Increíble pero cierto: así se pisotean los derechos cívicos de millones de españoles
Parece increíble y habrá quien piense que se trata de una exageración, pero la realidad es que los casi 15 millones de ciudadanos que residen en Cataluña, el País Vasco, Galicia y Baleares no pueden educar a sus hijos en español, la lengua oficial del Estado, que ha sido expulsada de las Administraciones autonómicas y del sistema escolar.
Así lo testimonian los representantes de cuatro plataformas cívicas de esas cuatro comunidades, que han denunciado en el Foro de EL MUNDO la persecución del español en sus lugares de residencia y el acoso que están sufriendo de las autoridades por defender el derecho de sus hijos a recibir enseñanza en su idioma materno.
De las cuatro comunidades, la única en la que se puede estudiar todavía en español es en el País Vasco. Pero el Gobierno que preside Ibarretxe aprobó un decreto en octubre pasado -sin pasar por el Parlamento vasco- que elimina el castellano a partir de septiembre del sistema educativo e instaura un único modelo de enseñanza en vasco.
Los responsables de Educación alegan que no hay demanda en español, lo cual es absolutamente falso porque la inmensa mayoría de los 220.000 habitantes de Vitoria habla exclusivamente en castellano y quiere que se eduque a sus hijos en esta lengua.
Es el mismo pretexto que se utiliza en Cataluña para no aplicar tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que establecen que las autoridades tienen que garantizar el derecho a la escolarización en castellano. La Generalitat se niega a cumplir esta obligación legal con el pretexto de que ello significaría dividir a los niños y no da opción en sus impresos a que los padres puedan elegir.
De la amenaza a la subvención
La situación en Galicia es similar tras la política de inmersión que está impulsando el Gobierno de coalición entre los socialistas y los nacionalistas del BNG. La profesora gallega Gloria Lago da testimonio de que el español ha desaparecido de la enseñanza y de que, incluso, el mero hecho de hablarlo suscita rechazo entre la población adolescente que lo identifica con la extrema derecha.
La paradoja es que, sin embargo, el 80% de los padres gallegos se declara a favor de la libre de elección de lengua para educar a sus hijos, al igual que sucede en Cataluña, Baleares y el País Vasco, donde la gente se muestra partidaria de lo contrario de lo que se está haciendo.
En el caso balear, el Gobierno que preside el socialista Antich, coaligado con nacionalistas radicales como el PSM, está aprovechando el bilingüismo consagrado por el Estatuto de 1983 para imponer el catalán y borrar todos los rastros del español en la vida pública y en las escuelas.
Jorge Campos, presidente de Círculo Balear, denuncia las cantidades masivas de dinero que han recibido las asociaciones nacionalistas que defienden el uso del catalán, convertido también en instrumento de ideologización de los escolares.
El panorama es desolador porque en estas cuatro comunidades lo que hay es una política de inmersión lingüística, diseñada desde sus respectivos Gobiernos, para que el español sea una lengua sin presencia en la vida pública e institucional. El Gobierno de Antich ha llegado a prohibir la señalización bilingüe de las calles y la traducción al castellano de los documentos oficiales. En un reciente folleto editado por el Ejecutivo balear, se dice incluso que el español es una lengua para hablar en casa.
Estamos sencillamente ante un deliberado y planificado intento de utilizar la lengua como instrumento de construcción nacional, dejando de lado los derechos de los ciudadanos que sólo piden que se respete lo que dice la Constitución y lo que pedían los propios nacionalistas cuando, hace 30 años, se lamentaban de la hegemonía del castellano.
Movilización en la calle
Rosa Díez, invitada a nuestro Foro, subrayó la naturaleza política de esta discriminación y abogó por una reforma de la Constitución. En concreto, propuso la modificación del artículo 3, que señala que las lenguas cooficiales deben ser objeto de «especial protección», y la retirada de las competencias de educación a las comunidades.
Carmen Iglesias, presidenta de Unidad Editorial, aseguró que el uso de la lengua por los nacionalistas es «una perversión de la democracia» y una agresión a las libertades. Y afirmó que el problema no se resolverá hasta que los ciudadanos salgan a la calle, como sucedió con las víctimas de ETA.
La cuestión es cómo se puede luchar contra estas políticas, fuertemente subvencionadas por los Gobiernos nacionalistas, que, como resaltó el vasco Pablo Gay-Pobes, obligan al ahorcado a tejer su propia soga.
Gay-Pobes incidió en el dramático problema que van a tener que sufrir decenas de miles de estudiantes castellano-parlantes, a los que se les va a obligar el curso que viene a esa inmersión lingüística en vasco a pesar de que su lengua familiar y habitual es el castellano.
Si el español va a ser pronto erradicado de las aulas en el País Vasco, Cataluña va muy por delante en esta experiencia. La catalana Marita Rodríguez, profesora de física en un instituto, relató la persecución que está padeciendo por dar clases en castellano, algo que ya es muy inusual en Cataluña, donde se vigila para que los niños no hablen español en los recreos.
El testimonio de los representantes de estas plataformas resulta impresionante y debería ser tomado en serio por el Gobierno de Zapatero, que dice preocuparse tanto de las libertades y se le llena la boca con el republicanismo cívico, que hasta ahora ha fingido que el problema no existe y que las denuncias son la expresión de una minoría exaltada. No es así. Estamos, por el contrario, ante una vulneración de derechos y una violación de la Constitución que ya no es posible menospreciar.
