Karl Marx y Friedrich Engels nos legaron la teoría definitiva para comprender el desarrollo histórico con base en el análisis del antagonismo entre clases sociales, enfrentadas en virtud del papel desempeñado por cada una de ellas dentro del sistema económico. Lo hicieron tras un pormenorizado estudio de la filosofía hegeliana, de las investigaciones proporcionadas por los economistas ingleses y de las distintas doctrinas socialistas de la época.
Pero de igual modo que teorizaron la lucha de clases como resultado de la explotación del hombre por el hombre mediante la alienación del trabajo, esbozaron igualmente lo que sería la dialéctica de Estados, la opresión de unas naciones por la acción de otras que históricamente ha tenido su expresión más acabada mediante las diferentes materializaciones del imperialismo. Todo ello contemplando al Estado como instrumento de dominación de clase. De ahí que el primer objetivo de la clase obrera sea la toma del poder y la instauración transitoria de la dictadura del proletariado o gobierno obrero provisional, con el horizonte puesto en una sociedad comunista en la que las clases hayan desaparecido extinguiéndose también con ellas la naturaleza política del Estado:
“La acción conjunta de los proletarios, a lo menos en las naciones civilizadas, es una de las condiciones primordiales de su emancipación. En la medida y a la par que vaya desapareciendo la explotación de unos individuos por otros, desaparecerá también la explotación de unas naciones por otras”. (Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848).
España tuvo la oportunidad de cambiar el curso de la Historia cuando abrió la puerta al novedoso proyecto imperial de vocación socialista que iba inserto en la revolucionaria Constitución de Cádiz (1812), pero las potencias europeas lo abortaron invadiendo nuestro país y reinstaurando el absolutismo.
Otro tanto pasa en estos días que corren, aunque el contexto sea bien distinto. Lo que ahora está en juego es la conservadora Constitución de 1978, y la intención es que involucione aún más modificando su propio articulado. La impostura extranjera se ceba esta vez en la política presupuestaria, en uno de los ejes cardinales sobre los que se sustenta la nación. Nuestra soberanía nacional vuelve a ser pisoteada por obra y gracia de las dos principales sectas políticas españolas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno, y la oposición del Partido Popular (PP). El marketing ha consistido en vendernos su servilismo en calidad de medida contra el pródigo Estado autonómico, e incluso ha llegado a hablarse por lo bajo de recentralización. Eso es que han tomado buena nota sobre lo que inquieta y comienza a hastiar al conjunto de la ciudadanía española. Las voces que claman contra el confederalismo encubierto que socava los pilares del Estado ya son demasiado fuertes y ninguno de los dos grandes puede permitirse quedar al margen de esta demanda pese a que las promesas se las lleve el viento. La carrera hacia las elecciones generales ha comenzado.
La realidad, sin embargo, es otra y bien distinta: he aquí una estratagema para constitucionalizar el neoliberalismo económico en España, un intento de adulteración ideológica de nuestra Carta Magna por la puerta falsa. Este nuevo artículo 135 de la CE prescribe el pago de la deuda soberana, que no ha sido contraída por los ciudadanos, a sus acreedores. Antepone, además, los créditos para cubrir los intereses y el capital de la deuda de las Administraciones y su obligada inclusión en los presupuestos a cualquier otro compromiso del Estado con menoscabo, evidentemente, de las necesidades sociales. Estamos hablando de una ignominiosa autodisciplina de dudosa legalidad y nula legitimidad que las potencias hegemonistas, endeudadas hasta las cejas, siempre se han saltado aun habiendo estipulado acuerdos para garantizar su cumplimiento.
No obstante, no podemos obviar que este inaudito grado de sometimiento no es una rendición al neoliberalismo en abstracto, sino que tiene nombre y apellidos, así como un borrador del guión. Responde a las órdenes enunciadas desde los gobiernos alemán y francés, los omitidos mandos de la UE, para que las políticas presupuestarias de todos los miembros se vayan acercando al criminal dogma del déficit cero. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, concienzudos representantes internacionales de la derecha política, llegaron a postular la creación de una suerte de gobierno económico para la zona euro en la cumbre del mes pasado, con el objetivo de hacer coactiva la implementación de políticas económicas de signo neoliberal. Se vuelve a confirmar que la federación europea de pega que predica el eje francoalemán no se parece tanto a la república universalista que soñaron los pensadores ilustrados y socialistas como a un reeditado y “democrático” IV Reich. Mientras tanto, el Banco Central Europeo (BCE) ha sido el brazo ejecutante con el que obligar la reforma constitucional una vez se ha confirmado la compra de deuda española por parte de la entidad. Su presidente, el francés Jean-Claude Trichet, envió una carta a José Luis Rodríguez Zapatero con todos los detalles del chantaje.
En todo caso, fue el jefe de la gendarmería mundial, Barack Obama, presidente de los EEUU, quien efectuó la infame llamada telefónica dictando las brutales medidas que iniciara el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero, aumentara el Ejecutivo nacionalista catalán y continuaran los gobiernos autonómicos presididos por el PP. Recortes sociales, congelaciones y rebajas salariales y de las pensiones, subida de impuestos regresivos como el IVA, prolongación prescriptiva de la vida laboral, reforma de los convenios colectivos bajo las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) en exclusivo beneficio del capitalista… Algunas de estas medidas ya han empezado su andadura y otras están en la recámara.
