Autonomía y Autonomías

En el proceso constituyente de nuestra democracia se polarizó la atención pública en la descentralización del Estado centralista, que se consideraba como una de las señas de identidad del Régimen franquista. Franquismo y centralismo español, o franquismo y españolismo centralista,  venían a ser lo mismo. La configuración del Estado autonómico y el nuevo Régimen local  se presentaron como las claves de la alternativa democrática a la Dictadura franquista. Pasó bastante más desapercibida la principal víctima del franquismo, que fue la negación persistente y la represión indiscriminada de cualquier condición política o categoría jurídica de ciudadanía democrática. Se habló más de las autonomías políticas y administrativas que de la autonomía de las personas como ciudadanos.

Con una mentalidad semejante, el ciudadano como único sujeto de derechos aparece postergado en la vida política. Cuando se habla de política, ideologías, sociedad y cultura, incluso en el ámbito local y más próximo a la vida cotidiana de los ciudadanos,  aparece siempre como principal sujeto político el mundo de los partidos y de las siglas políticas, que si la izquierda o la derecha…

Todo ello se explica, quizá, porque, cuando se habla de la Constitución en la que desembocó nuestro particular proceso constituyente y que fundamenta el actual sistema democrático, se olvida con frecuencia que en ese proceso constituyente y en la Constitución resultante el principal y único sujeto de soberanía política es el ciudadano y que todo lo demás (partidos políticos, elecciones, representación política, autonomías, gobierno y gestión de los recursos públicos, etc.) viene por añadidura y emana de ese único sujeto soberano y autónomo.

Esta extensa introducción viene muy a cuento de la reivindicación de una mirada crítica sobre cuanto ocurre en la vida local (me refiero a la vida local española en general y a la andaluza muy en particular; no me refiero ahora a  nuestro pueblo). Es cierto que la sociedad civil democrática, en España en general y en Andalucía todavía más, es débil y precaria. Por sociedad civil democrática se suele entender y entiendo la articulación asociativa de los ciudadanos en una red de foros, plataformas, asociaciones y actuaciones que garantizan su participación autónoma e independiente en la vida pública, no necesariamente política o dependiente de las organizaciones políticas. La sociedad civil democrática es un como un escudo que protege y defiende los derechos y libertades ciudadanas tanto de las instancias abusivas del poder político como de las corporaciones privadas. Es el principal rasgo diferencial entre lo público, lo político y lo privado, que otorga, además, una prioridad clara a lo primero.

Decía que uno de los puntos débiles de la democracia en España es la debilidad de su sociedad civil democrática; esa precariedad es aún más chocante si se compara, por ejemplo, con la pujante sociedad civil de los nacionalistas y la partitocrática, que es realmente prolífica, aunque, en verdad, no es tan pujante por su vitalidad social como por los recursos públicos que se adjudica y por los favores clientelares.

El informe del Centro de Estudios Andaluces, en su informe sobre Asociacionismo y participación social en Andalucía, destaca “la relativamente baja tasa de participación en asociaciones den la comunidad, en comparación con España, y, por ende, con Europa”. Según las cifras del CIS que recoge ese informe, contrasta el 38,3 % del asociacionismo español con el 28,8 % andaluz. La única excepción es el asociacionismo religioso. Pero, el informe del CEA lo que busca es averiguar qué porcentaje de ese asociacionismo social es “político”. 

Hay revistas en Málaga capital y provincia que se distribuyen como publicaciones d e las Peñas, Distritos, Gente Mayor, Centros Cívicos, Cofradías, etc., en las que no hay foto de las muchas que ilustran todas las secciones en las que no aparezca el político de turno ocupando el centro de atención. Otro tanto ocurre con las publicaciones de festejos, inauguraciones, celebraciones y de cualquier acto de tipo conmemorativo. Incluso en la prensa local y comarcal, supuestamente independiente o privada, los políticos invaden todas las fotos de las actividades que se recogen; resulta fácil colegir el sesgo partidista de estas publicaciones por la sobreabundancia de fotos de políticos de determinado color. Se trata de una anomalía del concepto de ciudadanía democrática y de la autonomía que debe regir la vida asociativa, cívica y pública. En este aspecto, el régimen local no mejora sino que agrava los males del centralismo y propicia la persistencia en el ámbito municipal de cierta herencia de la mentalidad política de los tiempos del franquismo.

