En el libro I de La República de Platón (427- 347 a C.) aparece un diálogo entre Sócrates y Trasímaco, orador y maestro de retórica. En el texto, Trasímaco mantiene que la Justicia es el medio del que se vale el que manda para obtener provecho del que obedece; la justicia no es otra cosa que lo más conveniente para el más fuerte, el cual consigue que los dominados asuman como propios los valores y propuestas del dominador; es decir el poderoso hace pasar por contenido ético de Estado sus propios intereses. Sócrates, sin mostrar desacuerdo con esas afirmaciones, matiza que, en ocasiones, la voluntad del más fuerte transformada en Derecho es de imposible cumplimiento por el autor y beneficiario de la situación.
He aquí dos posiciones que mutatis mutandi están presentes en la España de nuestros días, la una como hecho evidente y diario y la otra como guía para la acción por parte de la izquierda o por parte de quienes quieran cambiar este estado de cosas.
Cuando la calle y muchas organizaciones políticas y sociales que se sitúan en el campo de la izquierda asumen conceptos como el mercado, la competitividad o el crecimiento sostenido como únicas vías para producir empleo y alcanzar un estado de satisfacción de las necesidades básica no hace otra cosa que hacer buenas las palabras de Trasímaco. Es muy corriente escuchar en la calle o en tertulias de variada condición que la responsabilidad de lo que está pasando está originada porque “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Tampoco es extraño leer en pretendidas sesudas editoriales que el Estado de Bienestar es imposible de mantener debido a sus altos costes. No falta quien declara de manera altisonante que la prestación de los servicios públicos es más eficiente cuando lo hace la iniciativa privada. Y ni me estoy refiriendo a palabras pronunciadas por políticos o intelectuales orgánicos del sistema sino por ciudadanos corrientes y molientes que abducidos por el discurso oficial defienden directa o indirectamente la sumisión o cuando mucho entran en la descalificación de los políticos como autores únicos de los desaguisados y desarreglos.
Cuando el ministro Wert confiesa paladinamente que la religión en la escuela es una opción política o cuando afirma categóricamente que no pretendo que la educación sea un mundo al margen de la ideología no sólo está desmontando el discurso tramposo del fín de las ideologías tan usado por la derecha sino que señala a cierta izquierda progresista algo que ésta ya había olvidado. La ideología es el conjunto de valores e ideas que vertebran una conducta social; es in separable de la acción y de la vida cotidiana y por ende de la Política.
La conclusión es clara: debemos retomar los valores, los principios, los hábitos, las grandes palabras y los grandes conceptos ligados a nuestros proyectos y en consecuencia hablar sin miedo del reparto del trabajo y de la riqueza, del vivir de otro modo para que todos podamos vivir, de la honestidad personal como base irrenunciable de la honestidad política, de la abolición de la obsolescencia programada, de la obligatoriedad militante de realizarse culturalmente, de la curiosidad por saber y conocer y de la laicidad en todos los ámbitos de la vida, y no me refiero solamente a la laicidad como contraposición a lo religioso. Quiero decir sin ambages ni circunloquios que el reforzamiento ideológico-cultural en nuestras filas es, en todas las épocas pero en esta especialmente, la base sin la cual no hay militancia ni capacidad de movilización. La movilización es algo más que la algarada.
El combate de cada día contra la derecha y los que piensan y actúan en derecha, no puede ser siempre frontal ni enrocado en consignas más ruidosas que sugerentes para la gran masa. Cuando Sócrates plantea que a veces el poder no puede cumplir su propia legalidad pareciera que está hablando de los gobiernos habidos en España y especialmente el actual. Con la Constitución actual en la mano, por no decir con la Declaración de DDHH, el Gobierno está fuera de la Ley. Esa es una circunstancia que debemos aprovechar con inteligencia, rotundidad y con más frecuencia. Situar al adversario fuera de la ley que dice representar y defender es buscar la deslegitimación y descalificación del mismo ante esa opinión pública, e incluso publicada. Reparen los lectores en el reduccionismo que se está haciendo con la Declaración antes citada; léanla y observarán como a partir del artículo 21 desaparecen todas las referencia en discursos, editoriales y tertulias.
Si conseguimos que ante la mayoría social (la que nos interesa) quede demostrada la falta de legalidad y legitimidad del Gobierno y los poderes a los que sirve habremos empezado a socavar el andamiaje tramposo al que se refería Sócrates.
Julio Anguita, Mundo Obrero, 30-12-2012
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