Hace algo más de un año la justicia nos dio la razón a los padres catalanes que deseamos una educación bilingüe para nuestros hijos. El Tribunal Supremo dictó que la inmersión, es decir, la enseñanza únicamente en catalán, era inconstitucional. Y exigió algo de sentido común: cambiar a un modelo lingüístico en las escuelas que diera un trato equitativo y respetuoso a los dos idiomas oficiales. Desde entonces, la Generalitat se ha dedicado a marear la perdiz, poner excusas y negarse a cumplir el fallo. Esta actitud me parece lamentable. En un Estado de derecho, las leyes y las sentencias se hacen para que se cumplan de forma efectiva y no para burlarse de ellas como hace el señor Mas.
Carme M. Macià
La Vanguardia-Cartas al Director (7.02.2012)