Ha vuelto a pasar. La derecha secesionista volvió a servir de muleta al gobierno de la nación con el objetivo de aplicar políticas reaccionarias. En el presente caso, una nueva reforma laboral administrada mediante la sibilina táctica del decreto ley.
El guión llevaba tiempo escrito. El Acuerdo Social y Económico (ASE), chalaneado el pasado 2 de febrero por las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) y por las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), supuso un coladero de medidas regresivas con las que la burguesía de nuestro país avanzó posiciones. Esa comitiva de privilegiados designados sinecdóticamente en calidad de “agentes o interlocutores sociales” se centró principalmente en el saqueo de las pensiones públicas, pero también se conjuró con la intención de reformar la negociación colectiva. Una vez los dos sindicatos mayoritarios hubieron servido en bandeja la consecución de las metas marcadas por sus teóricos enemigos de clase, la CEOE sacó un as de la manga presentando una propuesta de máximos que dio al traste con las negociaciones y “forzó” al gobierno a aprobar una reforma por Decreto. Resumiendo: un chanchullo de mucho cuidado que bien podría calificarse como verticalidad corporativa de la era democrática o escenificada en democracia. La casta sindical volviendo a interpretar a la perfección el papel que le fue asignado, aunque ya nada sea igual a estas alturas en las que cada vez se hace más difícil trabajar en el seno de los sindicatos estándares desde la honestidad y con ilusión.
El caso es que el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-Ley 7/2011 a día 10 de junio y el Congreso lo acaba convalidando tras diferentes negociaciones en la sombra entre el partido en el gobierno (PSOE) y las principales formaciones políticas nacionalistas (CiU y PNV). La reforma sigue su curso como proyecto de ley mientras las asociaciones patronales continúan presionando para lograr todavía mayores retrocesos en los derechos de los trabajadores. Veamos el texto de cerca y saquemos conclusiones.
Se trata indiscutiblemente de una nueva delegación de poder hacia el capitalista, y hacia las Administraciones públicas actuando en defensa del capitalista, en detrimento de los trabajadores y de sus malogrados representantes oficiales, los sindicatos que antaño habían sido de clase. El concepto clave que modula el asunto es la tan traída y tan llevada, por las patronales y sus voceros en la política y en los medios, flexibilidad interna. Lo que el ASE quería mostrar como una voluntad de avance en la interacción entre las partes obviamente se ha revelado a través del decreto en un aumento de la discrecionalidad del empresario.
No había suficiente con la flexibilidad externa expresada en el despido sistemático y en los contratos basura, sino que ahora el capitalista tendrá más manga ancha en lo que se refiere a decidir sobre cuestiones determinantes de las relaciones laborales en el interior de las empresas y en los centros de trabajo. Para empezar, sobre la clasificación profesional del trabajador o prestación específica que éste desempeña a tenor de su empleo. La inclusión del término “grupo profesional” en lugar de “categoría”, en la reforma de 1994, ya significó una trampa disfrazada de horizontalismo organizativo, con la que los profesionales eran igualados a la baja. La reforma de este año reincidirá en este aspecto e incrementará el problema de la sobrecualificación / subcualificación en la formación académica y técnica, teórica y práctica de los empleados, con sus consecuencias en las condiciones laborales de éstos y en la calidad del servicio ofrecido. Las tareas o funciones a desempeñar por el trabajador, la movilidad funcional, correrán la misma suerte y servirán como pretexto de todo tipo de abusos.
También se ve afectado el tiempo de trabajo, la jornada y los horarios. El empresario podrá utilizar un tanto por ciento del horario anual para estirarlo a su antojo. Una de las demandas fundamentales del movimiento obrero, la racionalización de la jornada laboral, vuelve a someterse a la lógica de la explotación evitando abordar uno de los mayores dramas de nuestro país en relación con el resto de naciones de su mismo entorno: la sobrecarga horaria. España es uno de los países en los que más tiempo se trabaja pese a que los tópicos nos hayan hecho creer lo contrario. Lo que ocurre es que no se saca un verdadero provecho a esta dilatada actividad laboral sino que, muy al contrario, constituye la piedra de toque de la superexplotación. La ineficacia y el bajo rendimiento resultantes se suman al escaso margen para la urgente demanda de I+D+i (Investigación, desarrollo, innovación), a la plaga de los accidentes laborales y al desquiciado e injusto reparto del trabajo. Son significativos señuelos que ponen en evidencia, al fin y al cabo, la irresoluble contradicción entre el tiempo individual de trabajo y el tiempo de trabajo socialmente necesario en las economías capitalistas.
En fin, una desregulación que se manifiesta igualmente en los descuelgues, con la preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales y la subsiguiente degradación de las condiciones de trabajo ligada a la negociación a la baja de los salarios. Si a todo esto también le sumamos más permisividad con el empresario para que decida sobre la modalidad de las contrataciones, ya tenemos una nueva hornada de empleos precarios o contratos basura destinados expresamente a los trabajadores más jóvenes. Ahí tenemos la posibilidad de contratar por el salario mínimo interprofesional hasta que el trabajador llegue a cumplir los 30 años. Es el camino de una degradación paulatina del mundo del trabajo, una dinámica perversa que arrastra a las empresas, e incluso a las Administraciones públicas, a rebajar las condiciones laborales y los salarios para no perder competitividad.