Somos los españoles los paganos de este crimen, los españoles y el resto de ciudadanos del mundo sometidos al hegemonismo, a los riesgos de quiebra del poder financiero privado germano y francés, a los intereses de las empresas multinacionales, a la gigantesca deuda contraída por el imperio estadounidense como consecuencia del extenuante mantenimiento de su poderío militar, a intereses de clase burguesa en definitiva. Y es por ello que el común de los ciudadanos alemanes, franceses y americanos, trabajadores y clases populares, también es una víctima, por supuesto, dado que la dialéctica de Estados no niega en absoluto la de clases, sino que la abarca y la extiende.
Vale la pena dejar apuntado que el festín de buitres y cuervos siempre lo acaban los gusanos. Es lo que nos viene a la cabeza cuando advertimos que el PP ha inducido al PSOE a pactar la reducción del déficit con un margen que no llegue más allá de los años 2015 o 2018, y no hasta el 2020 tal y como aparece en el remodelado artículo 135. Otro tanto y mucho más puede decirse de los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU) que ocupan el gobierno de la Generalitat. Taimados esbirros de la UE y del FMI, los representantes de la coalición catalanista sólo han puesto el grito en el cielo pensando que la reforma pudiera afectar a su sempiterno proyecto de “construcción nacional”, léase saqueo sistemático de las arcas públicas con pretexto identitario, y han aprovechado para insistir veladamente en su ya recurrente exigencia de un medievalista concierto fiscal. No lo suficientemente contentos con esto, y más allá del nuevo redactado de la CE, también han pretendido forzar una innecesaria negociación, con el fin de ahondar en los recientes retrocesos que se están dando en los derechos de los trabajadores y seguir atentando en su perjuicio.
Porque el capitalismo lleva la voracidad infinita en sus genes. Las contradicciones que le son inherentes, como lo son a cualquier modo de producción basado en la desigualdad social, conducen a la superación de este periodo histórico como finiquitaron los que le precedieron. Las reformas puestas en marcha por los beneficiarios del sistema, los capitalistas y sus representantes, soslayan el conflicto de clases con la voluntad de ralentizar la llegada del colapso. En nuestro caso, secuestrados como estamos por la UE, los alarmados dirigentes del BCE han tenido que tragarse sus preceptos neoliberales en el momento en que han comprado deuda española y los intereses han bajado. Se han visto empujados a hacer funcionar la institución como si de un banco central de verdad se tratase, aunque con muchas reservas y topes, y no limitarse a apoyar a la banca privada hasta el extremo de emitir dinero cuando ésta así lo exige. La larga senda que ha conducido a este punto se ha traducido en el penoso empobrecimiento del Estado español, en haber estado llevando a cabo la venta más usurera de la deuda mientras tanto llegaba el balón de oxígeno.* Una situación de este cariz convierte la medida tomada por el BCE en sarcástica además de insuficiente y tardía. Tan sólo deduzcamos lo que están sintiendo los ciudadanos de los países de la eurozona que todavía se encuentran en una encrucijada peor que la nuestra.
Ocurre, por otra parte, que el neoliberalismo, la forma más agresiva y menos disimulada con la que el capitalismo ha estado cumpliendo sus objetivos tras la devastadora experiencia nazi y fascista, lejos de ajustarse al principio liberal del laissez faire, utiliza el intervencionismo de los Estados y de organismos supranacionales como la UE y sus tentáculos para aumentar los beneficios de los oligopolios. La diferencia sustancial de este esquema respecto a lo que ha estado sucediendo durante décadas es que sus métodos y prácticas aplicadas en economía política, procedentes de diversas escuelas, se reorientan, mutan y aparentemente se contradicen con más celeridad que ninguna otra doctrina económica. Así tenemos al FMI, ariete de los intereses empresariales y financieros estadounidenses por excelencia, tomando medidas tan poco liberales en su concepción como la prescripción de la subida de impuestos directos cuando ha convenido, por poner un ejemplo bien gráfico.
Es sintomático e invita a la reflexión que gobiernos de diferente signo, conservadores o socialdemócratas, pero también regímenes nacionalistas y populistas fuertemente dirigistas y autoritarios, hayan estado aplicando políticas neoliberales y continúen haciéndolo. De todos modos, el desequilibrante nivel de estrés desencadenado por los “mercados” y sus presiones han ido volviendo esqueléticas las finanzas nacionales hasta el extremo de poner en peligro los intereses del Capital: una inversión pública mantenida es necesaria para garantizar el éxito de las aventuras del sector privado. Lo estamos viendo claramente en España, donde la fiscalidad regresiva iniciada por el PP, continuada por el PSOE, aplicada igualmente por gobiernos autonómicos presididos por uno de los dos partidos o por los nacionalistas, y prescrita habitualmente desde la UE y el FMI, junto con la ídem de ídem “flexibilización” del mercado laboral, han desembocado en un empobrecimiento generalizado de la población y en la consiguiente caída de la demanda y de la actividad económica. El capitalismo, que vuelve a morderse la cola sangrándonos a los que estamos bajo su dominio. Los recortes aplicados, especialmente desvergonzados en Cataluña, nos han puesto contra las cuerdas. Es evidente que semejante panorama convierte el dictado hegemonista de reforma constitucional en la gota que ha colmado el vaso.
