El debate sobre el modelo urbanístico
TERCER INFORME DE LA UE PP y PSOE trataron de frenar los pasajes más dañinos para la imagen de España
CRÍTICAS A UN MODELO Acusa a todas las administraciones de alentar el urbanismo especulativo
Beatríz Navarro – Bruselas.- No pocos europeos ven España como un páramo recubierto de cemento al margen de la ley. Quedó claro en la irreverente obra de arte que la presidencia checa de la UE ha colgado en la sede del Consejo, en Bruselas, y ayer, una vez más, en el Parlamento Europeo, donde la comisión de Peticiones reclamó suspender los fondos estructurales a España si no da respuesta a los abusos urbanísticos.
Lejos de aprobar las enmiendas presentadas por los eurodiputados del PP y el PSOE para suavizar el texto – "da una imagen de república bananera", según el popular José Manuel García Margallo-,los diputados de la comisión de Peticiones incluso endurecieron las conclusiones de su colega danesa Margrete Auken (Los Verdes). Su informe responsabiliza a "todos los niveles administrativos" de fomentar un modelo de "desarrollo insostenible" de gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas, que fomenta además la especulación. El texto hace referencia a miles de viviendas de Marbella y que "probablemente" violan las normas de la UE, además de a las construcciones en zonas protegidas de la red Natura 2000 en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.
El Gobierno recordó que el comité de Peticiones opina pero no toma decisiones respecto a la suspensión de fondos europeos. PP y PSOE sólo coincidieron en su objetivo de suavizar los pasajes más duros del texto y eliminar las denuncias que, consideran, no se ajustan a la realidad, como la supuesta desprotección de los propietarios. Fracasado el intento, se acusaron mutuamente de ser responsables del demoledor informe.
"Si el Gobierno del señor Camps hubiese hecho las cosas de forma adecuada, no estaríamos con esta mala imagen", resaltó la eurodiputada socialista Maruja Sornosa, en referencia a las reiteradas peticiones del Parlamento Europeo a la Generalitat valenciana para que ajuste su ley Urbanística a la UE, norma denunciada por la Comisión Europea en la Corte de Justicia.
García Margallo contraatacó criticando al Gobierno por no haber intervenido para "defender el buen nombre de su país" de un informe que da una imagen falsa y dañina para los intereses españoles. Willy Meyer (IU), en cambio, aplaudió el "tirón de orejas". El pleno del Parlamento Europeo votará el nuevo texto el 26 de marzo. Socialistas y populares presentarán una resolución alternativa.
ñaki Ellakuría – Barcelona.- Contratos verbales de adjudicación de obras y sin la supervisión de la persona responsable; ausencia de un manual de actuación; listado poco fiable de contrataciones; desvíos de costes del 15,5% al alza en rehabilitaciones… Fueron prácticas habituales de la empresa pública Adigsa en los años 2003 y 2004, cuando estuvo, primero, bajo el mandato del conseller de Política Territorial i Obres Publiques Felip Puig (CiU), y, después, del conseller de Medi Ambient i Habitatge Salvador Milà (ICV). Así lo apunta el informe, de 119 páginas, que la Sindicatura de Comptes de Catalunya entregó ayer al Parlament.
El Síndic señala que las principales irregularidades se produjeron en el campo de las contrataciones, compras de obras y rehabilitaciones. El informe recoge que durante los años 2003 y 2004 se realizaron "contrataciones de forma verbal, sin que el departamento de contratación tuviera conocimiento de ello y sin la autorización previa del responsable". Normalmente, dicho departamento tenía conocimiento de las modificaciones del coste y del plazo de los contratos, a posteriori, una vez la obra ya había finalizado.
Otra de las críticas que vierte la Sindicatura sobre las prácticas de la empresa pública es que, en durante esos años, no contaba con un listado de contratación integrado al sistema informático, lo que facilitaba el descontrol.
Durante el ejercicio 2003, con Puig como conseller, Adigsa adquirió 121 viviendas en el mercado secundario y realizó obras de rehabilitación de 44 inmuebles. La Sindicatura ha detectado que en 37 de las "obras acabadas" se produjo una desviación económica superior a la adjudicación, e incluso en algunos casos superó el 20% del importe de la adjudicación.
En el ejercicio 2004, con Milà como conseller, se repitieron estas prácticas. Adigsa licitó y adjudicó 49 obras, de las cuales al menos en cinco de ellas se produjo una desviación económica que supera el 20%.
La sindicatura de Comptes advierte también que en algunas ocasiones, dependiendo de la "simplicidad del objeto de contrato y de su importe", la adjudicación se formalizaba "sin la firma del contrato".
Las principales empresas adjudicatarias fueron Teyco, SL; Carsa; Comapa, SA; Blue Merlin, SL; Agbar Mantenimiento, SA. El análisis de la Sindicatura destaca como elemento negativo que hubo "una significativa concentración de adjudicatarios" en los contratos de obras incluidos en los planes directores y se advierte que cinco empresas se hicieron con el 62,3% de las obras en el 2003 y 31,52% en el 2004.
En los dos años fiscalizados, la empresa pública Adigsa cerró sus cuentas con pérdidas de 12 millones en el 2003, yde 23,7 millones en el 2004 por la cesión de 2.448 viviendas y locales de promoción pública. Asimismo, recomienda que se cuenten como inversiones, que se clarifique de manera legal la relación con el Incasòl y que se firme un protocolo con la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge para aliviar "la incertidumbre actual a la que se encuentra sometida".
