Solidaridad con los trabajadores de TMB

 

Friedrich Engels, colega inseparable de Marx y cofundador del socialismo científico, analizó agudamente el papel coercitivo del Estado en tanto que institución política garante de la explotación económica de una clase social que se halla subordinada a otra. La apropiación de los medios de producción por parte de uno solo de estos grupos establece el guión de la división social del trabajo que Engels, lejos de centrar exclusivamente en los modernos Estados-nación, sitúa dentro de un recorrido histórico que va desde el esclavismo hasta el capitalismo. El comunismo primitivo de cazadores y recolectores y de los primeros pequeños productores agrícolas autónomos sucumbió aplastado por un régimen de propiedad desigual defendido por el poder político. Ello dio origen al conflicto entre las clases sociales que ha arrollado los sistemas económicos precedentes al actual. La variación determinante respecto a este sencillo esquema estriba en que la burguesía capitalista adelanta el fin de la Historia, el último capítulo de la lucha de clases, habiendo creado al proletariado, su clase confrontada y sujeto histórico de la revolución socialista, no de una revolución cualquiera. Significa que se han sentado las bases de la futura extinción de las clases sociales y del instrumento político que velaba por la dominación de una de ellas sobre las demás, el Estado.

“Por tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni de su poder. Al llegar a cierta fase del desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Ahora nos aproximamos con rapidez a una fase de desarrollo de la producción en que la existencia de estas clases no sólo deja de ser una necesidad, sino que se convierte positivamente en un obstáculo para la producción. Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: al museo de antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce.” (Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884).

Esta concepción materialista y finita del Estado, resuelta a principios del s. XX en los trabajos teóricos de Lenin, es el punto de partida o de llegada, según se mire, que constituye uno de los posicionamientos determinantes del socialismo científico o comunismo marxengelsiano. La separación radical e irreconciliable entre este paradigma y tanto los modelos socialistas utópicos como los reformistas y estatistas tendría que mostrarse más diáfana que nunca a día de hoy. Sin embargo, el deterioro de la educación y la perversión subliminal de las conciencias motivan una confusión generalizada sobre estos temas que no ayuda a la hora de evaluar los desafíos del presente y del porvenir.

Marx, Engels y Lenin elucubraron en pleno apogeo del Estado liberal, pero los posteriores, y ahora decadentes, Estados del Bienestar no han hecho otra cosa que acrecentar las contradicciones sistémicas que aquellos grandes pensadores habían detectado. Llevamos décadas observando el desgaste programado del sector público social. Se ha perdido la noción que nos remitía al contexto de la Guerra Fría y que se fundamentaba tras largos años de lucha: la de las conquistas sociales que allanaban el camino hacia el socialismo. Esa misma socialdemocracia que postulaba la intervención correctora del Estado en la economía ha llegado incluso a abandonar la adaptación más conservadora de las formulaciones keynesianas. El neoliberalismo ha ido ganando terreno en el seno de los partidos de izquierdas y no sólo entre los de derechas, mientras que los dirigentes de las grandes centrales sindicales las han ido corporativizando y plegando al poder político y económico. Se han ido entregando, han callado, han aceptado y han cobrado por su traición. Unos y otros han pastoreado a la clase trabajadora y la han conducido a un precipicio.

El Estado comenzó su puesta de largo siendo el instrumento coactivo de los grandes de la tierra; se democratizó pasando a darle cuerpo a la voluntad nacional y popular, y ampliando sus funciones de gendarme a gestor de la explotación de los trabajadores; y, por último, ya no sólo se confirmó como factor decisivo de la explotación capitalista, sino que afianzó su rol en calidad de agente explotador en sí mismo. De Estado a Estado-nación, de Estado-nación a Estado-patrono. Podemos percibir al Estado como efectivo alienante del trabajo a través de las diversas formas de capitalismo estatizado y, más cercanamente, en el seno de las democracias liberales burguesas. El maridaje entre lo público y lo privado lo invade todo. Las Administraciones públicas y los entes particulares se copian mutuamente tanto en la forma como en el contenido de sus operaciones.

