Esta claro que Alternativa Ciudadana Progresista (ACP) defiende el bilingüismo en Cataluña. Otrosí es las utilidades políticas que unos y otros hacen de la lengua. En ese sentido, ACP no es defensora de la lengua española o de la catalana, de ninguna. Las lenguas, en tanto que vehículos de comunicación, crean y son base de cultura humana; pero no tienen derechos, no son entes dotados de conciencia y subjetividad.
Son los ciudadanos, los sujetos conscientes, los que tenemos derechos. Legislar imposiciones lingüísticas, sean las que sean, sea una dictadura totalitaria como el franquismo o sea una mayoría parlamentaria como la que nos gobierna en la Comunidad Autónoma de Cataluña, es un atentado a la libertad y a la democracia. Sí, a la democracia, ya que esta es el gobierno de las mayorías con el respeto a las minorías. Eso sin entrar a valorar de qué tipo de mayorías y minorías hablamos: electorales o de hablantes y ambos parámetros son democracia y demografía, y no hay aquella sin esta.
Es necesario empezar a clarificar que significa, hoy, aquí (en Cataluña) y ahora, el bilingüismo. Los nacionalistas declaran ser bilingües, pero no consideran el bilingüismo como una categoría política a defender; hasta ahí su fariseísmo, ya que abogan por una ingeniería social que convierta Cataluña en la nación monolingüe soñada. Afirman que los niños educados en la actual escuela catalana dominan correctamente ambas lenguas al abandonar el periodo de escolarización obligatoria, utilizando para ello estadísticas elaboradas por centros de producción de propaganda nacionalista al estilo de la Fundació Jaume Bofill. Es patente la inexistencia de estudios rigurosos, no adscritos al poder en Cataluña, sobre el nivel de conocimiento lingüístico.
Podríamos aceptar que al final de la enseñanza obligatoria los alumnos catalanes tuviesen un mal conocimiento de ambas lenguas, con un fracaso escolar elevado (más del 30% reconocido oficialmente por la Generalidad) en todo el espectro, pero siempre superior entre los que tienen como lengua familiar el castellano o español. Es decir, los que realmente sufren la inmersión obligatoria son los castellanohablantes, los cuales conforman las clases populares y más desfavorecidas de la sociedad catalana; lo que en terminología marxista diríamos clase obrera. Podemos concluir que la inmersión obligatoria en catalán condena a la subsidiariedad y a la marginación a dichas clases, no solo por los elementos clásicos de corte económico y cultural. La exclusividad del catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, al minusvalorar el idioma propio del individuo, genera un desapego emocional respecto a la comunidad a la que pertenece desmotivando cualquier pretensión de progreso social.
La defensa del bilingüismo ha de ser entendida como una reivindicación dentro de un todo: la lucha por los derechos civiles. No es la defensa de una lengua frente a otra, sea la que sea. El problema de la inmersión no es la lengua, es lo que subyace detrás: la construcción de una identidad dentro de de un proyecto totalitario. Sé perfectamente que suena muy fuerte lo de proyecto totalitario, sobre todo teniendo en cuenta que los nacionalistas se atribuyen a sí mismo virtudes democráticas demonizando a todo el que les critica como fascista.
Félix Pérez Romera, en su artículo La singularidad catalana, comparaba las propuestas del nacionalismo catalán con las de la Liga Norte (nacionalismo padano) concluyendo que son las mismas. Lo chocante es el tratamiento diferenciado que se da a unos y a otros: extrema derecha al partido de Umberto Bossi e incomprensiblemente como progresista al nacionalismo catalán. Consciente de ello, Joan Puigcercós (ERC), en una entrevista radiofónica, respondió así ante la pregunta de ¿catalanistas o nacionalistas?: “Mire, en realidad, somos nacionalistas. Pero si nos denomináramos así, en Europa creerían que somos un partido de extrema derecha. Por esto decimos que somos catalanistas”, según refiere Francesc de Carreras en su articulo Patriotismo y nacionalismo. Para más abundamiento en el debate recomiendo el artículo de Antonio Robles: El catalanismo y De Carreras.
