Los empresarios más modestos se sitúan en la frontera de su clase, al borde de ver quebrar su negocio y no tener más remedio que sumarse a los contigentes de la clase trabajadora, tanto material como espiritualmente
El anteproyecto de Ley de Dinamización del Comercio Minorista de la Comunidad de Madrid, según el cual “cada comerciante determinará con plena libertad, y sin limitación legal alguna, los horarios, festivos y domingos que abrirá su negocio en la región” es una avanzadilla de lo que está pergeñando el gobierno del Partido Popular (PP) por lo que respecta al sector del comercio y la distribución a escala nacional.
La lectura de esta política comercial neoliberal como plan de creación de empleo y la posibilidad de la prestación de un servicio de venta ilimitado en el tiempo al consumidor son los dos tópicos sobre los que gira la demagogia emitida durante las pasadas semanas por el Ejecutivo autonómico presidido por Esperanza Aguirre y por los muy particulares intereses empresariales a los que representa. Intereses que no son otros que los de los grandes grupos de la distribución, tales como El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour o Eroski, agrupados dentro de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). A su favor, todo tipo de información sesgada. Por ejemplo, la prospectiva de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), que estima una creación de empleo del 83% gracias a la ley, unos nuevos 6.300 puestos de trabajo. O los datos aportados por la Consejería de Economía y Hacienda divulgados por la derecha mediática, los que muestran la proliferación de comercios en un 1´6% en la última década, mientras que en el resto de España caen en un 1´8%. Lo mismo con respecto al porcentaje de empleados en el sector, un crecimiento del 34% en la Comunidad de Madrid (67.900 trabajadores) frente a un 21% en el conjunto del país. Al tiempo que se hace énfasis en el aumento de los contratos fijos, del trabajo estable, apelando a estadísticas ofrecidas por la Encuesta de Población Activa (EPA).
Pero no resulta difícil destripar estas cifras analizando el proceso con detalle. Sobre todo, vale la pena tener presente que las medidas liberalizadoras que se han llevado a cabo en todo este tiempo no se han limitado a la ampliación de horarios comerciales y, en cualquier caso, nunca han llegado a tener un carácter tan general. Para empezar, la Comunidad Autónoma de Madrid ha ido eliminando esas trabas burocráticas, tan caras al mundo de la empresa en España, que dificultaban y podían llegar a impedir la puesta en marcha de muchos proyectos. Parte de las meritorias cifras, pues, salen de ahí. No es ninguna casualidad que el Ejecutivo madrileño y sus voceros en los medios hayan comparado el progresivo anquilosamiento empresarial y económico de Cataluña, campeona del burocratismo, del diferencialismo normativo y del proteccionismo clientelar, con el dinamismo de Madrid. Estos vicios “catalanes” intrínsecamente relacionados con los nacionalistas que detentan el poder desde hace décadas, y con el idioma regional como estandarte del levantamiento de fronteras interiores, han sido copiados parcialmente por otras comunidades.
A propósito de ello, más vale que los gobiernos autonómicos madrileños del PP no hablen muy alto, puesto que se han revelado como alumnos aventajados en esta asignatura de la desigualdad interregional, en materia fiscal especialmente y, como estamos advirtiendo, también en otros ámbitos. La intención del gobierno central de extender al resto del Estado lo que está previsto para la Comunidad de Madrid, para desgracia del país en un caso como éste, no impide que se tengan que denunciar los desequilibrios y la injusticia que está produciéndose. De hecho, ya se han alzado voces desde otras autonomías limítrofes. La Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha (CECAM) ha manifestado que la nueva ley perjudicará gravemente a las pymes castellano-manchegas, incapaces de afrontar la competencia masiva de Madrid. Es por ello que ha hecho un llamamiento a la solidaridad entre los dos gobiernos autonómicos y a una sincronización de políticas que sea beneficiosa para todos. Ése es el camino.
