Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas que conforman la estructura político-administrativa esencial de nuestra maltrecha España, vuelve a ser pionera en lo negativo por obra y gracia de su calamitoso gobierno. Si hace unos meses teníamos que referirnos a unos recortes sociales impuestos con sorna y alevosía, esta vez nos avergonzamos ante la estrategia del terror y su chapucera puesta en escena. El consejero de Interior catalán, el corrupto ultranacionalista Felip Puig, ya ha abierto la veda de la temporada para la caza del obrero explotado y del disidente político. La primera excusa fue la jornada reivindicativa del 1º de Mayo y la siguiente partida se ha cebado en el movimiento de los “indignaos”, en el grupo de ciudadanos que, indignados con la situación política y económica presente, han decidido manifestarse y acampar en diferentes espacios significativos de algunas de las más importantes ciudades españolas. Uno de los enclaves elegidos ha sido la Plaza de Cataluña de Barcelona.
La mañana del pasado viernes 27 de mayo, los Mossos d´Esquadra, policía autonómica catalana, acompañados por la guardia urbana de Barcelona, recibieron la orden de desalojar el campamento con la excusa de proceder a tareas de limpieza por parte de los servicios municipales. El resultado de tan sarcástico pretexto se saldó con 121 heridos y el requisamiento de parte de las pertenencias de los acampados. La desoladora fotografía del hombre en silla de ruedas siendo vapuleado por un agente de los Mossos no pudo ser más explícita. Otro tanto ocurrió con los “indignaos” de Lérida.
En la ciudad condal, la instalación de una pantalla gigante con el fin de que los aficionados al F.C. Barcelona pudieran seguir la final de la Liga de Campeones en la misma Plaza de Cataluña, así como las probables celebraciones en los aledaños del vecino enclave conocido como Fuente de Canaletas, tradicional punto de encuentro de los aficionados culés para festejar las victorias decisivas de su equipo, planearon sobre el desalojo forzoso. Todo ello iba a ocurrir al día siguiente. Sin embargo, el ayuntamiento acabó decidiendo que la pantalla se ubicara en Arco de Triunfo, monumento situado en un barrio lo suficientemente alejado del campamento. Por su parte, los incidentes relacionados con la consecución final de la Champions no afectaron a los acampados gracias a su inteligente decisión de formar una cadena humana con la voluntad de evitar que los vándalos accedieran a la plaza.
Todos los hechos se han puesto en contra de la brutal actuación policial ordenada por el conseller, pero la moraleja es que el círculo se cierra transcurrido medio año del retorno de Convergència i Unió (CiU) al Palau de la Generalitat. No nos hacen falta más datos: nuestro gobierno autonómico se revela definitivamente como neoliberal en lo económico, conservador en lo social y fascistoide en lo político. Ahí es nada.
Otros gobiernos autonómicos y municipales reaccionarios que nos son bien cercanos, como el de la Comunidad de Madrid, el de su capital y, sobre todo, el de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana, todos ellos en manos del Partido Popular (PP), llevan tiempo mostrando su beligerancia hacia el movimiento.
No obstante, el ojo del huracán está en Cataluña. Felip Puig desoyó por completo las recomendaciones del Ayuntamiento y de la Guardia Urbana que habían descartado el desalojo desde el primer momento. Días antes de este vergonzoso suceso, llegó a afirmar que, en atención a su cargo, haría cumplir la ley e incluso iría más allá. Sobran los comentarios. Unas declaraciones de este tipo por parte de un responsable político al servicio de la Administración pública tendrían que ser motivo suficiente para provocar su cese inmediato. Parece como si pretendiera imitar a Miquel Badia, jefe superior de la policía durante el gobierno presidido por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en los primeros años 30. Él y su hermano Josep organizaron las Juventudes de Esquerra y Estat Català en escamots o pelotones paramilitares de corte fascista, cuya función principal estribaba en reprimir las reivindicaciones sociales y en desbaratar el movimiento obrero. El caso es que los agentes implicados en las agresiones no podrán ser investigados al no llevar visible el número identificativo, tal y como prescribe un decreto de la propia Generalitat. El mismo hecho se dio con Joan Saura, consejero de Interior del anterior gobierno, tras las denuncias presentadas después de sonoros altercados como el de la manifestación contra el Plan Bolonia.