Desde una perspectiva de izquierda deberíamos ahondar más en la contradicción ideológica, mejor dicho, contraposición ideológica con el nacionalismo. Este tiene como principio el interés prioritario del territorio y de los suyos. En los suyos deberían incluirse a todos los ciudadanos del territorio, pero no les importaría expulsar de su paraíso a los que no acepten la verdad sacrosanta de pertenecer a una nación distinta y por ende superior al resto.
Solo este punto basta para concluir lo egoísta e insolidario del nacionalismo, la hostilidad hacia lo que, o quien, no pertenece a la etnia. La actual exigencia del mal llamado pacto fiscal pretende un reparto diferenciado según el territorio. “Como nosotros somos más ricos no tenemos por qué repartir con los más pobres. En todo caso, nosotros decidimos la cuantía de nuestra solidaridad”, vienen a decirnos cada vez que hablan de expolio fiscal.
Si ahondamos más en la realidad catalana, observaremos que las clases trabajadoras, la clase obrera, son mayoritariamente de lengua española; la inmigración de los pasados años 50 y 60 responde a las necesidades del desarrollismo franquista y de la burguesía catalana de mano de obra barata. ‘Parlar espanyol és de pobres‘, decía con desprecio, desde el Avui en 2005, Salvador Sostres, nacionalista disimulado y hoy columnista de El Mundo.
La mal llamada inmersión lingüística es en realidad un proceso de aculturación de las clases populares, principalmente castellanohablantes y cuyo resultado final es la exclusión. Dicho proceso pretende, utilizando la coartada de la cohesión social a través de la lengua catalana, establecer una categorización y jerarquía de identidades poniendo a la propia (la de los nacionalistas) como la superior. Para acceder a los beneficios que comporta esa nación que se construye se han de aceptar los postulados étnicos, la supremacía identitaria.
El proceso pretende una apariencia de inclusión. Antropológicamente, dicha integración (asimilación) es imposible. Las clases populares catalanas no encajan en ese modelo ya que no pueden superar el filtro social impuesto (el apellido, la adscripción identitaria, la renta…). Se podrá conseguir un sometimiento a la identidad y por tanto la subordinación, pero nunca una auténtica integración. Esta comporta una mezcla cultural, una negociación, concesiones… un concepto de sociedad abierta lejos de la homogenización étnica e identitaria.
La lucha contra ese proceso de aculturación no puede reducirse a un problema lingüístico. El bilingüismo es una reivindicación cívica que ha de entroncarse dentro de una lucha por la libertad y la igualdad. El nacionalismo es trasversal y degrada el ideario de los autodenominados partidos de izquierda en Cataluña, haciéndoles olvidar los mencionados principios.
Los que nos consideramos de izquierda y vemos al nacionalismo como un proyecto totalitario entendemos que dicha lucha no puede ser trasversal; el bilingüismo puede ser también una reivindicación de partidos de derecha y centroderecha, pero las motivaciones son diferentes y demasiadas veces incluyen criterios de corte nacionalista con los que no coincidimos.
Concluyendo, no creo que sean necesarias leyes que declaren derechos de las lenguas, de ninguna. En todo caso, en España, es necesaria una ley de derechos lingüísticos de los ciudadanos. En la enseñanza no estamos por la libre elección de lengua vehicular si no por que, aquí, en Cataluña, el castellano y el catalán sean lenguas vehiculares en una escuela pública y de calidad que forme ciudadanos libres y críticos, donde prevalezca la igualdad de oportunidades. Una escuela laica en lo religioso y en lo identitario. Y algo más, pero nada menos.
Vicente Serrano es presidente de Alternativa Ciudadana Progresista
La Voz de Barcelona, 8 de junio de 2012
www.vozbcn.com
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