Se ha hablado demasiado poco del asunto que voy a tratar, como poco suele hablarse del trabajo en términos de derechos laborales y de política y economía social por parte de los mass media, de los partidos e incluso de los sindicatos. No es casualidad que el resquicio por el que se incardina la explotación de una clase social por su antagonista parta de la alienación del trabajo como consecuencia de la apropiación particular de los medios de producción. Es perfectamente lógico, por tanto, que los instrumentos y organizaciones al servicio de la clase dominante omitan, tergiversen o minusvaloren cuestiones que, de necesidad, ponen en tela de juicio los fundamentos sobre los que se sostiene la hegemonía de susodicha clase.
El fatídico mes de agosto pasado, como si de un homenaje a los modos y al estilo de la dictadura franquista se tratara, nuestra casta política al servicio de la burguesía “nacional” y extranjera lanzó nuevos obuses con alevosía contra la clase trabajadora. La reforma constitucional dictada desde el eje francoalemán, y aplicada gustosamente por el gobierno en connivencia con el partido mayoritario de la oposición, ha puesto fin a nuestra soberanía nacional sin más contemplaciones, ante la atonía de un pueblo español aturdido. Este golpe de Estado neoliberal ha dado para unos cuantos debates y artículos, unas pocas manifestaciones callejeras y alguna iniciativa legal de los que dicen confiar en poder revertir la situación desde los despachos.
¿Qué ha pasado, sin embargo, con el nuevo decreto de medidas laborales regresivas (Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto) que se suma a la todavía candente reforma de los convenios colectivos? Pues que su repercusión mediática ha quedado oscurecida, como también se ha amortiguado el efecto causado por otra noticia paralela: el pacto por la moderación salarial hasta 2014 que fue urdido el año pasado entre la patronal y los sindicatos mayoritarios y que ya ha salido a la luz.
Estamos hablando de una nueva consecuencia del calamitoso Acuerdo Social y Económico (ASE) firmado por los “agentes sociales” el pasado mes de febrero. El presente es un decreto desarrollado alrededor de dos medidas unidas por una relación de cuasi reciprocidad. Por un lado, la puesta en marcha de un nuevo contrato basura pensado para trabajadores no cualificados de 16 a 30 años; por otro lado, la eliminación de las limitaciones legales impuestas al encadenamiento continuado de contratos temporales. Como vemos, una nueva remesa de precarización de las nuevas generaciones de trabajadores, servida a pares esta vez. Si la reforma de la negociación colectiva terminaba de convertir la representación oficial de los trabajadores en el seno de las empresas grandes en papel mojado, la implementación de una nueva gama de contratos basura camuflados como contratos de formación para los más jóvenes y la cronificación de la temporalidad entrañan un ataque a la base de la clase obrera.
Se pervierte el estatus de cada trabajador redefiniendo falazmente su naturaleza misma, enmascarando la posición económica y social que ocupa en el proceso productivo a la vez que se mutilan las condiciones laborales. Se produce, de tal manera, un fenómeno de paradójica reproletarización, por cuanto puede decirse que el trabajador entra en el mercado laboral tangencialmente, pero en unas condiciones abusivas de rampante explotación.
Concretamente, por lo que hace al nuevo “contrato de formación”, de ser aplicable originalmente a jóvenes de 16 a 25 años, pasa a extenderse hasta los 30 e incluye una trampa en su interior: puede tener una duración mínima de un año y máxima de dos, pero también puede ampliarse hasta los tres años. La consecuencia será ver cómo los empresarios ofertan este tipo de contrataciones a personas que pueden llegar a los 33 años cobrando un ridículo sueldo que oscila los 450 euros para enviarlas directamente a la calle una vez sellado el plazo de la tomadura de pelo.
Estos contratos, que no tributan los seguros sociales de los trabajadores, son calificados eufemísticamente como contratos de formación, pero lo cierto es que sólo un escaso 25% del tiempo estipulado se reserva, en principio, a actividades de carácter formativo, mientras que el 75% se corresponde abiertamente con la actividad laboral. Es una nueva broma pesada de las que vuelven a confirmar claramente la verdadera intención del llamado Plan de empleo juvenil que fuera propuesto durante la era del presidente Felipe González Márquez y contrarrestado con éxito por la ejemplar huelga general de 1988, pese a que reformas posteriores consiguieran, finalmente, legalizar los diferentes niveles de la precarización del empleo en España.
Constatamos la ladina doble faz de unas medidas que buscan trasladar la condición de trabajador a la de estudiante para justificar tanto la promoción profesional de los jóvenes como sus necesidades formativas y las exigencias del mercado laboral en este sentido, pero que los hechos revelan como una refinada forma de semiesclavitud. Las prácticas profesionales y la formación técnica en el puesto de trabajo vehiculizan salarios de risa y horarios descabellados, así como la realización de tareas que poco o nada tienen que ver con las motivaciones del contrato. Un abuso tras otro en una viciada atmósfera de agobiante desprotección tanto fuera como dentro de la empresa (“flexibilidad” interna y externa), y todo ello enmarcado en el contexto de la difusa promesa de un futuro laboral que nunca termina por hacerse realidad.
Una caída en picado por la pendiente de la precariedad laboral que pervierte el reconocimiento de la prevalencia dada a los contratos indefinidos en la Ley 16/1976 de Relaciones Laborales, neutralizada a tenor de la sumisión al hegemonismo “europeo” y estadounidense que dictaba sus propios planes materializados en acuerdos sociales devenidos en leyes. Léanse los Pactos de la Moncloa (1978), el Estatuto de los Trabajadores (1980) y los Acuerdos Interconfederales (1980-1986) firmados por la patronal CEOE, el sindicato UGT y, eventualmente, por el gobierno, CEPYME y CCOO. Los lodos que vinieron de aquellos barros nos siguen manchando ahora, y la situación seguirá empeorando siempre y cuando no sepamos ponerle remedio.