En cuatro autonomías españolas se impide estudiar en español
El País Vasco se sumará en septiembre al modelo de inmersión de Cataluña, Galicia y Baleares
Lideran diversas plataformas en el País Vasco, Galicia, Cataluña y Baleares en defensa de la cooficialidad constitucional de las lenguas. En sus comunidades, las leyes y decretos sobre inmersión lingüístico impiden que el castellano se hable en las aulas.
MADRID.- Que unos padres quieran que sus hijos estudien en castellano cuando ésa es la lengua oficial del Estado es una perogrullada. Pero en cuatro comunidades autónomas -Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco- o es imposible encontrar un colegio en el que la enseñanza sea en castellano o es harto improbable.
En las tres primeras, los sistemas de inmersión lingüística se aprobaron hace más de una década y han desterrado el español de las aulas. En el País Vasco, donde el sistema de tres modelos lingüísticos fue elogiado en principio, el reciente decretazo del lehendakari fija ahora unos niveles mínimos de euskara al terminar la Secundaria que ha propiciado que los pocos colegios que mantenían el modelo de enseñanza en castellano lo estén eliminando de sus opciones.
Los cuatro invitados presiden diversos movimientos cívicos que aglutinan a miles de padres: Pablo Gay-Pobes, la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, en el País Vasco; Gloria Lago, Galicía Bilingüe; Marita Rodríguez, la Asociación por la Tolerancia, en Cataluña; y Jorge Campos, el Círculo Balear.
Todos ellos no sólo luchan contra esta realidad en sus respectivas comunidades, sino que hacen frente a la estigmatización política y social que les está acarreando defender un derecho constitucional. Esta semana dieron cuenta de esta lucha imposible en el Foro de Debate de EL MUNDO.
«Aunque parezca mentira, los ciudadanos de a pie hemos tenido que organizarnos para reclamar algo tan elemental como que nuestros hijos puedan estudiar en su lengua materna, siendo esta lengua, además, oficial en todo el Estado. Y reclamamos también que la administración reconozca que el español es lengua oficial». Esta es la reivindicación de Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe.
Insisten en que no están contra el gallego ni contra el catalán ni contra el euskara. Sólo quieren que los poderes públicos respeten la cooficialidad, que dichas lenguas no sean impuestas ni sean causa de exclusión social y laboral, y que permitan a sus hijos estudiar en una de las dos lenguas o en las dos; es decir, que se pueda elegir.
Su lucha, propia de otros tiempos, les ha hecho intervenir en política, aunque, independientes, rechazan la vinculación con cualquier partido. Los que se creen enemigos suyos, los poderes públicos y los partidos nacionalistas, les vinculan al PP para deslegitimar los principios universales y desideologizados de su reivindicación.
Pero, por ejemplo, en Galicia y Baleares, el origen de la actual discriminación se sitúa en leyes hechas por el PP en los años 80. Ahora, en estas dos comunidades, con los socialistas en el poder -apoyados por los nacionalistas en Galicia y por varios partidos minoritarios como ERC y Unió Mallorquina en Baleares-, la situación ha empeorado. En Cataluña, aunque la Generalitat la ocupa el PSE -junto a ERC e ICV-, la inmersión lingüística a partir de los siete años llega heredada de los gobiernos de CiU. En el País Vasco, las normas -las más respetuosas con el castellano en un principio- vienen de Gobiernos nacionalistas.
Los representantes de Baleares, Cataluña y Galicia elogian el sistema vasco de libre elección fijado por la Ley de Escuela Pública en 1993. Pero el representante de Euskadi denuncia que el Gobierno vasco ha aprobado, por decreto, sin pasar por el Parlamento vasco, que la lengua vehicular de la escuela debe ser el euskara, así que las pocas plazas del modelo de enseñanza en castellano que quedaban se han evaporado de cara al curso que viene.
Casimiro García-Abadillo.- Cuando se le pregunta a los políticos, ellos dicen «bueno, el problema es que no hay demanda. Nadie pide que se enseñe en castellano». Entonces, yo quiero que me expliquen ¿dónde está el truco? ¿Cómo es posible que, ante una situación como la que estáis describiendo, que realmente es tremenda, la gente no esté pidiendo que se enseñe en castellano y se permita a los políticos decir que, si no hay demanda, cómo va a haber oferta?
Gloria Lago.- Nosotros, en Galicia, hemos realizado una encuesta en la que el 80% está a favor de que los padres y los alumnos puedan elegir el modelo lingüístico en el que estudian. Sólo un 12% de los gallegos encuestados están de acuerdo con que las señalizaciones estén sólo en gallego. Y el 87% está de acuerdo con que se pueda recibir enseñanza en castellano en toda España.
Pedro J. Ramírez.- En Mallorca, hay una encuesta que dice casi lo mismo…
Jorge Campos.- Los datos son espectaculares porque, además, se hizo sobre un universo de 1.000 llamadas, que es muchísimo para el ámbito de Mallorca. El 82'2% se muestra favorable a la libre elección de la lengua en la educación. Pero el aspecto más significativo es que un 87'5% de los simpatizantes de Unión Mallorquina está a favor de poder elegir; también un 81% de los del PSOE y un 70'6% de los de Izquierda Unida. Entonces, demanda social sí que hay. Por otro lado, los funcionarios públicos también presentan sus quejas. Yo tengo aquí una, presentada por un ciudadano al Defensor del Pueblo hace poco porque le están obligando a redactar todos sus informes exclusivamente en catalán. Entonces, sí hay una realidad social y hay una demanda. El problema es que los políticos eluden estas situaciones y van por otro lado.