Son tantas las irregularidades cometidas que el Defensor del Pueblo y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, han decidido tomar cartas en el asunto e iniciarán las investigaciones pertinentes. Por su parte, Puig ha respondido con mentiras, demagogia populista y un intento de ganarse la confianza del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra y de otros funcionarios mediante el reparto de medallas y todo tipo de condecoraciones.
Pero la adopción de medidas políticas de carácter represivo y liberticida por parte del gobierno convergente no ha constituido la única influencia perniciosa ejercida por el nacionalismo catalán sobre la Spanish Revolution publicitada por los medios extranjeros.
Esta revolución española ha surgido del descontento provocado por la grave situación político-económica que sufre nuestro país y por el involucionismo social que asola Europa por culpa del auge del pensamiento liberal-conservador (neoliberal) y de la puesta en marcha de programas políticos en este sentido. Fueron grupos de estudiantes universitarios izquierdistas, miembros de Acción Católica, Juventud Obrera Cristiana (JOC) y otros sectores de la Iglesia, así como diferentes plataformas reivindicativas, quienes convocaron una manifestación el pasado 15 de mayo que acabó recalando en la Puerta del Sol de Madrid tras un previo boicot informativo. El acto estuvo convocado inicialmente con la intención de llevarlo a cabo en la Gran Vía, pero la desatención de los medios aconsejó trasladarlo a la Plaza del Sol por tratarse de un lugar bien visible y cercano.
Los medios informativos extranjeros, antes que los nacionales, empezaron a divulgar el asunto y a relacionarlo con los recientes sucesos ocurridos en los países árabes, en Grecia, en Islandia y en otros países europeos. Empieza a hablarse del Movimiento 15-M en alusión a la fecha de la convocatoria y los activistas ya son conocidos como “indignaos” en referencia al reciente libelo con el mismo nombre escrito por Stephane Hessel. La plataforma ¡Democracia Real Ya! (DRY) es un hecho y sus propuestas, abiertas a toda la ciudadanía para que pueda opinar sobre ellas e incluir otras nuevas, se centran en la mejora de las instituciones democráticas y de los servicios públicos, en el reparto del trabajo y de la riqueza, en el control de la banca y, en definitiva, en la adquisición de derechos de ciudadanía. Este inusitado impacto mediático del Movimiento 15-M ha pillado descolocada a una buena parte de los partidos políticos españoles y de los medios de comunicación que les respaldan. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) intentó evitar que su ala más izquierdista, Izquierda Socialista, fuera uno de los convocantes de la manifestación, pero no pudo evitar el éxito de la misma. Por su parte, los altavoces del PP también han intentado llevar el agua a su molino con tal de debilitar al gobierno, o bien han acusado falsamente a los activistas de estar directamente dirigidos por Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior.
Pero han sido los nacionalistas los que nos han brindado uno de los capítulos más interesantes en todo este proceso. Una buena parte del demagógico discurso secesionista se ha venido abajo al comprobar la ciudadanía que Madrid, eternamente vendida por el aparato político, educativo y mediático de los nacionalistas como el bastión de la reacción y la quintaesencia de una tópica España carpetovetónica, ha gestado un movimiento con vocación regeneracionista que ha sido tildado de revolucionario y que, al margen de errores y debilidades, está demostrando su capacidad de convocatoria hasta el punto de dar origen a nuevas movilizaciones coordinadas con activistas de otros países de nuestro entorno. Sin embargo, lo que más ha inquietado a los nacionalistas ha consistido tanto en el carácter implícitamente nacional de los objetivos señalados como en el calado de la movilización por el conjunto de la geografía española y sus más significativas poblaciones. Se ha prendido fuego a un reguero de pólvora y la llama ha ido avanzando con suma rapidez. El pueblo español sigue estando unido mal que les pese a los que intentan cavar zanjas para dividirlo. Tanto es así, que por lo que atañe a Cataluña, baluarte del secesionismo institucional por antonomasia, la más escandalosa violencia policial ha venido acompañada de los más groseros improperios por parte de la prensa, cadenas de radio y televisión nacionalistas, fenómeno que también se ha producido en las páginas web, los blogs y los foros de Internet conducidos por nacionalistas y proetarras.