La ley democrática, la mejor expresión de la igualdad de los ciudadanos

En democracia no hay ley democrática que escape, pueda diferenciarse o marcar exenciones respecto a ley común y constituyente que obliga a todos por igual. Es una piedra angular de todo sistema constitucional. Los fueros, exenciones o privilegios (estamentales, señoriales, eclesiásticos, militares o locales) es algo propio del régimen de los privilegiados, que fue derribado por las revoluciones liberales y resulta contradictorio, incompatible y antagónico con cualquier régimen democrático. Una muestra clara la tenemos en los regímenes nacionalistas dentro del Estado constitucional, pero por lo que está ocurriendo en los últimos años en el ámbito municipal está visto que el nacionalismo no es el único torpedo de gran calado contra la ley democrática.

En nombre de supuestos equívocos, como el del supuesto interés de los electores, de determinados grupos corporativos o del desarrollo local, están aflorando en los últimos años posiciones políticas, casi siempre vinculadas a los ayuntamientos, que cuestionan el cumplimiento de la ley. En el caso de nuestra comarca, ese relativismo político se encuentra casi siempre relacionado con la Ley de Ordenación del Territorio (LOUA y POTA). Hay una cuestión política que no debiera pasarnos desapercibida a quienes nos preocupa la salud d e la democracia: la ley democrática es jurídicamente sagrada y los políticos demócratas deben cumplirla mientras no sea cambiada a instancias de los propios ciudadanos y de los mecanismos de participación y representación política, teniendo en cuenta, además, que el único sujeto de soberanía no son los organismos locales, o provinciales, ni siquiera autonómicos, sino los ciudadanos españoles depositarios de la soberanía nacional.

Tengo la impresión de que hay un juego sucio respecto a estas cuestiones básicas de la democracia que tanto nos costó alcanzar y que tanto cuesta preservar. El juego sucio me resulta tanto más peligroso  por ese cuestionamiento de la ley no procede de gente o grupos que están al margen de la ley o de demagogos populistas como los saqueadores gilistas, sino de representantes de partidos políticos que, además, en muchos casos, en el ejercicio de su función pública representan a la ley misma. Al estilo de los “poderes fácticos”, se constriñe mediante presiones oscuras a la “flexibilización” de la ley, etc., con el propósito de crear ámbitos de decisión política fuera del interés y del espacio público, es decir, fuera de la fiscalización de los ciudadanos y de la sociedad civil independiente.

Hay, además, aparte de la dimensión legal, una dimensión ética de este asunto, que me escuece. Lo ilustro con algunas reflexiones sobre determinadas posturas en relación a los “diseminados” en situación “irregular”.  Muchos de los que claman  por su “regularización” no están dispuestos a apechugar con los costes de la obligada urbanización ni a pagar tasas acordes con la desproporción de los servicios públicos del urbanismo difuso ni a ceder el terreno que los demás están por ley obligados a ceder para equipamientos o infraestructuras públicas (entre el 10 y el 30 % de la finca) ni a pagar plusvalías por el “pelotazo” que representaría la regularización ni a pagar los impuestos que corresponden por ley a fincas rústicas convertidas en residenciales, etc. Además, no protestan cuando se benefician de unos asesoramientos y agentes regularizadores costeados con fondos públicos.

En cuanto a los representantes políticos y municipales me indigna que protagonicen esa reacción de autonomía localista después que hayan toreado impune e irresponsablemente cuantas reuniones hubo en el proceso abierto a la participación para la elaboración del POTA y de otros “planes estratégicos” como MADECA-10. Incapaces entonces de esgrimir estrategias convincentes de desarrollo local y rural y de aportar ideas a los debates con expertos y asesores, recurriendo cuando les convenía a  plantones desconsiderados a cuantos participábamos sin ser parte de los suyos o de los poderes fácticos locales,  se escudan ahora en la autonomía local. Les va a resultar más difícil plantar a la comisión del Informe Auken de la UE que amenaza con cortar los fondos si no se erradican los “excesos”.

Rafael N.  
Revista Almazara, nº 25