¿Por qué debemos los ciudadanos cumplir las leyes si los gobernantes no las cumplen y alardean de ello?
Si los jueces deben aplicar la ley y sólo la ley, el auto del Tribunal Superior de Justicia Catalunya sobre las lenguas en la enseñanza es impecable. Nadie, tras leerlo, puede ponerlo en duda aunque no sepa derecho, sólo basta que sepa razonar. Si dos más dos son cuatro, cuatro más cuatro son ocho. ¿Verdad que no hace falta ser matemático para sostener que este razonamiento es impecable?
La cuestión en litigio es si la enseñanza primaria y secundaria debe impartirse sólo en catalán o también debe utilizarse el castellano. La resolución judicial no dice, como han manipulado los medios de comunicación, que si un alumno lo pide toda la clase debe ser impartirse en castellano. Lo que dice, simplemente, es que deben usarse ambas lenguas: lo dice el auto porque lo dice la ley.
La ley catalana de 1983 que regulaba el uso de las lenguas establecía que tanto catalán como castellano debían ser utilizadas en las aulas. Era una buena ley, hecha con sensatez. Pero inmediatamente fue incumplida por la Generalitat. Hace casi veinte años, en 1994, el Tribunal Constitucional advirtió que, si bien por razones históricas (es decir, los cuarenta años de franquismo) el catalán podía ser considerado como el «centro de gravedad» del sistema lingüístico de la escuela, el castellano también debía ser utilizado como lengua de uso habitual.
Esta razonable posición, favorable al predominio del catalán, no sólo se incumplió sino que fue interpretada interesadamente como una autorización para que el catalán fuera única lengua de uso en la escuela. Así lo establecieron la ley de política lingüística de 1998 y el nuevo Estatut de Catalunya. En la sentencia famosa sobre éste, el Constitucional reiteró lo que ya había dicho en 1994, nada nuevo. Ahora los tribunales ordinarios se limitan a aplicar, como es su obligación, esta doctrina.
Por esto digo que el auto es impecable: el juez es independiente de todo excepto de la ley, a la que está absolutamente sometido. Pero también están sometidos los demás poderes públicos, empezando por el Govern, que de forma reiterada no cumple las resoluciones judiciales y dice que no piensa cumplirlas. No sé si son conscientes que ello puede ser constitutivo de delito, quizás de varios, esperemos que la Fiscalía actúe. En otro caso, ¿por qué debemos los ciudadanos cumplir las leyes si nuestros gobernantes no las cumplen y, además, alardean de ello?
Por último, todo el asunto es una lamentable farsa. Acudan ustedes a la página web de la Escola Aula, en la que han estudiado el president Artur Mas y sus hijos, y comprobarán que allí se cumple la doctrina que aplican los tribunales y que rechaza el Govern: se enseña en catalán y en castellano. Una escuela privada, claro, pero igualmente sometida la ley. En Catalunya la ley no es igual para todos.
Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional
La Vanguardia (13.04.2013)
