La ONU confirma el asesinato por el ejército de 1.800 jóvenes colombianos

Los militares los mataban para hacerlos pasar por guerrilleros y ganar puntos

Aunque a nadie sorprendió, el informe del relator de la ONU, Philip Alston, sobre el asesinato de cerca de 2.000 jóvenes colombianos por militares ha sacudido a los estamentos oficiales, al ciudadano de a pie y a los medios informativos. Nunca un organismo tan creíble había denunciado un número tan abrumador de crímenes de Estado en Colombia.

La muerte de estos jóvenes ha indignado aún más porque sus asesinos pretendían hacerlos pasar por guerrilleros. Reclutadores pagados por el ejército los llevaban engañados a zonas con presencia insurgente y, una vez informaban de su ubicación, los militares los mataban. Equipaban los cadáveres con uniformes y armas de los rebeldes para simular una muerte en combate. Con tan macabro sistema, los oficiales demostraban cumplir la política de Seguridad Democrática que impulsa el presidente Uribe. El fin de los asesinatos era lograr ascensos en la carrera militar, recompensas o un simple permiso.

En jerga castrense, las bajas de guerrilleros se llaman positivos,y es baremo de eficacia bélica. Se pretendió encubrir con el eufemismo de falsos positivos a estos muertos. El relator Alston criticó el uso de esta expresión porque «brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio». También reveló que familiares de las víctimas sufrían un «hostigamiento sistemático de los militares, que incluía amenazas de muerte». Denunció la muerte de un muchacho que pretendía esclarecer el asesinato de un hermano a quien el ejército calificó de guerrillero.

El representante de la ONU dijo no haber encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como una política oficial del Gobierno o con el conocimiento del presidente Uribe o sus ministros de Defensa. Sin embargo, afirmó que los asesinatos de civiles por parte del ejército fueron incentivados por la política de recompensas del Gobierno a los militares, en su afán de eliminar a la guerrilla.

Alston precisa que estos asesinatos no son responsabilidad de un puñado de manzanas podridas de las Fuerzas Militares, como sostiene el Gobierno. Argumenta que es insostenible que las matanzas fueran ejecutadas por unos pocos militares. El relator asegura que la alta cifra de asesinatos, su ejecución en zonas geográficas a lo largo de Colombia y el gran número de unidades militares implicadas, indica que los homicidios «fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de miembros del ejército». En otras palabras, hay algo en la estructura de las Fuerzas Armadas colombianas que posibilita esos crímenes.

Hasta ahora, los organismos de derechos humanos han recogido unas 1.800 denuncias formales por el asesinato de jóvenes – 51 eran menores de edad-presuntamente a manos de los militares. Todavía hay más de 1.500 casos (de ejecuciones) sin denunciar. La fiscalía investiga a más de 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en los homicidios; al ejército se le atribuye el 72% de las muertes. De momento, hay 547 militares detenidos por ejecuciones extrajudiciales; 60 oficiales y cinco agentes de la policía política DAS ya han sido condenados. Entre los que están en la cárcel se cuentan coroneles y jefes de guarnición.

La Vanguardia (24.06.2009)