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En relación a esta noticia, destaca la siguiente de LVdB: EL PSC DA DOS AÑOS AL GOBIERNO PARA QUE PERMITA CELEBRAR UN REFERENDO SECESIONISTA ‘LEGAL’ SOLO EN CATALUÑA CiU y ERC retiran la referencia de ‘constituir Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo’, recogida en su propuesta de declaración inicial, y dejan al PSC contra las cuerdas, que justificaba su rechazo al texto de Mas y Junqueras por ese motivo. Dos años. Ese es el plazo que el PSC pretende dar al Gobierno para que realice ‘las reformas legales necesarias’ para celebrar un referendo secesionista en Cataluña -pese a que eso, en realidad, corresponde a las Cortes Generales-, según recoge la propuesta de declaración aprobada este lunes por la Comisión Ejecutiva del partido. Sin embargo, la propuesta, con la que el PSC pretendía justificar su oposición o abstención ante el texto planteado por Mas y Junqueras, llega tarde. Mientras los socialistas catalanes preparaban un documento alternativo, CiU y ERC acordaban modificar la declaración inicialmente negociada para eliminar la referencia a ‘hacer efectiva la voluntad de constituir Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo’, y así tratar de conseguir que ICV-EUiA y, sobre todo, el PSC puedan apoyarla. Ahora, la formación liderada por Pere Navarro se enfrenta a un serio dilema -uno más-: si rechaza apoyar en el Parlamento autonómico la nueva propuesta de CiU y ERC -casi idéntica a la presentada por el propio PSC-, los sectores más nacionalistas tendrán nueva munición para cargar contra ellos, no sin razón; si la secundan, el PSC aparecerá ante la ciudadanía como un apéndice de CiU y ERC en un nivel de radicalidad desconocido hasta ahora, y el PSOE tendrá difícil explicar a sus simpatizantes del resto de España la posición de su marca blanca en Cataluña. En cualquier caso, el texto aprobado por la dirección del PSC parece redactado con un único e inaudito objetivo: lograr que los votantes catalanes del PSOE que todavía se sienten identificados con el PSC dejen de hacerlo y busquen otras alternativas. ‘Malestar fiscal’, ‘injusticia’ inversora, y bilingüismo escolar ‘inadmisible’ A lo largo de cuatro páginas, la exposición de motivos de la declaración del PSC dibuja un escenario catalán apocalíptico supuestamente causado por las políticas de ‘Estado español’. ‘La Sentencia del Tribunal Constitucional, que modifica el Estatuto aprobado en referendo por una mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, fue interpretada por muchos como la confirmación de que las ansias de autogobierno de buena parte de los catalanes y de las catalanas no cabían ya en la Constitución española’ reza el texto. Y añade: ‘La nueva financiación acordada en 2009, que pretendía frenar el creciente malestar fiscal catalán, ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del principio de ordinalidad. Además, la percepción de un exagerado déficit fiscal se ha visto agravada con motivo de la crisis económica. A estos problemas se añade la sensación de injusticia sobre las inversiones públicas del Estado en Cataluña, la acumulación de incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos de España del modelo de financiación acordado a partir de lo que dispone el nuevo Estatuto y la falta de sensibilidad suficiente sobre la realidad pluricultural y plurilingüística de España. En este último aspecto hay que subrayar el inadmisible intento del actual Gobierno de España de cuestionar el modelo lingüístico de la escuela catalana con más de 30 años de vigencia’. ‘Reforma federal’ de la Constitución Ante este panorama, el PSC plantea ‘una reforma federal’ de la Constitución que, entre otras cosas, fije ‘el límite al ejercicio competencial de cada administración’ para ‘hacer realidad el principio según el cuál el autogobierno permita el desarrollo integral de políticas propias’ de las CCAA; permita que ‘la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos de carácter general soportados en Cataluña corresponda a la Agencia Tributaria de Cataluña’, un consorcio entre Gobierno y Generalidad presidido por esta última; que el sistema de financiación autonómico respete ‘de forma escrupulosa’ el principio de ordinalidad; que reforme el Senado para convertirlo en Cámara territorial; y permita que las CCAA puedan representar al Gobierno en el ámbito internacional; y que reconozca el ‘carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado’. En ese sentido, el PSC quiere que en la Constitución ‘ha de quedar claro’ que se ‘ampara el reconocimiento de la realidad nacional catalana, de sus símbolos nacionales y de la continuidad histórica de las instituciones de la Generalidad, aspectos que determinan una posición singular de la Generalidad en el Estado‘. También piden que la Carta Magna considere legal la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, que actualmente sigue aplicándose pese a estar prohibida por los tribunales. Un referendo legal en dos años La propuesta de resolución del PSC ‘insta al Gobierno [autonómico] de la Generalidad a negociar y acordar con el Gobierno de España, en el plazo de dos años, las reformas legales necesarias para que los ciudadanos de Cataluña puedan ejercer el derecho a decidir el futuro de las relaciones Cataluña-[resto de] España’. Además, el Gobierno autonómico debería informar a la Cámara autonómica, ‘como mínimo cada cuatro meses, sobre la evolución del proceso negociador’. Y se impulsaría ‘la creación de una comisión de estudio para establecer, en el plazo de un año, los elementos que deberían conformar una propuesta de reforma constitucional’ por parte del Parlamento autonómico. “Estamos de acuerdo en la consulta [secesionista], y a la vez queremos impulsar el cambio constitucional y la construcción de un Estado federal, […] y volver a reiniciar las negociaciones por el pacto fiscal. Conservamos la discrepancia [con el PSOE] sobre el derecho a decidir, pero no renunciamos a seguir dialogando con el PSOE expresando nuestros argumentos y nuestras propuestas”, ha explicado Navarro durante la presentación de su propuesta de resolución.

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