Pero esta flexibilidad unidireccional no se completa sin la neutralización de las ya de por sí claudicantes organizaciones sindicales presentes en la actualidad. En este sentido, si CCOO y UGT han traicionado a sus afiliados y a todos los trabajadores mediante la firma del ASE, estas mismas centrales han sido (aparentemente) engañadas a su vez por la patronal y el gobierno a través de un decreto ley que decapita virtualmente la función de los comités de empresa. De una supuesta línea tendente a la casi cogestión de las empresas y centros de trabajo, tal y como se pretendía advertir durante las conversaciones anteriores y posteriores al pacto, se ha pasado a un dirigismo todavía mayor por parte de los patronos: a) reestructurando las competencias de los representantes sindicales en beneficio del capitalista, del Estado y/o de las CCAA; b) en este mismo sentido, imponiendo mecanismos de arbitraje vinculante para que resuelvan los conflictos pasado el plazo de negociación fijado. En pocas palabras, la heteronomía de los trabajadores en estado puro. La ultraactividad de los convenios, o continuidad de sus condiciones hasta la consecución de un nuevo acuerdo, no llega a anularse en sentido estricto, pero la imposición de un fulminante laudo arbitral es una trampa saducea que sirve para colar retrocesos en la negociación esquivando el visto bueno de los representantes de los trabajadores.
No olvidemos que la consigna utilizada en cada reforma laboral regresiva es la continua fractura, hasta llegar a la atomización, del movimiento obrero organizado y de sus reivindicaciones. La jerarquía en la aplicación de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales es el eje vertebrador de esta política antiobrera. Su derivación consiste en el objetivo central de aislar al empleado en su careo frente al Capital minando los cimientos de la unidad de los trabajadores, restando capacidad decisoria a los sindicatos y diluyendo, a la postre, la asunción de la conciencia de clase explotada. Ésta es la vía por la que la nueva reforma va a potenciar los capciosos convenios franja, aplicados a un solo segmento de los trabajadores de forma exclusiva. Estos convenios exclusivistas y sectarios responden a criterios corporativos, por lo que son un verdadero cáncer para los intereses del conjunto de los trabajadores. Son acuerdos encaminados a erigir las llamadas “aristocracias profesionales” o castas compuestas por trabajadores cualificados que defienden el mantenimiento o la adquisición de una posición privilegiada en su empresa. Estas castas se constituyen en sindicatos corporativos que se enquistan en cada empresa, enfrentan a los empleados entre sí y dinamitan la necesaria unidad de clase.
Lo peor de todo es que las desgracias nunca vienen solas. Tal y como anunciábamos al inicio del artículo, el gobierno ha tenido que sacar adelante el decreto cediendo, una vez más, al chantaje de nacionalistas catalanes y vascos. CiU y PNV han vendido su apoyo tácito a cambio, entre otras cosas, de añadir una suerte de apéndice tan reaccionario como es la primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales. Más cesión de poder a los amarillos sindicatos nacionalistas que, como los corporativos, responden a intereses particulares y sectarios. A mayor fragmentación del mundo del trabajo, también mayor será la agresión a la clase obrera. La facción del Capital representada por las burguesías regionales secesionistas nos ha asestado otra puñalada por la espalda.
No obstante, puede que aún sea más grave la machacona insistencia en el discurso neoliberal que pretende justificar estas reformas: la falacia consistente en atribuir el desempleo a una supuesta imposición de un mercado laboral estático por parte de los sindicatos. Esta cansina patraña pretende eludir una realidad tan palpable como el hecho de que no son los contratos fijos los que provocan el paro, sino la escasa creación de puestos de trabajo. La elevada tasa de desempleo lleva siendo uno de los males endémicos de España, independientemente de otros indicadores económicos coyunturales, debido a factores como el muy desigual reparto del trabajo, la huidiza política de desarrollo industrial impuesta desde instancias extranjeras o supranacionales, y también la desatención a los trabajadores autónomos y a las pymes por parte de las Administraciones públicas sumada a las múltiples trabas legales y burocráticas que existen para emprender negocios.
Sin embargo, por encima de todo, resalta la muy mediocre implantación del sector público en nuestro país por lo que respecta a los pilares definitorios del Estado del Bienestar: la sanidad, la educación, la asistencia social y, recientemente, la Ley de Dependencia. El mayor esplendor histórico de tales servicios se dio en algunos de los países del antiguo bloque socialista y en las democracias escandinavas que, aún en el momento presente, siguen manteniendo políticas fiscales que posibilitan este amplio desarrollo de lo que viene designándose como sector social. Huelga decir que este sector tiene una extraordinaria capacidad generadora de empleo. Ya basta de financiar los peores vicios de nuestro cochambroso Estado autonómico con nuestros impuestos mientras los ricos no pagan los suyos. Ya es hora de anteponer e imponer el cubrimiento inexcusable de las necesidades sociales.
Por lo demás, tan sólo añadir a este respecto que los EEUU, país paradigmático de la desregulación laboral, también ha sufrido un mayor incremento del desempleo como consecuencia de la crisis. Tanto en éste como en otros ejemplos, incluido el español, los empresarios han intentado compensar el frenazo de la actividad económica con los despidos generalizados que les permite un marco legal laxo.
Finalmente, y ante tanta profusión de calamidades, tengo a bien recurrir a Lenin y a su famoso interrogante: ¿qué hacer?
Pues no tenemos más remedio que seguir influyendo y penetrando en los partidos y en los sindicatos. No nos queda otra opción que la de participar en las siempre amañadas elecciones a las diferentes cámaras de representación y en los también desde el principio castrados comités de empresa, aun tragando sapos y culebras, o bien pasar frío en alternativas asambleas obreras y en los movimientos cívicos. Todo es válido y legítimo si apoyamos o propiciamos corrientes y líneas de actuación política obreristas, con la convicción de que únicamente la observancia del más riguroso análisis de clases nos conducirá por la senda adecuada en todos los casos.
Diego Vega (11.08.2011)