El primer gobierno del PSOE modificó el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores a través de la Ley 32/1984, con el objetivo de dar carta blanca a la temporalidad y a los contratos basura, mediante tres decretos que allanaban el camino a las exigencias por parte de la entonces denominada Comunidad Económica Europea (CEE). Desde ese momento hasta esta última reforma, tanto el PSOE como el PP han venido insistiendo en la misma política, con la aquiescencia o pasividad de la mayoría del resto de los partidos y también de los sindicatos “oficiales”. Precisamente, resulta que uno de los méritos de estos últimos que es de justicia reconocer, el haber conseguido legalizar la imposibilidad de encadenar contratos temporales en la reforma de 2006 [art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores: «los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos».] es una de las dos cuestiones centrales abordadas por el Real Decreto-Ley 10/2011, con el triste resultado conocido: podrá prorrogarse la relación contractual inestable. El art. 15.5 queda suspendido. No será obligatorio pasar de los contratos temporales a los indefinidos y podrá alargarse esta situación hasta 2013.
Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración, trata de convencernos de que es preferible la temporalidad al desempleo, como si no fuéramos conscientes de que ambos fenómenos se retroalimentan hasta el punto de constituir el empleo inestable el factor fundamental que ha venido a sumarse al paro endémico español. Precarización del trabajo que es constitutiva de la reconversión industrial administrada en clave de “integración” europea. De hecho, al poco de salir a flote esta postrera reforma, nuestro país seguía teniendo el doble de contrataciones inestables por encima de la media en la UE, situada en el 14%. Un callejón sin salida en el que los peores contratos temporales se alternan con los largos lapsos de desempleo que conllevan, pero con un paisaje de fondo en el que la satisfacción de las necesidades sociales más básicas camina en la cuerda floja por culpa de unos recortes impuestos también desde el exterior. Detrás, subyacen las cuentas del Gran Capital, siempre abocado a sus crisis periódicas que le mueven a llevar hasta el paroxismo la lógica de lograr el máximo beneficio al mínimo coste. Ésa ha sido la verdadera razón de este lamentable capítulo: facilitar una ingente materia prima humana reproletarizada, presta a ser consumida con avidez.
“Si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la acumulación o el incremento de la riqueza dentro del régimen capitalista, esta superpoblación se convierte, a su vez, en palanca de la acumulación de capital y, además, en una de las condiciones de vida del régimen capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva, un contingente disponible, que pertenece al capital de un modo tan absoluto como si se criase o mantuviese a sus expensas. Le proporciona el material humano, dispuesto siempre para ser explotado a medida que lo reclamen sus necesidades variables de explotación”. (Karl Marx, Tomo 3º de El Capital, 1894).
Tomemos como referencia el espacio de tiempo transcurrido entre la reforma laboral de 2010, que simulaba estimular la creación de empleo fijo, y este último decreto que abre la veda a la temporalidad desenfrenada. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre no deja lugar a dudas sobre lo que ha estado aconteciendo. Estos últimos tres meses han presenciado la caída de puestos de trabajo fijos hasta la cifra de 160.700 personas. En el sentido inverso, los contratos temporales se han incrementado en 47.500. De un modo semejante, el número de personas con contratos temporales en lo que va de año se ha mantenido en la cifra de 3.950.000 mientras que los indefinidos se han situado en 11.229.000 después de reducirse en 277.600.
Este año ha sido el más destructivo en cuanto a lo que a contratos fijos se refiere desde que comenzó la crisis, si bien el dato difiere por lo que respecta al sector público en relación con el privado. 805.200 puestos fijos perdidos en la empresa privada desde el tercer trimestre de 2008, una tendencia que se invierte en la pública con 233.400 personas contratadas con carácter estable. Como si las políticas de recortes no hubieran incidido en este aspecto, este trimestre ha visto aumentar los contratos fijos en las Administraciones públicas y acercarse a las 5.600 personas. En este sentido, vale argüir que sólo jalearemos esta constatación si se confirmara que tales puestos han venido a cubrir funciones sociales (y económicas) de primer orden: las que corresponden a ámbitos como la sanidad, la enseñanza y el conjunto de los servicios sociales, y no a burocracias clientelares engendradas de la putrefacción del Estado autonómico.
Pero este proceso de precarización no es irreversible, todo y que el panorama político con vistas a las inminentes elecciones generales sea ciertamente desalentador. El programa de los trabajadores seguiría viviendo en nosotros aunque ya no quedaran siglas que no nos hubieran decepcionado y traicionado. Hablo de una visión de clase, de una ambiciosa parrilla de salida fundamentada en dos centralidades: el reparto del trabajo y el de la riqueza. Hablo de acabar con el trabajo basura, con la sobrecarga horaria y el pluriempleo, y con los extensos pasadizos y las complejidades por los que transcurre la economía sumergida. Hablo de la efectiva integración del trabajador inmigrante (plena adquisición de los derechos de ciudadanía), de ciencia, educación y trabajo social, de una reforma fiscal progresiva que se halle en la base de estas políticas, de la guerra sin cuartel contra la corrupción política y económica, de la erradicación de los proyectos políticos opresores del pueblo trabajador, de la eliminación de toda clase de privilegios y discriminación. Hablo de soberanía nacional y contrahegemonismo. Hablo de contraponer nuestro internacionalismo proletario a su nacionalismo chovinista o identitario. Hablo de dejar de exprimir al pueblo para nutrir a los oligopolios empresariales y financieros, y apoyar decididamente un modelo de economía productiva basado en el trabajo y no en la especulación.
Diego Vega (7.11.2011)