Marita Rodríguez.- Nosotros no hemos tenido dinero para hacer una encuesta en serio. Pero sí hemos hecho encuestas telefónicas preguntando que, si hubiera posibilidad de optar por una educación bilingüe, en castellano o en catalán, por cuál se decantaría. Y la mayoría -aunque no tiene rigor científico- se decantaba por el modelo bilingüe; una minoría por el catalán y otra minoría, más pequeña, por el castellano. La demanda existe, seguro, pero la gente no va a violentarse y a enfrentarse con lo establecido.
Pablo Gay-Pobes.- En el País Vasco, es verdad que el Departamento de Educación está argumentando que uno de los motivos por los que no se oferta el modelo A, que es en castellano con una asignatura de Euskara, es precisamente la falta de demanda.
Frente a eso, nosotros hemos contestado básicamente con tres argumentaciones. La primera, que el Gobierno vasco no ha hecho ningún estudio de demanda que lo acredite. La segunda, que la realidad sociolingüística es que el 95% de los ciudadanos de Vitoria, una población de 220.000 habitantes, es castellanohablante. Lógicamente, la demanda potencial es superior a la realidad, que es que sólo hay 200 plazas de enseñanza en castellano en esta ciudad para el curso que viene. Eso no es adecuar la oferta a la demanda, y tampoco a la voluntad de los padres. El tercer argumento es que la carga de la prueba de que no existe demanda debería acreditarla el Gobierno vasco.
Nosotros denunciamos un centro educativo en concreto, que el año pasado tenía cubierta absolutamente la demanda del modelo A (es decir, en castellano) y este año lo ha cerrado y ofrece el modelo B (castellano y euskara). Bueno, pues presentamos al Departamento de Educación, al propio centro, y a la Alta Inspección un acta de manifestaciones notarial, en el que 24 padres de familia pedían poder escolarizar a sus hijos en castellano. ¿Cuál ha sido la respuesta? De la Alta Inspección, nada. Del Gobierno de Educación, nada. Y del centro, un titular de periódico que dice: 'Si un centro está financiado por Educación, debe aceptar sus órdenes también en temas lingüísticos'.
Esa es la realidad. Se trata de la prestación de un servicio público y no se está prestando. Se está interviniendo en un mercado que no es libre. Es decir, si el mercado educativo fuese libre, la oferta educativa sería básicamente en castellano. El problema es que interviene la Administración, vía subvención. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de trasladar esta denuncia a la Comisión Europea, porque entendemos que es un tema de ayudas de Estado. Así de claro. Se está interviniendo lo que sería un mercado libre; y además con nuestro dinero. Estamos ante la imagen del ahorcado al que le hacen tejer su propia soga.
Pedro J. Ramírez. – Decís que vais a llevar la UE el tema de las subvenciones. ¿Hay otras iniciativas de elevar a instancias internacionales la denuncia de lo que está ocurriendo en cada uno de vuestros lugares? Probablemente sea la única vía de conseguir que el Gobierno de Zapatero reaccione…
Gloria Lago.- El problema es que las lenguas a proteger son las lenguas minoritarias. España firmó la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, la ratificó en los mismos términos que el Reino Unido, por ejemplo… Pero, claro, se hacen textos jurídicos para proteger los derechos de los hablantes de lenguas minoritarias porque se supone que el Estado ya garantiza los derechos de los hablantes en lenguas mayoritarias… Pero es que aquí no se da el caso. Aquí es un absurdo.
Pablo Gay-Pobes.- Nosotros hemos planteado la vía de la Comisión Europea para denuncia la intervención en el mercado educativo. Pero, además, sí es cierto que habría que plantear una queja al Parlamento, ante su Comisión de Quejas o ante la de Derechos Humanos. Pero hay que ser cuidadosos; nosotros no queremos presentar un problema entre españoles. Tenemos que conseguir que sea una reivindicación que enarbolen los propios parlamentarios europeos; que vean el problema, se sensibilicen y sean ellos quienes amonesten al Gobierno español.
Pedro J. Ramírez. – ¿Y vais a ir juntos en esta línea?
Jorge Campos.- Tendremos más fuerza yendo todos juntos, planteando el problema que está presente en estas comunidades autónomas y en el conjunto de España. Además, se puede compaginar esta acción -llamémosla europea, o internacional, si se quiere-, con acciones en cada comunidad autónoma. En el caso de Baleares, habría que derogar en el Parlamento el decreto de mínimos del uso del catalán. Y después sería muy favorable que el Estado recuperara la competencia de Educación y formara una base educativa nacional para que todos tengamos la misma calidad y la misma oportunidad educativa.
Pedro J. Ramírez. – ¿Sería ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo?
Marita Rodríguez. – La Comisión de Peticiones ya la exploramos nosotros, en Cataluña, y no hubo nada que hacer. Nos desplazamos allí y no hicieron nada. Se metieron los nacionalistas por medio y dijeron que no era competencia de ellos. Pero hay que seguir insistiendo porque, si uno tira la toalla, iremos a peor. Y a quien denunciamos es al Gobierno español porque es el único que es reconocido en estos organismos. La última vez que mandaron a sus representantes hicieron una defensa del modelo lingüístico catalán increíble. Vamos, que era una maravilla, que la queja venía de personas radicales que desquiciaban el tema…
Pero hay que seguir. Se podrían llevar casos ya desesperados, como el de la logopedia en catalán. Hay niños que son sordos de nacimiento y ni siquiera ahí hacen una excepción. Saben que, si no se les proporciona la logopedia en la lengua familiar, esos niños nunca consiguen verbalizar. Pues les da igual. Tenemos dos casos, de dos hermanos, cuyos padres han pasado un calvario porque a todas las puertas que llamaron les dijeron: «Oigan, pues estamos en Cataluña; si no les gusta, váyanse de la Comunidad».