El nacionalismo secesionista, preocupado tan sólo por mirarse al ombligo y por seguir defendiendo sus propias metas sectarias, ha dado rienda suelta a sus peores pesadillas y ha mostrado sus entrañas racistas en su crudo esplendor. Ha denunciado imaginarias conspiraciones españolistas y ha despreciado a los ciudadanos movilizados en la acampada de Barcelona por el mero hecho de considerarlos “españoles” al expresarse mayoritariamente en la lengua de Cervantes. Insensibles ante los problemas sociales, los más casposos de entre las filas del nacionalismo étnico son incapaces de analizar lo que está sucediendo desde otra óptica que no sea la de su sectarismo y la de sus inconfesables obsesiones.
De todos modos, para desolación nuestra, he aquí que han conseguido finalmente clavarnos un puñal por la espalda: los acampados de Barcelona decidieron incluir “el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos del mundo tal como recoge la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, del pueblo catalán“ en un documento que incluye las propuestas de estos acampados. La votación se llevó a cabo el domingo día 5 de junio y opuso 395 votos a favor frente a 270 en contra, en medio de un clima de considerable tensión.
No es el objetivo de este artículo debatir acerca de la falacia nacionalista sobre el derecho de autodeterminación, pero sí que conviene insistir en que la treta consiste en hacer creer a la opinión pública que la ONU avala directamente la secesión de territorios pertenecientes a una nación jurídicamente constituida. Nada más lejos de la realidad. La resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, que contiene la Declaración relativa a los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y regula la libre determinación de los pueblos advierte que “ninguna de las disposiciones de los parágrafos precedentes no se entenderá en el sentido que autorice o fomente cualquier acción encaminada a romper o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de los Estados soberanos e independientes que se guían en conformidad con el principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”.
Resulta, además, que esta engañosa autodeterminación de la quimérica nación identitaria inventada por los nacionalistas viene precedida por una primera intentona de adulteración del Movimiento 15-M. Me refiero al mal disimulado contramanifiesto Catalan Revolution, surgido en la red con la voluntad de quebrar la unidad del movimiento amparándose tanto en la consabida falsa autodeterminación como en el argumento propio de economistas neoliberales del “expolio fiscal de Cataluña”. Particular expolio aquel en el que las regiones pobres explotan a las más ricas. No hay expolio, en definitiva. Mejor dicho, sí hay expolio: el de una burguesía regional que explota a los trabajadores de sus empresas y al conjunto de la nación. El chantaje continuado de esta burguesía rapaz ha conseguido enfocar la política económica nacional al servicio de sus intereses. La producción en Cataluña y en el País Vasco, en el año 1802, tan sólo significaba una quinta parte de lo que producían las dos Castillas y Andalucía juntas. En cambio, no por casualidad, la capacidad productiva catalana y vasca se sitúa en un 10% por encima a día de hoy. De igual modo, los datos sobre población activa nos revelan que Cataluña y el País Vasco la han aumentado de algo más de un quinto a casi tres cuartas partes.* Que cada cual saque sus propias conclusiones.
Uno y otro intento demuestran que los intereses nacionalistas no han podido permitir que un movimiento político ajeno prosperara a sus expensas sin pretender adulterarlo y trasladarlo a su viciada atmósfera. La vía represiva significó un sonado fracaso. Basta decir que, pese a la violencia desatada, el desalojo de la Plaza de Cataluña de Barcelona resultó fallido por doble partida: los acampados se mantuvieron en sus puestos y fueron respaldados por más de 10.000 ciudadanos que quisieron expresar su solidaridad haciendo acto de presencia en la plaza. Era obvio que había que probar con otra cosa. El contramanifiesto fue un aviso, pero algunos de los activistas de Barcelona han denunciado la directa infiltración de la acampada a través de peleles colocados por la Generalitat con el fin de adulterar el resultado de la votación sobre el derecho a la autodeterminación. De ser así, supondría una nueva reedición de la conocida estrategia nacionalista de infiltrar con su veneno etnicista las instituciones, los diversos agentes y movimientos sociales y, muy especialmente, los partidos y grupos políticos de izquierdas. Recordemos que la mayor victoria de la burguesía catalanista en la lucha de clases contra el proletariado catalán consistió en pervertir tanto el socialismo como el comunismo y el sindicalismo radicados en Cataluña hasta su sometimiento y total caída en desgracia.
