La imputación demuestra que la democracia y el Estado de derecho funcionan en España
El auto de imputación de la infanta Cristina ha de contemplarse desde dos vertientes.
Por un lado, supone un indiscutible triunfo del Estado de derecho y de algunos de sus principios básicos como son la separación de poderes y la independencia judicial. Ello no debe desligarse de otra idea fundamental que refuerza el carácter democrático de nuestra monarquía parlamentaria: la Corona es un órgano del Estado de igual rango que los demás órganos constitucionales tal como demuestra el hecho de que un miembro de la familia real, es decir, de la familia directa del Rey, titular de la Corona, pueda ser imputado por un juez de instrucción. Es decir, si bien no existe control político sobre la actividad de la Corona, ya que no tiene poderes políticos, si existe control jurisdiccional sobre las actividades privadas de la familia real en virtud del principio de igualdad ante la ley.
Ahora bien, no es menos cierto que la imputación de la infanta Cristina supone un golpe al prestigio de la institución real, tanto por el hipotético mal comportamiento de la hija del Rey como por la no vigilancia que sobre dicho comportamiento ha llevado a cabo su padre. Si la ejemplaridad es uno de los condicionantes que legitiman el ejercicio de la facultad de reinar, las dudas sobre dicha ejemplaridad que siembran alguno de los familiares directos del Rey afectan a este. Dicho todo ello desde la evidencia que la situación de imputado no prejuzga la de ser acusado y mucho menos la de ser culpable. Sin embargo, un cierto daño ya se ha producido.
Mucho más si se lee con detenimiento el fundamentado auto del juez Castro. En el mismo se señalan indicios más que suficientes, aunque no evidencias -como señala el mismo auto-, para justificar que la esposa de Iñaki Urdangarin comparezca en sede judicial para dar explicaciones sobre algunos hechos que a primera vista parecen incomprensibles, tal como repetidamente se dice en dicha resolución. El núcleo básico a dilucidar es si la Infanta fue un instrumento consciente de los manejos supuestamente ilícitos de su marido a través de la fundación que este presidía. Nada puede decirse sobre el resultado final de tales indagaciones hasta que su alteza preste declaración ante el juez. Ahora tiene ocasión de aclarar todas las dudas que ha suscitado su actuación durante estos últimos años. Está en su mano aprovecharlas para disipar sospechas.
Todo ello es signo de que el Estado de derecho goza en España de una razonable buena salud. Que una Infanta de España comparezca ante un juez no es más que la prueba de que la democracia funciona.
Francesc de Carreras (Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB)
La Vanguardia (5.04.2013)