Gloria Lago. – Pues que no vengan a Galicia porque ayer una madre nos contó el mismo caso.
Jorge Campos. – Al margen de recurrir a instancias europeas, está claro que esto es un problema político. Es un problema, no sólo creado por los políticos que gobiernan, sino un problema puramente político. Y la solución está en que un partido mayoritario se haga eco de lo que la sociedad civil quiera y responda a las encuestas. Los que provocaron el problema pueden solucionarlo derogando una serie de leyes, porque lo que está en juego es la democracia y el futuro de las próximas generaciones.
Arcadi Espada. – Yo discrepo de que sea un problema político. Es un problema intelectual porque en el fondo de la cuestión está nada más que el prestigio que todos hemos dado a las lenguas como signos de identidad. Y eso lo hizo la derecha, en el franquismo, y ahora lo hacen la izquierda y los nacionalismos. Por lo tanto, eso viene de ahí, del error grave de considerar que la lengua es signo de identidad de algo.
Jorge Campos. – Tampoco es así exactamente. Cuando en 1980 se reunieron 800 personas en un congreso de lenguas románicas para hablar del tema de la normalización lingüística en Baleares, 760 se mostraron contrarios a políticas de ese tipo. Y todos eran intelectuales, filólogos, lingüistas, especialistas en lenguas romances… Además, yo digo que es un problema político porque el Gobierno, como principio democrático, tiene que estar de acuerdo con lo que diga la sociedad, no con lo que digan cuatro intelectuales bien subvencionados. Nosotros tenemos los datos de todos aquellos que, después, han tenido cargos muy importantes en el Gobierno balear.
Gloria Lago. – Además, hay un aspecto que no hemos comentado y que a mí me preocupa mucho. Y es cómo se está adoctrinando a los chicos. Ahí tenemos un gran problema en Galicia. Lo hemos comprobado cuando hemos empezado a trabajar con esta asociación. Hemos sido insultados, amenazados… Creo que sí podríamos buscar amparo en Europa porque se está fomentando odio en los chicos. El mensaje machacón de que la lengua española es una lengua invasora, una lengua que usurpa, una lengua que avasalla, crea en los chicos una sensación de que, por hablar castellano, están haciendo cierto daño a su comunidad. Si un niño dice «hablo español», le llaman «facha» y le pintan la mesa.
Recuerdo unas declaraciones del presidente Touriño, que es castellanoparlante normalmente, en las que decía que el gallego viene con nosotros y que forma parte de nuestra identidad. Ese mensaje se repite continuamente en campañas muy bien estudiadas. Hay gente que cree que tiene una identidad diferente y ya habla del RH y del ADN.
Otra cosa que nos preocupa mucho es una guía que ha llegado a los centros de enseñanza de Galicia que, por ejemplo, promueve que la comunicación de un profesor con los padres sea en gallego, aunque ambos sean castellanoparlantes. También establece que los carteles que se pongan deben estar escritos en gallego. Y crea la figura del voluntario de activación lingüística, el VAL, que es una especie de pequeño comisario, que va por ahí vigilando…
Casimiro García-Abadillo.- Pero eso es una brigada de inspección infantil.
Carmen Iglesias.- Es el modelo nazi…
Gloria Lago.- Al menos en mi instituto no está funcionando. Todavía no conocemos ningún caso. Se trata de una guía que llegó este año y que se está analizando…
Carmen Iglesias. – Escuchándoles, y aparte, por supuesto, de recurrir a las instancias europeas, que son fundamentales, yo me pregunto cómo podría movilizarse la sociedad civil, porque los políticos no se van a movilizar de ninguna manera.
Jorge Campos. – La situación es grave. Pero hay esperanza. Las plataformas ciudadanas más importantes que defendemos las libertades estamos más unidas que nunca y, además, planteamos soluciones. Ahora tenemos más de 2.000 socios y simpatizantes en Baleares, que están preocupados por la lengua. Y ahora, por primera vez, tenemos un político que parece que está recogiendo esta preocupación social.
Gloria Lago. – En Galicia, lo vamos a conseguir porque el debate es enorme. No hay un día en que no haya cuatro o cinco artículos de opinión por periódico sobre el tema.
Pedro J. Ramírez. – Ustedes están contribuyendo decisivamente a que la cuestión esté en el centro de la agenda del debate nacional. Además, hay que tener en cuenta que es una causa transideológica, que nadie puede amortizar como un planteamiento conservador o del ala dura de nada.
Jorge Campos. – Lo curioso es que los que defendemos las libertades y vamos con la Constitución por delante somos los radicales, fachas, fascistas horrorosos, y los que quieren cargarse la Constitución y esas libertades son los moderados.