No olvidemos que los Estados del Bienestar son fruto de un pacto social por el que el capitalismo se comprometió a aplicar medidas corregidoras de las desigualdades que comporta. Pero la plusvalía acumulada por los capitalistas no deja de ser un robo, y la redistribución de la riqueza es un reajuste de ese robo y nada más. Mientras no exista un verdadero control obrero de la producción y de los mecanismos de distribución que reconduzca la economía hacia la satisfacción de las necesidades humanas y no hacia la acumulación de capital, seguiremos siendo cautivos del hatajo de cocainómanos que forma los consejos de administración de las grandes empresas y de las fórmulas matemáticas de tecnócratas mercenarios que intentan postergar el inevitable hundimiento de la sociedad burguesa.
Sólo nos faltaban los partidos de izquierdas contaminados por la postmodernidad y la degeneración corporativista de los sindicatos para constatar que la cara amable del Capital tampoco es capaz de hacer bien su trabajo. Es lo que han debido de pensar las grandes fortunas de nuestro país al mirar a las musarañas a la par que algunos de sus equivalentes extranjeros se han prestado a arrimar el hombro en esta coyuntura de crisis pidiendo contribuir más y mejor a la hacienda pública de sus respectivos países. Estos últimos no lo han hecho por patriotismo o por sensibilidad social, sino por mero instinto de supervivencia: saben que el barco puede hundirse, mientras que sus coetáneos de clase españoles parecen confiar en la efectividad del soborno estructural a los “representantes” de los trabajadores y en la nula voluntad de movilización de tamaños hipócritas.
Se nos insiste en aludir a los recortes en calidad de ahorro, en tildar de rigidez del mercado laboral a los irrenunciables derechos adquiridos por los trabajadores y, en último término, a que asumamos como inevitable la ejecución de las medidas para reducir el déficit y dinamizar la economía que suponen mayor coste social. Se esconde, sin embargo, que el tipo efectivo o contribución a Hacienda de las rentas más altas cayó muy considerablemente con la reforma fiscal efectuada por el PP durante su primera legislatura, en 1999, y que esta política fue proseguida y justificada por el PSOE aun encontrándonos inmersos en plena crisis. Se ha estado limando la progresividad llegándose a configurar un sistema tributario marcadamente clasista en la práctica. Uno de los primeros indicadores de lo que estaba pasando señalado por los inspectores de Hacienda fue que determinadas deducciones fiscales o desgravaciones beneficiaban más a medida que aumentaban los ingresos del contribuyente, y este dato ya había sido observado antes de implementarse la citada reforma.
Las instituciones públicas y privadas que predican e implantan el neoliberalismo y los partidos gobernantes nos han estado vendiendo que esta bajada de impuestos iba a servir para que los ricos invirtieran en economía productiva, cuando la realidad es que lo han estado haciendo en la especulación financiera. Tampoco ha aumentado la demanda porque la capacidad de consumo de estas muy minoritarias clases pudientes es cuantitativamente limitada en comparación con el grueso de la población.
Lo más indignante, en cualquier caso, es que la elusión fiscal (trampear la ley) y la evasión (violarla directamente) sean un problema adosado a la escasa progresividad. Al margen de los vaivenes sufridos por impuestos cedidos a las CCAA como el impuesto sobre el patrimonio, eliminado por el momento, y el de sucesiones, cuestionado y moribundo, hay que dejar claro que la columna vertebral sobre la que se sustenta la financiación es el impuesto sobre la renta. En España, el IRPF supuso el 38% de la recaudación el pasado año, lo que significa diez puntos porcentuales más que el IVA. Sin embargo, sólo un 10% de la base imponible de este impuesto proviene de rentas de capital y plusvalías, y menos del 7% procede de actividades económicas. Esto quiere decir que el resto procede de las rentas del trabajo, del enorme esfuerzo de la clase trabajadora. Significa, así mismo, que la burguesía regatea el IRPF y tributa el tipo fijo del capital, de sociedades multipremiadas con las deducciones, de pseudoempresas fantasma sin trabajadores o de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Menuda estafa de Estado del Bienestar.
Tan sólo añadir a este dantesco escenario que la ridícula confederación de reinos de taifas en la que se ha convertido nuestra nación en virtud del fallido Estado autonómico es uno de los principales factores que empeora la situación y provoca su enquistamiento. ¡Qué fácil lo tiene el hegemonismo en esta olla de grillos!
* España tenía superávit justo al empezar la crisis, y la deuda española era una de las más bajas en el contexto de los países del euro.
Diego Vega
Alternativa Ciudadana Progresista (20.09.2011)
