 enmiendas de los grupos de la oposición, recibió el apoyo de todos los grupos, si bien el PP catalán alegó no compartir la "ideología de género" de un texto "excesivamente intervencionista". El diputado del grupo mixto Antonio Robles opinó que "no todo machismo es violencia" y lamentó que "se ha ido hacia la ideología feminista más conservadora".
La Vanguardia (17.04.2008)