Arcadi Espada. – Volviendo sobre la cuestión de la demanda, a mí me parece que el sistema educativo es una pieza más de un enorme sistema lingüísticamente muy intenso. Es perfectamente normal que la gente no pida el castellano porque sabe que, para trabajar de albañil o de lo que sea, va a ser necesario el uso del catalán. La falta de demanda prueba la inteligencia popular porque no la gente no va a querer para sus hijos un mundo muy diferente del que van a encontrar cuando sean mayores.
Carmen Iglesias. – Pero habrá que ampliar un poco esa inteligencia popular porque, en el futuro, a pesar de la imposición actual, el catalán o el gallego no va a tener sentido al lado de 400 millones de hispanohablantes.
Gloria Lago. – Probablemente al final no consigan lo que quieren. Pero nos habrán estropeado a los niños; y la generación de mi hijo y las próximas serán unas víctimas de este experimento…
Arcadi Espada. – Por otro lado, quería plantearle a Marita que en Cataluña hay una poderosísima burguesía inmigrante, que llegó del resto de España y que lleva a sus hijos a estudiar fuera de Cataluña o les paga profesores particulares para aprender castellano. Podrían haber creado una red de colegios en los que estudiar en castellano, pero no han sido capaces y tampoco creo que hubieran podido conseguir financiación.
Marita Rodríguez. – A mí me sorprende muchísimo que, con la sociedad que tenemos, tan repartida lingüísticamente, y con un poderoso sector económico que es castellanoparlante, no se haya movilizado toda esta gente para crear una red alternativa o de apoyo, buscando incluso convenios con otros países, ahora que hay tanta inmigración sudamericana y centroamericana. Y, sobre todo, no puedo entender por qué esa mayoría de buena gente mira para otro lado siempre y no apuesta por un modelo bilingüe. Porque no estamos reclamando o catalán o castellano, no. Queremos el modelo bilingüe que ya existía antes de los decretos de inmersión. Entonces sí había mucha demanda de enseñanza en castellano: eso fue lo que les alarmó. Ahí empezaron los decretos de inmersión, ahí empezó la imposición porque, con libertad, no podían implantar el modelo lingüístico. Ese pensamiento nacionalista sí lo entiendo: a través de la lengua quieren crear nación y, a través de la nación, Estado. Y es un caminito que están recorriendo. Pero no entiendo por qué los que no dirigen ese cotarro no se rebelan o no se han rebelado en algún momento.
Pedro J. Ramírez. – Este es un fenómeno que se está desarrollando de manera silenciosa. En la educación, todos los días, de manera muy suave y aparentemente venial, se va produciendo la metamorfosis. Es esencial centrar esta cuestión en el ámbito de los derechos humanos; impedir que haya un Gobierno que pueda hablar de republicanismo cívico y de derechos humanos sin que se le recuerde constantemente que muchas más personas que las que se benefician de sus supuestos avances en otros ámbitos -que nos parecen muy bien- se ven perjudicadas por la discriminación lingüística.
Marita Rodríguez. – Yo no entiendo cómo una ministra de Educación puede tener la desvergüenza de echarle flores al modelo andorrano porque, a pesar de que tienen como lengua oficial el catalán, tienen la opción de estudiar también en castellano y en francés. Pero ¿por qué no puede pasar eso en Cataluña o en Galicia?
Pablo Gay-Pobes. – Si yo fuese directivo de una empresa estaría encantado de que mi producto fueran 400 millones de hablantes frente a 200.000 que hablen euskara. Sobre el ejemplo del albañil que puso Arcadi Espada, en el País Vasco el hormigón armado no tiene una traducción en euskara y, cuando vas a pedir la masa de hormigón, la tienes que pedir en castellano. Es un timo.
Pedro J. Ramírez. – Se está sacrificando a varias generaciones de ciudadanos en el altar de ese timo. Es una enorme superchería. Antes o después el tinglado se desmoronará. Lo más tremendo es que los partidos nacionales, y muy especialmente el Partido Socialista desde que Zapatero está en el poder, estén siendo cómplices de esta deriva, de esta falsificación.
Pedro García Cuartango.- En las cuatro comunidades en que vosotros vivís hay tres gobiernos de coalición entre el PSOE y partidos nacionalistas. ¿Hasta qué punto en estas comunidades el PSOE puede abandonar este discurso, digamos nacionalista, y empezar a defender que la gente tenga derecho a educar a sus hijos en su propio idioma? ¿Creéis que es posible ese cambio?
Gloria Lago.- Ellos se preguntan hasta qué punto puede pesar en las elecciones. En las pasadas elecciones, el PP se acercó a nosotros y adoptó nuestro mensaje, pero se dio cuenta de que no les había funcionado. Yo no sé qué valoración hará el PSOE. Pero noto que están intentando acercarse a nosotros y sé que hay mucho socialista de renombre creando debate sobre el tema
Jorge Campos.- El Partido Socialista de Baleares es muy parecido al de Cataluña, está completamente impregnado de un mensaje nacionalista. Pero el presidente Antich no ha tenido que aprobar ninguna ley ni ningún decreto de inmersión lingüística porque se lo ha encontrado todo hecho por el PP.
Pablo Gay-Pobes.- La situación en el País Vasco es un poco diferente. Se detecta la posible existencia de un pacto previo a las elecciones entre el Partido Socialista y el PNV. Por eso tengo muy poca esperanza. Inicialmente, nosotros apreciamos una cierta sensibilidad en los socialistas con quienes hablamos. Pero, en las últimas conversaciones, vemos que han cambiado su planteamiento.
