Carles Castro.- La política de mano dura con las autonomías, convertidas en el chivo expiatorio del déficit público y la crisis, ha empezado a encontrar un terreno fértil en el imaginario colectivo de los españoles. Los propósitos de desmantelar gradualmente el Estado autonómico y de recentralizar España cuentan, por primera vez, con el aliento de un número creciente de ciudadanos. A día de hoy, uno de cada cinco españoles apoya un modelo de Estado con un único gobierno central, sin autonomías, según el barómetro del CIS de julio. Y esa cifra (en torno al 22%) significa que en apenas un año la tasa de españoles partidarios del Estado centralizado ha subido más de siete puntos.
La magnitud de esas preferencias adquiere especial relieve porque, en paralelo, el porcentaje de españoles partidarios de que las comunidades tengan menos autonomía que en la actualidad, supera el 17%. Es decir, en total, casi el 40% de los ciudadanos respaldan una política de recorte o incluso de desguace del autogobierno. Y al mismo tiempo, la cifra de partidarios del actual modelo territorial ha sufrido un desplome de casi doce puntos en los últimos dos años, aunque la caída supera los 23 puntos si se toma como referencia el máximo respaldo, alcanzado en el 2006. Esta evolución se complementa con una visible reducción de la tasa de partidarios de impulsar un mayor grado de autogobierno.
Sin embargo, es la evolución histórica a largo plazo la que evidencia la magnitud de los cambios que se han registrado en las preferencias de los españoles sobre el modelo territorial. Así, hay que remontarse al periodo de la transición y a la primera mitad de la década de los 80 para encontrar tasas de rechazo al Estado autonómico similares o superiores a las actuales. Sin olvidar que hasta 1984 los partidarios del modelo autonómico sumaban también un porcentaje similar al de hoy en día: el 31%.
A partir de ahí, el desarrollo del Estado de las autonomías y su generalización contribuyeron a diluir los recelos, de modo que en la década de los noventa la tasa de apoyo al modelo territorial vigente superó el 40% de los consultados. Y en paralelo, el porcentaje de rechazo a las autonomías cayó al 14%. Ese proceso se aceleró en la segunda mitad de la década, probablemente influido por el hecho de que, a partir de 1995, el centroderecha español llegó a gobernar diez de las 17 autonomías y, en consecuencia, interiorizó el Estado autonómico
Curiosamente, el discurso antinacionalista y neocentralista de la segunda legislatura de José María Aznar tuvo efectos que tal vez su autor nunca llegó a prever. Así, el apoyo al Estado autonómico se consolidó al alza (hasta alcanzar a la mitad de los españoles) y, paralelamente, cayó a mínimos históricos (un 9%) la tasa de rechazo a la descentralización. En cambio, las ansias de autogobierno se multiplicaron, y casi un 30% de los españoles apostó por ampliar la autonomía de las comunidades.
El máximo nivel de apoyo al Estado autonómico actual se registró en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la aprobación por las Cortes del Estatuto catalán. En diciembre del 2006, más del 54% de los consultados apoyaba el modelo descentralizado en vigor, mientras que se reducía al 20% la cifra de quienes anhelaban un mayor grado de autogobierno (y se mantenían en torno al 8% los partidarios de reconocer el derecho a la autodeterminación, la mayoría de los cuales se han venido concentrando en Catalunya, Euskadi, Navarra y Baleares). Y al mismo tiempo, sólo uno de cada diez ciudadanos apostaba entonces por volver al Estado centralizado.
Las cosas comenzaron a cambiar en el 2010, después de que la crisis adquiriera carta de naturaleza. Es verdad que el CIS introdujo una nueva variante en el panel de preguntas: la opción de reducir la autonomía de las comunidades pero sin suprimirla del todo. Sin embargo, esa alternativa de involución suave no restó fuerzas, sino al contrario, a los partidarios del Estado centralizado, que en el 2010 crecieron de nuevo hasta el 14%. En conjunto, uno de cada cuatro españoles se mostraba entonces parcial o totalmente en contra de la descentralización y sólo un 42% (doce puntos menos que cuatro años antes), a favor de la autonomía.
La evolución posterior refleja hasta qué punto la eficaz campaña de desprestigio de las autonomías ha calado en la ciudadanía. El apoyo al Estado autonómico vigente ha caído a mínimos históricos (poco más del 30%) y se ha reducido simultáneamente (hasta un inédito 12%) el contingente de respaldo a un mayor autogobierno de las comunidades. Y la involución autonómica ya cuenta de nuevo con un nutrido público: cuatro de cada diez españoles.