Una de las formas más comunes de esta simbiosis es la penetración de la empresa privada en el sector público y al revés, infiltración de la que se derivan múltiples prácticas corruptas, tanto ilegales como institucionalizadas, que benefician a empresarios y políticos. Los ejemplos son inabarcables. Sin ir más lejos, Cataluña, las calles de Barcelona en particular, están presenciando el enfrentamiento de todo un cuerpo profesional contra una de estas perversiones. Es lo que llevamos tiempo encontrándonos en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa más importante de entre las que gestionan el transporte público del área metropolitana de la ciudad condal. Recordemos que esta sociedad mercantil, financiada con dinero público y que cuenta con un consejo de administración formado básicamente por cargos municipales, está empeñada en un chantaje sistemático contra los trabajadores y sus representantes sindicales que ha contado con todos los instrumentos represivos de la Administración, desde la persecución legal y policial hasta la campaña mediática difamatoria por parte de prensa, radios y televisiones. Es en este viciado contexto donde cabe celebrar la reciente y pacientemente esperada victoria lograda con la sentencia, dictada por el juzgado de lo social número 19 de Barcelona, que obliga a indemnizar con 483.700,32 euros a 666 conductores de autobús que habían sido privados del descanso diario de 15 minutos, conocido como “tiempo del bocadillo”. Un recurso reclamará las indemnizaciones del año anterior.

Pero la coyuntura de la crisis ha permitido obrar con desfachatez a TMB y anunciar el recorte de 56 millones de euros del presupuesto a costa de los salarios de los trabajadores (unos 14 millones de rebaja anunciados en el Metro bajo amenaza de ERE), de despidos (36 conductores en Autobuses) y de la reducción de los servicios prestados a la ciudadanía. Estamos hablando de una maniobra que ensancha aún más la línea de separación clasista existente entre los directivos y categorías profesionales inferiores, dado que TMB soporta un grueso de 300 cargos cuyos sueldos significan 27 millones anuales (nada más ni nada menos que el 15% del total de la masa salarial de una empresa que da empleo a 8.000 trabajadores) sin contar con las dietas, según explica la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT Autobuses). El mismo sindicato ha denunciado que estos cargos se salen del convenio colectivo y, en consecuencia, no van a sufrir recorte necesariamente. Tengamos en cuenta que estos datos y cifras no han sido publicados y han tenido que sustraerse por inferencia, lo que expone a las claras la alevosía del latrocinio. Tan sólo faltaba que el último ejercicio (en 2010) revelara que los gastos totales de personal hayan disminuido cerca de un 4% mediante la reducción del absentismo y de las horas extra, mientras que los sueldos del consejo de administración han aumentado casi en un 5%.

El despropósito no acaba aquí, sino que L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), organismo de gestión supramunicipal, privilegia a 90 cargos de los partidos políticos catalanes con 800.779 euros al año en concepto de dietas. Detrás de tales dietas hallamos reuniones, a las que asisten ediles y alcaldes con lujosos coches oficiales a su disposición, que no necesitan grandes desplazamientos y que no pasan de ser simples trámites burocráticos de escaso calado y duración. El mismo alcalde de Barcelona, el nacionalista Xavier Trias (CiU), es el político que saca mayor tajada de esta desvergüenza si tenemos presente que añade 36.800 euros a su sueldo anual de 110.000 por asistir a un máximo de tres citaciones al mes.