Elena Santolaya. – Querría pedirles que me hicieran dos radiografías. En una, que aparezcan las situaciones a las que, quizá, tengan que hacer frente esos estudiantes de los que hablamos cuando crezcan y quieran estudiar fuera de su comunidad… En otra, la situación que puede encontrarse, por ejemplo, una enfermera que quiere ir a vivir y trabajar al País Vasco.
Jorge Campos. – En Baleares, el niño ya no es tan niño porque empezamos hace 20 años con la inmersión lingüística y la normalización lingüística. Nosotros sabemos, por muchos padres de esos ya alumnos universitarios que están fuera, que, por lo general, pierden el primer curso, o el segundo, más que nada porque no dominan la escritura y las faltas de ortografía son escandalosas. Lógicamente no saben escribir y tienen también un problema en los exámenes orales, ya que, desde que tenían seis o siete años, están siendo exclusivamente enseñados en catalán. Sobre ir a trabajar a Baleares, curiosamente nadie, salvo de Cataluña, podría ir allí a trabajar en la Administración pública porque se necesita un nivel C o D de catalán, como de filólogo, lingüista o poeta… Y eso es lo que se prima sobre la capacitación que esa persona pueda tener. Y en la universidad pasa lo mismo. Estamos perdiendo grandes catedráticos, nacionales y europeos, que querrían trabajar en Baleares, porque tienen que demostrar, ante todo, un nivel de catalán importante.
Gloria Lago.- En Galicia sucederá lo mismo. Es decir, el nivel de castellano será paupérrimo. Los chicos que quieran estudiar fuera de Galicia van a tener muchos problemas, los profesionales que quieran ejercer su labor fuera también. Sabemos que en algunas empresas de Madrid ya se está empezando a cuestionar la entrada de profesionales procedentes de Galicia, porque, aunque son buenos, tal vez, a la hora de redactar textos o informes, tendrán sus problemas. También hay trabajadores que no quieren venir aquí por la educación de sus hijos.
Marita Rodríguez.- Hay centros hospitalarios que no van a aceptar un buen profesional porque no tiene el perfil lingüístico, y eso también se proyecta en una disminución de la calidad del servicio. Pero, sobre las posibles dificultades en el mundo laboral cuando salen fuera, a menos que se vayan a otra comunidad bilingüe -de Cataluña a Galicia o al País Vasco, por ejemplo-, no creo que hubiera mucho problema porque, cuando una persona necesita desarrollar o desempeñar un trabajo, hace esfuerzos por adecuarse. Quien supongo que sí tendría problemas sería un vasco, en caso de los colegios de allí lleguen a implantar el euskara al 100%.
Pablo Gay-Pobes.- En el País Vasco, y como futurible más o menos cercano, la radiografía que hacemos es la de una sociedad de paletos y de ignorantes. Eso sí, serán euskaldunes todos. Euskaldunes que no podrán trabajar fuera del País Vasco, y que tampoco van a poder hacerlo dentro de la función pública del País Vasco porque todos los puestos estarán ya copados. Es decir, el funcionariado tiene un límite. Respecto a la enfermera que viene a trabajar al País Vasco, pues, en el mejor de los casos, tendrá venir sin traerse a la familia. Esa es la realidad.
Marita Rodríguez.- La cooficialidad exige que el ciudadano pueda requerir de la administración el servicio de la lengua en su elección. Por tanto, en educación, el sistema vasco de tres modelos sería lo mejor. Aunque en Cataluña digan que no se debe separar a los niños por lengua, la Unesco respalda que se puedan crear grupos distintos.
Jorge Campos.- Desgraciadamente, la cooficialidad es la que no se lleva a cabo. Ojalá pudiéramos tener tres modelos educativos, o cuatro, incluyendo una lengua extranjera, y que los padres pudieran elegir libremente entre esos modelos. Sería lo ideal, y también se acabarían los problemas de fracaso escolar.
CARMEN IGLESIAS
«No es un problema legal, es una perversión de la democracia»
«Una vez le pregunté a uno de los constituyentes: '¿Cómo hemos llegado a esta situación y cómo lo permitisteis?' Y dijo: 'Bueno, pues estábamos preocupados por las Fuerzas Armadas, por Interior, algo de Justicia…; y, bueno, Educación se lo dejamos a los más radicales para que se quedaran callados'».
Quien expuso así uno de los posibles orígenes del problema es la presidenta de Unidad Editorial, Carmen Iglesias, que se mostró pesimista sobre la posibilidad de ganar «la batalla de la educación en democracia». «No sólo es un problema legal, sino democrático; una perversión de la democracia y una gran falta de libertades», consideró.
Miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua, Carmen Iglesias se mostró preocupada por el aislamiento, el silencio y la soledad a la que se ven condenados los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano, pero no se ven capaces de emprender esa lucha por infructuosa y por temor al aislamiento de los niños y a la falta de oportunidades laborales en su tierra.
«Me da la impresión de que, mutatis mutandi, estamos igual que como estábamos con las víctimas de ETA antes del espíritu de Ermua, que los políticos no empezaron a movilizarse hasta que la gente normal salió a manifestarse, el problema saltó a la calle y ya, por lo menos, no hay que enterrar a escondidas a los asesinados», describió.
