El Informe de la Fiscalía por el que se solicita al juez que impute a Oriol Pujol por el caso de las ITV es demoledor para el hijo del ex presidente de la Generalitat y para su partido. El secretario general de Convergència aparece en la documentación remitida al juez como la llave política que permitió poner en marcha la operación para amañar el concurso de las ITV. El objetivo final, según las grabaciones, era lucrarse personalmente. Es la primera vez que se visualiza con una imputación formal que para los Pujol el nacionalismo ha sido una manera de buscar su enriquecimiento. Ya existe pues la prueba, avalada por numerosas grabaciones realizadas con autorización judicial, de que el «Espanya ens roba» era una cortina de humo que ocultaba otra realidad: «Els Pujol ens roben».
Según nuestras fuentes, el informe de la Fiscalía es rotundo al afirmar que Oriol Pujol «utilizó su capacidad de influencia ilimitada» para lograr sus propósitos espurios. Repasa paso a paso su intervención en el caso y describe cómo se aprovechó de su condición de líder del partido y de presidente del grupo parlamentario para colocar a personas de su confianza en puestos clave y facilitar así las operaciones. También detalla cómo se pactó su participación en la sociedad que se beneficiaría de la trama. Se le presenta como la clave de bóveda para que todo el tinglado funcionara.
Pujol sugirió ayer que dimitirá cuando la imputación sea formal, pero tuvo la poca vergüenza de apuntar que esa eventual retirada sería un gesto para no obstaculizar el proceso independentista iniciado por Artur Mas, sugiriendo que detrás de la actuación judicial existe una operación contra Convergència. «Nadie debe estorbar en el proceso histórico iniciado por este partido», dijo, casi como anunciando su sacrificio.
Es de un cinismo atroz que Oriol Pujol trate aún de presentarse como un héroe de la patria catalana. Las pruebas recogidas son lo suficientemente graves para su bochorno eterno. Alguien que se dedicó a montar una red institucional y empresarial en su beneficio debería quedar apartado para siempre de los asuntos públicos. Estamos hablando además del hereu político de Jordi Pujol, la persona llamada a relevar a Mas, que sólo debía de ser un paréntesis en la saga.
Estos días, tanto Rull -secretario de Organización de Convergència- como Macias -portavoz de CiU en el Congreso- han exigido al PP «coherencia» y explicaciones «claras» a la ciudadanía por el caso Bárcenas. Que se apliquen el cuento. En su caso lo tienen aún más fácil, porque el informe del Ministerio Público no dice nada de financiación del partido: lo que se llevaba Pujol era todo para él y sus facinerosos amiguetes.
La suerte que ha tenido Oriol Pujol es que la sospechosa filtración de las investigaciones que llevaba el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona puso en alerta a los implicados e impidió que consiguieran sus propósitos. Pese a que sigue existiendo delito, de resultar condenados Pujol y sus compinches lo serían de acuerdo al tramo menor de la pena: en lugar de dos años de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer cargo público, podría bastar con que pagaran con seis meses de prisión y tres años de inhabilitación.
El Mundo-Editorial (5.02.2013)