El experimento consistente en cruzar la izquierda política y sindical con el nacionalismo étnico ha dado a luz un híbrido antinatural y degenerado. No obstante, la gravedad del asunto es aún mayor si tenemos presente que ya no existe en toda España una izquierda mayoritaria y reconocida como tal que no haya recibido los efluvios corrosivos de los nacionalismos secesionistas. Valga la excusa de que la izquierda comunista y la socialdemócrata, así como sus respectivas organizaciones internacionales, han llevado a cabo demasiado comúnmente una interpretación chapucera, sesgada o interesada de las teorías leninistas, en el primer caso, y de las liberales-wilsonianas en el segundo.
Este grado de confusionismo ha motivado que la izquierda que otrora fuera nacional transigiera, cuando no colaborara abiertamente, con los planteamientos identitarios y aceptara por “autodeterminación de los pueblos” lo que no era sino la secesión de una o varias partes integrantes del territorio nacional. En este mismo sentido, es menester indicar que el asamblearismo por el que se han ido rigiendo los destinos del Movimiento 15-M ha permitido contradicciones que se convirtieron en irresolubles desde un primer momento, lo que vendría a ser el manifiesto fundacional de DRY, al no incluirse propuestas que, de forma explícita y no sólo implícita, pusieran coto al secesionismo. Estas propuestas podrían ser, sin ir más lejos, la impugnación de las reformas sediciosas de los Estatutos de autonomía o el mismo grado de condena con respecto a la política discriminatoria contra los hispanohablantes que se practica en varias CCAA de nuestro país.
Por otro lado, de la misma manera que DRY exige la progresividad de los impuestos y la eliminación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), no es de recibo que no ponga en tela de juicio otros privilegios fiscales como son el cupo vasco y la aportación navarra, y tampoco que haga la vista gorda ante la escalada en una línea parecida de desigualdad y fragmentación tributaria encabezada por el Estatuto de Cataluña aprobado en 2006. Algo similar podría aducirse cuando DRY arremete contra la casta política y el despilfarro de las Administraciones Públicas. Nunca me cansaré de repetir que este sistema autonómico corrupto, manirroto e ineficaz que padecemos fue consecuencia directa del chantaje ejercido por los nacionalistas catalanes a una democracia inmadura y débil, pero tampoco DRY quiere hacerse eco de esta escandalosa verdad.
El nacionalismo secesionista es prácticamente un tema tabú para la mayor parte de la izquierda española y de los movimientos sociales. Detrás de esta penosa realidad está el trauma franquista que santificó todo aquello que en su día fue estigmatizado por la dictadura, pero el principal problema radica en las acusadas desviaciones doctrinales antes comentadas y en el poder económico de las burguesías nacionalistas que, sumado a las directrices marcadas por otras oligarquías nacionales o extranjeras, ha sido capaz de condicionar los sucesivos gobiernos y regímenes a favor de sus intereses particulares durante tantos años.
A día de hoy, mientras remacho estas líneas, se ha confirmado con creces la infiltración del movimiento tras nuevos sucesos violentos en Valencia o en Barcelona, esta vez frente al Parlamento autonómico de Cataluña. La derecha y el nacionalismo siguen bramando, pero la nueva convocatoria de DRY para este 19-J con motivo de la protesta por el Pacto del Euro ha reunido a miles de personas en toda España…
* Evolución de las disparidades regionales: una perspectiva histórica, en García Delgado (dir.) España Economía, Madrid: Espasa Calpe, pp. 704-43.
Diego Vega (20.06.2011)
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