«Me pregunto cómo se podría movilizar a la sociedad civil. Es que, si no, los políticos no nos harán caso nunca», señaló. «Efectivamente -añadió-, los dos grandes partidos han tenido mayorías absolutas y no se han preocupado de estas cuestiones». Se planteó entonces qué gente con autoridad intelectual, «gente de las universidades», podría implicarse en esta lucha. «Pero me da la impresión de que la gente que, en otros tiempos, era crítica está totalmente fascinada por ese poder totalitario y tienen una responsabilidad grave en la extensión de ese totalitarismo», afirmó.
Arcadi Espada, presente en el Foro, también se preguntó por qué no ha habido en Cataluña una burguesía como aquella que durante el franquismo hizo colegios para que sus hijos pudieran estudiar catalán. «Está toda esa gente que se le llena la boca con requisitorios contra el idioma, pero que, a la hora de intervenir directamente en la creación de alternativas, se muestra pasiva. No han sido capaces de crear una red de colegios que pudieran haber llamado, qué se yo, Instituto Nacional Uruguayo o algo así».
«Son grupos -respondió Carmen Iglesias- que temen bastante la competencia abierta y están refugiados en esos clientelismos; dependen de los políticos y de sus concesiones».
«Yo ya he dicho en varias ocasiones que el clientelismo nacionalista es el caciquismo del siglo XXI», añadió.
Iglesias y Espada también intercambiaron pareceres sobre una de las cuestiones candentes del debate: por qué no se escuchan denuncias públicas en masa contra la falta de libertad de elección. Para el colaborador de EL MUNDO, eso es una muestra de «inteligencia popular»: «La gente no va a querer para sus hijos algo muy diferente del mundo en que se van a encontrar cuando los niños sean mayores y quieren asegurarse de que el muchacho trabajará».
A lo que la académica respondió que «habría que ampliar un poco esa inteligencia popular porque en el futuro, a pesar de la imposición actual, el catalán o el gallego no va a tener sentido al lado de 400 millones de hispanohablantes».
ROSA DIEZ (UPyD)
«La Constitución no debería proteger las lenguas»
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, acudió al foro de EL MUNDO para escuchar, de viva voz, las quejas de los padres que no pueden elegir la lengua en la que sus hijos son educados en sus respectivas comunidades.
La presidenta de UPyD se alegró de ver a los cuatro representantes regionales dispuestos a una acción conjunta porque, afirmó, «no enfocaremos bien el problema si sólo lo orientamos desde la perspectiva de cuatro asociaciones o cuatro movimientos cívicos».
«Lo que estáis planteando -observó- es una reivindicación política, de política con mayúsculas porque estáis haciendo una llamada contra la discriminación».
«Ya sé que en España enseguida se confunde lo político con lo partidario, pero yo creo que no deberíais renunciar a vuestro carácter político y que deberíais incluso reivindicarlo», insistió.
Recordó, entonces, los inicios de Basta Ya! como plataforma cívica que se vio abocada a abordar cuestiones políticas que eludían quienes debían abordarlas.
La aportación de Rosa Díez fue clave para enfocar el problema políticamente, llamar a las cosas por su nombre, separar el grano de la paja y poner sobre la mesa maneras de resolver el problema.
«No nos enfrentamos a una situación de persecución de las lenguas; es una persecución de las personas que se empeñan en tener libertad para poder estudiar o para poder trabajar en la lengua que quieran en una comunidad autónoma que es bilingüe», afirmó.
«Hay un problema que requiere una profunda revisión, incluso de la Constitución», dijo, y recordó el artículo 3 de la Carta Magna. Los invitados se habían referido a él como la garantía constitucional del «deber de conocer la lengua española y el derecho a usarla», además de reconocer la cooficialidad de las lenguas en sus respectivas comunidades. Pero la diputada recordó que el artículo 3 también garantiza la «protección» de lo que denomina «distintas modalidades lingüísticas de España» como «patrimonio cultural» que son del conjunto del país.
Esa «protección especial -señaló Díez- es lo que ha hecho que se pierdan todas las reivindicaciones contra la discriminación». Y fue tajante: «Eso hay que quitarlo. Porque, si hay cooficialidad y hay que defenderla, eso significa bilingüismo en el sistema educativo». «Puesto que la Constitución garantiza cooficialidad y bilingüismo, no debe haber ningún artículo que hable de la protección especial porque no hay que proteger nada; y menos a las lenguas, que no tienen derechos. Habrá que proteger a las personas, cuyos derechos son vulnerados».
«En el debate parlamentario, en el debate político, en el debate mediático hay que dejar de hablar de lenguas perseguidas y hay que hablar de la discriminación de las personas que quieren ser libres para elegir la lengua en la que educan a sus hijos», añadió.
Aparte de «estar dispuestos a hablar del artículo 3», Rosa Díez señaló que la solución pasa por «recuperar la competencia de educación por parte del Estado», algo que ya llevaba en su programa electoral. «Si no, no lo veo», dijo convencida.
Matizó, eso sí, que la centralización de la enseñanza de la que habla no pasaría por la ejecución de las leyes, que mantendrían las CCAA, sino por la legislación, «la garantía de que se llegue al mismo nivel en toda España al margen de la lengua en que se estudie».
Rosa volvió a ser tajante: «La cuestión no es si es fácil o difícil, sino si es necesario».
PABLO GAY-POBES / LIBERTAD DE ELECCION LINGÜISTICA
«Se nos priva de lo legalmente fijado»
En el País Vasco, la ley sobre educación votada en su Parlamento hace 15 años fija tres modelos entre los cuales pueden elegir los padres: el A, íntegramente en castellano, salvo la asignatura de euskara; el B, con la mitad de horas lectivas en castellano y la otra mitad en euskara; y el D (no hay C en la lengua vasca), íntegramente en euskara, salvo la asignatura en castellano.
