Desde la perspectiva financiera del sector público, Navarra, como el País Vasco, son casos singulares cuya especificidad se encuentra determinada por la existencia del Convenio Económico con el Estado. Este régimen foral —que en el País Vasco se denomina Concierto— aparta a estas Comunidades Autónomas del sistema de financiación regional establecido para las demás y propicia que, en ellas, la disponibilidad de recursos en manos del gobierno regional exceda sobradamente al promedio nacional. La excepcionalidad foral, que en la práctica se traduce en la fijación, bajo reglas negociadas en función de intereses políticos espurios, de una aportación o cupo con la que los territorios forales contribuyen a los gastos del Estado, entra así en abierta contradicción con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad «que deben prevalecer sobre los nebulosos derechos históricos» a los que se apela para justificarla, y genera una situación de privilegio de la que es exponente el hecho de su inviable generalización a las demás regiones, pues, como ha destacado Cantarero (2007), si todas las Comunidades Autónomas adoptasen el sistema de cupo y su cálculo se efectuara del mismo modo en que lo hacen Navarra y el País Vasco, «la hacienda central quebraría al no poder hacer frente a sus necesidades de gasto».
