¿Estamos intervenidos? Y si lo estamos, ¿por quién? Estas dos preguntas son estos días objeto de debate.
El comentarista de política internacional de El País José Antonio Torreblanca se refería a ello en su artículo del pasado domingo: «La intervención es un golpe psicológico que marca un hito en la historia de nuestras relaciones con Europa. En un país donde la identidad nacional y los sentimientos de autoestima colectiva han estado siempre muy estrechamente vinculados a los logros alcanzados en el ámbito europeo, cuesta creer que hayamos llegado hasta aquí». Otros comentaristas se han referido al orgullo nacional herido y a la entrada de España, debido a ello, en una fase de decadencia. Desde luego no comparto tales juicios, porque presuponen un enfoque de la realidad desde presupuestos a mi modo de ver equivocados.
En primer lugar, estas opiniones destilan un nacionalismo que, como suele suceder cuando se parte de esta perspectiva, extienden la responsabilidad de un sector de la sociedad al conjunto de los ciudadanos. Ciertamente, el acuerdo europeo hecho público el sábado pasado, y que debe ser todavía acabado de concretar, certifica el fracaso del sistema crediticio español. Pero dentro de este sistema, no todos los bancos son responsables de dicho fracaso.
Por supuesto que muchos altos dirigentes de este sector han hecho las cosas mal durante estos años, así como también han cometido graves errores aquellos poderes públicos que debían controlarlos, especialmente los sucesivos gobiernos y el Banco de España. Pero esto no significa que el resto de los ciudadanos debamos asumir sus culpas más allá, quizás, de haber confiado excesivamente en nuestros gobernantes. No hay, por tanto, fracaso colectivo: sólo han fracasado quienes, con nombre y apellidos, han hecho mal las cosas.
En segundo lugar, decir que «hemos» sido intervenidos (o rescatados, o «nos han dado» un préstamo o un crédito, usen el término que prefieran) no es hablar con propiedad, ya que se olvida que los españoles somos ciudadanos europeos y quien ha tomado la decisión es un órgano del cual forman parte nuestros representantes. Por tanto, sea buena o mala la solución adoptada, sea la mejor o la única posible -no entro en ello-, no es una decisión ajena, una injerencia exterior que debe avergonzarnos porque se nos ha impuesto sin nuestro consentimiento. Al contrario, se trata de una decisión aprobada por un órgano en el que estamos representados los ciudadanos españoles, un órgano, por así decirlo, nuestro, tan nuestro como el Estado, las comunidades o los ayuntamientos.
¿Verdad que si estas medidas las hubiera adoptado el Gobierno, el Banco de España, el FROB o el fondo de garantías creado al efecto por ley de las Cortes, no diríamos que hemos sido objeto de una intervención externa? Pues bien, por las mismas razones ahora no debemos hablar de rescate desde el exterior sino, en todo caso, de utilización de un mecanismo institucional propio para resolver un problema propio que, al tener dimensión europea, es también competencia de las autoridades correspondientes en este ámbito.
La realidad es que formamos parte de la UE y todavía no lo hemos asimilado plenamente. Cuando Torreblanca dice en el párrafo indicado que «la intervención es un golpe psicológico que marca un hito en la historia de nuestras relaciones con Europa» está hablando de Europa como algo ajeno a España, como algo con lo que nos relacionamos, cuando lo cierto es que desde que entramos en la UE no nos relacionamos con ella sino que formamos parte de ella. Torreblanca utiliza un lenguaje similar al de los nacionalistas catalanes cuando se refieren a España y hablan de las relaciones «de Catalunya con España» en lugar de decir, si fueran rigurosos con las palabras, con «el resto de España».
No hemos asimilado plenamente que los españoles estamos gobernados desde distintas instancias públicas: los ayuntamientos y las diputaciones, las comunidades autónomas, el Estado central y la Unión Europea. Si un ayuntamiento se extralimita en el ejercicio de sus competencias o está en una grave situación de tesorería, el Estado y la comunidad autónoma respectiva deben adoptar medidas que lo solucionen para el bien de los ciudadanos del municipio en cuestión. Esto mismo sucede, y es bueno que suceda, con las comunidades autónomas respecto al Estado y, como en el presente caso, con el Estado respecto a la Unión Europea.
Quienes hablan de soberanía mancillada y de pueblo humillado utilizan un lenguaje del siglo pasado, el lenguaje del orgullo nacional que confunde a la patria con el Estado. Los tanques de Hitler ocuparon sucesivamente Checoslovaquia, Polonia, Francia, Bélgica, etcétera. La UE no ocupa nada que le sea ajeno, precisamente existe para que ello no suceda y se limita, simplemente, a ejercer sus competencias, aquellas que les otorgan los tratados, expresión de la voluntad de los ciudadanos de los estados que los suscribieron.
Así pues, ¿quién nos interviene? En todo caso, si de intervención se trata, estamos intervenidos por nosotros mismos.
Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
La Vanguardia (14.06.2012)
