El Tribunal Europeo de Derechos Humanos paraliza el desahucio de una madre con dos hijos en el barrio de Vallecas

Los desahucios sin alternativa de alojamiento constituyen violaciones de derechos humanos

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) , PAH de Madrid

El IVIMA debe suspender todos los desahucios y cumplir su función de garantía de vivienda

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha paralizado por primera vez el desahucio de una madre de 24 años con dos hijos pequeños en el barrio de Vallecas de la única vivienda con que cuentan desde hace tres años. En su día accedieron al piso tras comprobar el estado de abandono del inmueble y tras solicitar sin éxito vivienda en varias ocasiones. La vivienda forma parte del parque de viviendas públicas que el IVIMA mantiene vacías.

El Tribunal de Estrasburgo ha pedido explicaciones al Estado español ante la orden de desahucio de la familia, que no cuenta con posibilidades reales de encontrar vivienda por su falta de ingresos, señalando que un desalojo en estas condiciones puede suponer un trato inhumano o degradante así como una medida desproporcionada en una sociedad democrática. El IVIMA se justificó alegando la existencia de una “amplia red de servicios sociales” sin concretar en absoluto dónde dormiría al día siguiente la familia. Para el TEDH estas explicaciones son insuficientes, por lo que ha ordenado la paralización cautelar del desahucio hasta estudiar en profundidad el caso.

De acuerdo a esta resolución, el IVIMA podría estar cometiendo violaciones de derechos humanos al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa de alojamiento, incumpliendo lo establecido en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 3 prohíbe la tortura y los tratos degradantes o inhumanos. El artículo 8 prohíbe, entre otras cuestiones, el acceso al domicilio familiar por parte de las autoridades cuándo la medida es desproporcionada a los fines perseguidos dentro de un contexto de sociedades democráticas.

En los desahucios ejecutados por el IVIMA no se prevén alternativas de alojamiento, por lo que la resolución del Tribunal Europeo es extensible a la mayoría de desalojos que se tramitan en la actualidad, que podrían suponer violaciones de derechos humanos, incurriendo en responsabilidades graves y obligación de reparación a las víctimas. 

Sería vergonzoso que el organismo encargado de garantizar vivienda para las personas vulnerables fuera condenado por violación de derechos humanos. Pero más grave sería que se continuase con los desalojos ante el serio aviso recibido.  

Existen miles de viviendas vacías. Existen miles de personas sin hogar.

En consecuencia, EXIGIMOS a los responsables del organismo público IVIMA que ordenen el cese inmediato de los desalojos  a la espera de la resolución definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y más allá de eso, adopten todas las medidas necesarias para garantizar que el IVIMA cumpla con su función fundamental, el amparo público de la población a la que el mercado niega el acceso a una vivienda.
 
En Madrid, a 14 de enero de 2013.

Mundo Obrero (14.01.2013)