Uno de los problemas que más obstaculiza el desarrollo normal de la vida política catalana es el desprecio por el derecho. Ello condujo al fracaso del nuevo Estatut, obviamente inconstitucional; se manifestó en la bochornosa manifestación contra la sentencia del TC, y ha frustrado la reforma de la financiación autonómica al empeñarse la Generalitat en utilizar la vía del concierto vasco, aun sabiendo de antemano que es constitucionalmente imposible.
Tantos errores no son casualidad, quieren perder pleitos para hacerse las víctimas, utilizan el derecho como arma política y de enfrentamiento en lugar de instrumento para la justicia y la concordia. Con esta mentalidad destruyen la misma esencia del derecho, exactamente su razón de ser.
Ahora estamos en una nueva fase dentro de la misma filosofía. Por ejemplo, se intentan minimizar las dificultades que ofrecerán las relaciones con la Unión Europea. Ignorar las reglas jurídicas y sustituirlas por mera voluntad política es desconocer que la UE es una comunidad de derecho. En los países democráticamente desarrollados la voluntad del pueblo se expresa a través de los procedimientos que señalan las leyes. Y las normas europeas -en este caso los tratados constitutivos que, como el adjetivo indica, son equivalentes a una constitución- establecen unos cauces que no pueden ser vulnerados. Veamos.
En primer lugar, un Estado no se constituye como tal con el mero impulso de su voluntad, es decir, mediante una declaración unilateral de independencia, sino que debe ser reconocido por los demás estados y por las organizaciones internacionales, es decir, por lo que se denomina comunidad internacional. Sólo entonces, una vez obtenido este reconocimiento, adquiere personalidad jurídica internacional y puede iniciar el proceso para solicitar el ingreso en todo tipo de organismos tales como la ONU, la OTAN, la Unesco, la OMC, la OIT, etcétera. Una Catalunya independiente debería pasar en primer lugar por esta fase, que, como es natural, lleva un tiempo.
En segundo lugar, el procedimiento para ser admitido como miembro de la UE no es sencillo. Dos son sus principales fases. Primera, ser aceptado como candidato a negociar el ingreso, lo cual requiere la unanimidad de los 27 estados miembros (que pronto serán 28). Segunda, una vez obtenida la condición de candidato debe ser admitido como Estado miembro, para lo cual también requiere la unanimidad y, además, la ratificación uno por uno de todos los demás estados miembros. En esta fase, la Comisión Europea y los estados deberán, en su caso, establecer las condiciones específicas que se pueden exigir a Catalunya para entrar en la Unión.
Todo este proceso, aun en el caso de que ningún Estado se opusiera a la entrada de Catalunya, es lento y trabajoso, no menos de tres o cuatro años. Y si algún Estado quisiera añadir condiciones adicionales a la admisión, como es frecuente, el proceso se alargaría todavía más. En el entretanto, Catalunya tendría la consideración de Estado tercero y sus fronteras con España y Francia se habrían convertido en fronteras exteriores de la Unión Europea.
Como sostiene una muy reputada especialista en la materia, la catedrática Araceli Mangas («Construir la casa catalana por el tejado», El Mundo, 15/X/2012), en esta transición hacia la UE las mercancías, servicios, empresas y capitales catalanes deberían pagar «los aranceles que pagan los productos rusos, argentinos, japoneses por venderse en cualquier Estado miembro». [A SU VEZ]»Catalunya podrá poner aranceles a los productos comunitarios. Ni los ciudadanos y empresas catalanas tendrán derecho de establecimiento ni derecho al trato comunitario en tanto no se celebren acuerdos para su estatuto de Estado tercero. Las empresas y productos catalanes serán productos y empresas extranjeras en toda la UE. Los ciudadanos de Catalunya dejarán de ser ciudadanos de la Unión; las normas son claras y contundentes, la ciudadanía de la Unión se adquiere y se pierde automáticamente con la nacionalidad de un Estado miembro y pasan a ser extranjeros en toda la UE, salvo que opten por mantener la ciudadanía española. No habrá elecciones al Parlamento Europeo en Catalunya. No habrá ayudas de los fondos europeos».
No dudo que un Estado independiente catalán, con el tiempo, acabará integrándose en la UE. Pero no serán las 24 horas previstas por Artur Mas, ni siquiera 24 meses, sino tres, cuatro o cinco años, si todo va bien. Tras este periodo, la situación económica y social de Catalunya habrá cambiado, seguramente a peor, y algunos mercados, justamente los más próximos, se habrán perdido, quizás para siempre.
El pasado viernes Mas declaró a La Vanguardia que el camino sería duro, muy duro, y que estaba dispuesto para el sufrimiento. Me pregunto: ¿entonces para qué emprender el camino?, ¿para alcanzar la «plenitud nacional», ese insoslayable y peligroso misterio?
Sé el primero en comentar en «Las 24 horas de Mas»