Pero el Gobierno vasco ha convertido en papel mojado la ley con la aprobación -en contra de la recomendación de sus propios informes jurídicos- de un decreto (en octubre de 2007) que «establece dos novedades», ilustra Gay-Pobes: «Una, que la lengua vehicular de la enseñanza es el euskara; y dos, que los alumnos deben tener un nivel B-2 en euskara (el anterior al que deben tener los profesores de dicha lengua) al terminar la ESO».
El Gobierno vasco les ha dicho a esta plataforma de padres que el decreto, aunque está en vigor desde noviembre, no se está aplicando. Sin embargo, el día que Pablo debatía en EL MUNDO, su hija estaba haciendo un examen de euskara, en virtud de dicho decreto, según decía la carta que llegó a la familia.
Por un lado, «se nos priva del sistema legalmente establecido».Pero, además, está en juego la educación de los niños: «El 95% desconoce absolutamente el idioma en el que le van a impartir los conocimientos», denuncia.
MARITA RODRIGUEZ / ASOCIACION POR LA TOLERANCIA
«Está prohibido dar clase en castellano»
«Nosotros lo tenemos un poco peor en Cataluña», afirma esta profesora catalana.
«Hace mucho, a principios de los 90, que ya empezamos con estos decretos de inmersión», explica. Después, vino la ley política lingüística del 98, «que realmente supuso la exclusión absoluta, prácticamente del castellano». Sólo hasta los siete años los niños pueden pedir clases en castellano.
«Se salva un poco con lo de que las clases se harán normalmente en catalán», dice, pero ese normalmente se interpreta como imperativo legal.
«El otro día, un inspector que me vio dar clase en castellano me dijo: '¿Cómo es que das las clases en castellano? ¡Está prohibido!'».Cuando le citó lo que dice la ley, el funcionario le contestó: «Esa excepción, cuando se sale uno del normalmente, hay que justificarlo por escrito y tiene que tener el respaldo de todo el claustro».
«Creemos que están violando un derecho constitucional claramente», afirma Marita. «Se puede estudiar en inglés, en alemán, en japonés, en italiano , pero no hay ni un solo centro donde se pueda estudiar en castellano, quizá para unos pocos locos desviados que quieren que sus hijos aprendan en castellano», ironiza. Es «absurdo», dice, que «en París, Londres y Nueva York, puedas estudiar en español, y en Cataluña, no».
«Hay una intención clara de exclusión», concluye.
JORGE CAMPOS / CIRCULO BALEAR
«Tenemos un 40% de fracaso escolar»
«En Baleares parece que no pasa nada; es como un mundo feliz, pero hay un verdadero problema de libertades. Tenemos un sistema legal educativo claramente totalitario, en el que no se puede estudiar en la lengua oficial del Estado, el idioma común de todos los españoles», explica Jorge Campos.
Pero en Baleares no ha sido obra de los nacionalistas -una minoría- ni de los socialistas -actualmente en el Gobierno-, sino de los sucesivos gobiernos del PP.
«El origen lo tiene el Estatuto de Autonomía de 1983, donde ya se indica que hay una primacía absoluta del catalán sobre el castellano», explica. Y ahí, en la denominación de la lengua como catalán es donde comienzan los problemas, según este defensor del bilingüismo. «Nosotros nunca habíamos llamado catalán a lo que hablábamos. Siempre habíamos dicho que era mallorquín, menorquín e ibicenco. Ahora, además, han convertido la lengua en una cuestión cultural y política», opina.
El presidente del Círculo Balear, con 2.000 simpatizantes tras él, asegura que se trata de un problema político y de una falta de democracia, y que sólo se resolverá cuando un partido grande se atreva a ser consciente del problema.
También sostiene que la inmersión lingüística es la responsable del 40% de fracaso y abandono escolar que hay en Baleares.
GLORIA LAGO / GALICIA BILINGÜE
«Se adoctrina contra el español a los niños»
Gloria sufre en su propio instituto, de sus propios alumnos, la estigmatización por liderar una plataforma que reivindica la enseñanza en las dos lenguas oficiales de su comunidad.
«Vamos a pasos agigantados copiando el modelo catalán y se está adoctrinando a los chicos con el mensaje de que el español es una lengua invasora. Yo tengo que soportar de todo en mi instituto, pero es que al niño que habla en español le llaman facha y le pintan la mesa», cuenta.
El origen legal de la eliminación del castellano en la Administración y en la Educación está en la ley de normalización lingüística de 1983, cuando el PP gobernaba la Xunta. Aquella norma quería «devolver el prestigio a la lengua gallega». «Pero el término promover o fomentar lo han utilizado como una imposición». En los colegios gallegos, las asignaturas troncales, salvo lengua española, se dan en gallego y el resto -«las marías»- en castellano.«Pero en algunos ni se cumplen esos mínimos», asegura.
«Cualquier persona de fuera que llegue a nuestra tierra se sentirá un extranjero porque no va a ver nada en español en ningún organismo oficial; ha desaparecido en todas las comunicaciones con el ciudadano».«Además, se utiliza el gallego normativo, no el gallego habitual, y mucha gente no lo entiende».
«Hay muchos intereses económicos, que es parte del problema», critica.
El Mundo (18.05.2008)