Esta ineficiencia empresarial teñida de clasismo trae cola. El acoso sobre el personal operativo ha ido acompañado de contrataciones externas para la realización de tareas de mantenimiento y organización que, de ordinario, habían estado siendo llevadas a cabo por los mismos trabajadores de la empresa. Josep Garganté, portavoz de la plataforma compuesta por CGT, PSA (Plataforma Sindical d’Autobusos) y ACTUB (Asociación de Conductores de Transportes Urbanos de Barcelona), las mismas entidades que interpusieron la demanda sobre el “tiempo del bocadillo” mientras los sindicatos “oficiales” miraban hacia otro lado, advierte que esta sospechosa política conlleva unos 35 millones anuales, y también insiste en que la plantilla de conductores sólo creció un 1,15% (año 2010) cuando la de las áreas funcionales subió un 3%, un 27% la de ingeniería y un 9,84% la de servicios de apoyo. Además, se están implementando iniciativas considerablemente caras que tienen mucho de fachada y no aportan ninguna mejora sustancial. Es el caso del fútil Canal MouTV, un canal de televisión que avisa de las próximas paradas o emite noticias a través de pantallas instaladas en los vehículos y en el resto de las instalaciones de los transportes públicos y que se lleva por delante unos 388.000 euros en palabras de Garganté.  

Otros ejemplos son el Proyecto Retrofit, por el que los autobuses se reconvierten en vehículos híbridos que combinan los motores de gasóleo con los eléctricos (2.634.000 euros), o la puesta en funcionamiento de novedosos sistemas de voz y datos (4.031.000 euros). Proyectos, todos ellos, que pueden ser más o menos interesantes en función de cada caso, pero que son inaceptables cuando contribuyen a provocar un grave perjuicio a los trabajadores nada menos que en un momento tan crítico como el actual.  

La ciudadanía en su conjunto sale tocada por culpa de esta pésima política que también golpea a los usuarios de los transportes públicos: el precio del billete sencillo ha pasado de 1,4 a 2 euros y la tarjeta con diez viajes ha aumentado su precio de forma análoga, de 8,25 a 9,25. Medida impopular que redunda en el clasismo, mostrado con otro cariz al percatarnos de detalles como el hecho de que el precio del billete del Barcelona Bus Turístic sólo haya subido un euro, de 23 a 24 euros. Y todo esto habiendo reducido el servicio y anunciando que va a continuar reduciéndose (líneas, horarios y frecuencias). En Autobuses, concretamente, empezaron suprimiendo siete líneas (31, 35, 105, 158, 58 los sábados, 75 los sábados y los festivos y 91 los festivos) y todas las líneas del llamado Bus de Barri menos la 111, 20 en total, han dejado de ser operativas los domingos y festivos. Saturnino Mercader, delegado de CGT Autobuses, denuncia que TMB ha indemnizado con 6,5 millones de euros a una industria química que ocupaba un pabellón en la Zona Franca de Barcelona y que todavía podía gozar de 15 años más de alquiler. El pabellón es propiedad de TMB y la excusa era la utilización de este espacio como cochera para los autobuses. ¿Cómo puede argüirse un pretexto semejante cuando la misma semana en la que se sellaba esta operación también se ponía en marcha la reducción de líneas?

Sabemos que fue el bueno de Friedrich Engels quien mejor describió la naturaleza del Estado, ese apéndice necesario de toda estructura económica y social clasista y, por ende, a la mutante casta burocrática que, atrincherada en la empresa pública y semipública, explota al obrero como lo haría el más inhumano de los patronos. De acorde con esto, las instituciones municipales catalanas, el caso que nos ocupa, son una de las ramificaciones posibles en un Estado capitalista del s. XXI, cuya suerte de nomenklatura neoliberal enroca su estatus sobre los servicios públicos y lo hace a costa de incumplir convenios, congelar sueldos o recortar prestaciones a la ciudadanía. Hagamos caso omiso a las mentiras del vendido cuarto poder catalán, venzamos la modorra interesada de los sindicatos “del régimen” e ignoremos al fascistoide Projecte de Llei d´Acompanyament dels pressupostos 2012 que pretende dar cobertura legal a las medidas antisociales que se están efectuando y que está pendiente de dictamen por parte del Consell de Garanties Estatutàries. Por el contrario, apoyemos la convocatoria de cuatro días de huelga escalonada (cada día de paro se acordará si conviene reiniciar el trabajo al día siguiente), decidida por los trabajadores de bus y metro, y que se desarrollará coincidiendo con el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (27, 28, 29 de febrero y 1 de marzo).

Diego Vega

Alternativa Ciudadana Progresista (20.02.2012)