El año pasado la Generalitat se gastó 157 millones de euros en política lingüística. La cifra es enorme. Sólo un dato: con una cuarta parte de esto se podría financiar la prestación económica prevista en la ley de la Dependencia para todos los grandes dependientes catalanes, en su inmensa mayoría ancianos e inválidos, para los cuales el Govern catalán ahora anuncia que no tiene financiación. En fin, una vez más se constata que tenemos un gobierno cuya auténtica prioridad es la nacionalista por encima de las políticas sociales.
Ojalá se destinara a educación, sanidad y bienestar toda esa millonada que se gastan cada año en inspectores lingüísticos y subvenciones a organizaciones de amigos y conocidos.
Antoni Peiró (Lleida)
La Vanguardia-Cartas al director (6.11.2008)