No obstante, la clave del asunto la encontramos en el hecho de que Madrid ya ampliara la libertad horaria, en el mes de octubre, de los locales comerciales menores de 350 metros cuadrados, como ocurría hasta la fecha, a los de 700. Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de Comerciantes y Empresarios de Madrid (COCEM) ha puesto el dedo en la llaga afirmando que un 40% de los locales comerciales son empresas sin empleados contratados, negocios familiares básicamente, y el 23% cuenta con un único trabajador. Una constatación que sitúa a estos pequeños empresarios en una coyuntura y en unas condiciones de subsistencia muy complicadas, dado que tan sólo las grandes superficies pueden sufragar los gastos generados por la total extensión de los horarios. Hecha la ley, hecha la trampa. Ahí reside el quid de la cuestión: no se va a poner en práctica la libertad de horarios comerciales, sino el libertinaje. Esto es el despotismo de los oligopolios y la agonía del pequeño comercio. La Consejería ha actuado en calidad de lobby del Gran Capital en la región, se ha plegado burdamente a sus intereses y actúa como su instrumento político. ¿Por qué seguir llevándose a engaño? ¿O acaso no estamos hablando de Esperanza Aguirre, de Percival Manglano, titular de Economía y Hacienda, de la derecha neocon representada por el PP?
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) nos presta información suculenta. Pone en evidencia el reverso capcioso y sectario de los datos ofrecidos por la AECC avisando de que sus expectativas sobre creación de empleo van dirigidas únicamente a las grandes empresas. Mientras que, por el contrario, en lo que se refiere a los negocios más modestos, el efecto de la liberalización total de horarios podría llegar a ser devastador, hasta el punto de arrasar más de 25.000 puestos de trabajo, entre contratados y autónomos. Y todavía nos muestra un dato más inquietante que merece una serena reflexión: los estudios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los niveles de ocupación en el comercio minorista atestiguan que los magnates de la distribución apenas han creado empleo este año pese a haber mantenido o incluso aumentado su facturación; a la inversa, los comercios pequeños con un solo local han mantenido los puestos de trabajo o las reducciones trimestrales no han superado el 0,1% aun habiendo sufrido una caída en la facturación del 7%. ¿Qué dice la AECC al respecto?
Con todo, los efectos corrosivos de las grandes cadenas no acaban ahí, desde luego. La oportunidad que el pequeño comercio supone para las firmas incipientes y otros pequeños fabricantes, productores y emprendedores diversos, del ámbito local más cercano en muchos casos, no se reproduce en la gran empresa. No pueden trabajar con las grandes superficies debido a la draconiana disciplina contable que éstas exigen, acorde con la envergadura de las finanzas que manejan. Sus demandas pueden llegar y han llegado al extremo de dejar esquilmados a algunos sectores de la producción (en la agricultura, por ejemplo), lo que da fe del destructivo poder omnímodo de los oligopolios, así como de la importancia de las pymes y de su interrelación en la base de la economía nacional. Asfixiar la pequeña empresa es tan peligroso como que equivale a ahogar al propio país y reventar las arterias que nutren su progreso. No olvidemos que detrás del 80% de los comercios de la Comunidad de Madrid encontramos pymes y trabajadores autónomos. ¿De qué sirven las ayudas y los incentivos que pueda prestarles la Administración pública si se implementan leyes que los convierten en el chocolate del loro?
De todas formas, defender los intereses de la pequeña burguesía se asemeja a tratar de insuflar un poco de ánimo a un condenado a muerte al pie del cadalso. El despiadado acoso al que es sometida esta fronteriza clase social forma parte del proceso “natural” de acumulación del capital. Aun apoyando políticas que favorezcan la vitalidad de la propiedad pequeñoburguesa, nuestros esfuerzos caerán en saco roto a no ser que apostemos por la organización racional de la economía, por la construcción del socialismo. Porque estamos volviendo a presenciar un viejo episodio de la lucha de clases en la que la semilla de la sociedad capitalista asiste a su propia ejecución a manos de su monstruoso hijo: el capital monopolista devora la libre competencia y aniquila a los esforzados supervivientes que quedan, a su antecedente histórico, a su génesis. No resulta inapropiado, por tanto, decir que los empresarios más modestos se sitúan en la frontera de su clase, al borde de ver quebrar su negocio y no tener más remedio que sumarse a los contingentes de la clase trabajadora, tanto material como espiritualmente.
“Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo, caen en las filas del proletariado; unos, porque sus pequeños capitales no les alcanzan para acometer grandes empresas industriales y sucumben en la competencia con los capitalistas más fuertes; otros, porque su habilidad profesional se ve despreciada ante los nuevos métodos de producción. De tal suerte, el proletariado se recluta entre todas las clases de la población.” […] Las capas medias –el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino–, todas ellas luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales capas medias. No son, pues, revolucionarias, sino conservadoras. Más todavía, son reaccionarias, ya que pretenden volver atrás la rueda de la Historia. Son revolucionarias únicamente cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, cuando abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado.” (Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848).
En efecto, la nueva ley proletarizará al comerciante que no pueda resistir la competencia abusiva de los gigantes del sector, o conducirá a todos estos empresarios arruinados a acabar formando parte del ejército de trabajadores reservistas (desempleados) que esperan, y se desesperan, frente al teléfono, a que les soliciten para encadenar un nuevo contrato temporal. Quiebras que también traerán consigo la ruina de aquellos proveedores y fabricantes que trabajan y colaboran con el pequeño comercio.
Otros, por su parte, agotarán al máximo su escaso margen para la supervivencia, y lo harán echándole horas, exprimiendo a la familia, sumergiendo las cuentas, hipotecando sus vidas por el negocio, sobreexplotando a sus pocos trabajadores si los tienen o evitando contrataciones que hubieran sido deseables. Lo harán, al fin y al cabo, en loor de una suerte de fracasada filosofía calvinista / confucionista basada en el culto idiota al trabajo esclavizador, mientras los mafiosos de las grandes corporaciones espolvorean sus narices con “farlopa” y se bañan en champán.
Más preocupante todavía será el fenómeno de reproletarización que vendrá aparejado, de empeoramiento de las condiciones laborales de los que ya trabajan. De entrada, la ley supone una nueva andanada contra la negociación colectiva del sector, convenios que no recogen la libertad total de horarios y que han azuzado la movilización de los sindicatos. Serán pocos, tal y como hemos procedido a analizar, los nuevos empleos que se generarán, y éstos serán los propios y característicos de las grandes superficies: temporales y todo tipo de contratos basura en el último vértice de la precariedad. Pero la práctica más frecuente consistirá en extralimitar la ya actualmente insoportable sobrecarga horaria de los trabajadores que están siendo empleados, en las mismas condiciones salariales o por un salario incluso más exiguo. Prácticas que acentúan el sobretrabajo, el trabajo impagado al obrero que constituye la razón de ser de la explotación capitalista. Las mujeres trabajadoras serán las que se llevarán la peor parte, por su importancia numérica en el sector, y dará al traste con la necesaria conciliación de la vida laboral o profesional y la familiar. Ésta es la hipócrita defensa de la familia que predica el pacato PP.
Lo más terrible es que la pesadilla no termina aquí. Mayor degradación del trabajo, nula creación de empleo de calidad, empresas que van a tener que cerrar… y un mayor control monopolístico del mercado que también se va a traducir en la fijación de los precios. Una nueva vuelta de tuerca para no poder salir nunca de la crisis. Las clases medias y trabajadoras, las que mayor inversión destinan al consumo, el núcleo grueso de la población, se encuentran sumidas en un proceso de pauperización que paraliza la demanda de productos y servicios, y aún se atreve el PP a calificar la nueva ley de medida anticrisis. ¿Hasta cuando vamos a seguir permitiendo escarnios semejantes?
Diego Vega (18.01.2012)
