“La ola de austeridad económica que ha azotado Europa tras la gran recesión amenaza con dañar seria y permanentemente al tan preciado modelo social del continente […] La austeridad sólo ha conseguido paralizar el crecimiento de Europa […]. Y lo que es peor, contribuye al aumento de las desigualdades que harán que esta situación de fragilidad económica perdure, exacerbando innecesariamente el sufrimiento de las personas en situación de desempleo y pobreza durante muchos años”.
Estas apreciaciones proceden de una persona nada sospechosa de ser de izquierdas. Es la reflexión del conocido economista, Premio Nobel de Economía, Josep Stiglitz, en el preámbulo al 174 Informe de Intermón-Oxfam titulado “La trampa de la austeridad” y que con el subtítulo “El verdadero coste de la desigualdad en Europa” ha sido presentado estos días. Expondré algunas interesantes pinceladas de ese estudio.
Después de casi tres años, las políticas de austeridad no sólo no han cumplido con sus objetivos, sino que continúan cobrándose un elevado coste social. Dichas políticas se han aplicado en toda Europa apoyándose en una fiscalidad regresiva y corta de miras y han perjudicado especialmente a las personas más pobres y vulnerables. El paro juvenil y de larga duración ha alcanzado un nivel sin precedentes en los países europeos y toda una generación de jóvenes se enfrenta a años de desempleo. En 2011, unos 120 millones de personas en toda la Unión Europea vivían en la pobreza. Según los cálculos de Oxfam, si las medidas de austeridad se mantienen, esta cifra podría incrementarse entre 15 y 25 millones en 2025.
Existen claras semejanzas entre la experiencia europea y las políticas de ajuste estructural impuestas en América Latina, el Este Asiático y África subsahariana en las décadas de 1980 y 1990. En esas zonas del planeta, los recortes o la privatización de servicios básicos como la educación y la salud excluyeron a las personas más pobres y perjudicaron especialmente a las mujeres. Entretanto, los más ricos en cada sociedad vieron cómo su participación en el total de ingresos aumentaba rápidamente. A pesar de la moraleja que podemos extraer de esta historia, Europa sigue entregada a la austeridad, sin mostrar consideración alguna por lo aprendido en el pasado.
Como recomendaciones para enmendar esta deriva neoliberal, el Informe plantea, entre otras, las siguientes: 1. Invertir en las personas y en el crecimiento económico dando prioridad a programas que fomenten el gasto social y la creación de empleo. 2. Invertir, así mismo, en los servicios públicos, garantizando una educación pública, universal y de calidad para todas las personas. 3. Potenciar una atención sanitaria, universal y de calidad. 4. Desarrollar programas de protección social que permitan a las personas más vulnerables vivir con dignidad y salir de la pobreza. 5. Fortalecer la democracia en el ámbito laboral y en el institucional, con la garantía de una mayor transparencia y rendición de cuentas en los procesos políticos. 6. Implantar sistemas fiscales justos, con medidas que incluyan impuestos a la acumulación de riqueza y una tasa sobre las transacciones financieras. Al tiempo, hacer frente a la evasión fiscal, mejorando la transparencia y el intercambio de información financiera y desarrollando nuevas leyes internacionales sobre fiscalidad que incluyan los paraísos fiscales.
Éstas son las principales recomendaciones. Juzguen ustedes cuántas se cumplen por nuestro Gobierno. La muerte de Amparo -una víctima más de los desahucios-, acuciada al desalojo de su vivienda social por una deuda de ¡900 euros! contraída con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) es el caso más dramático. Pero hay más ejemplos de la deriva antisocial de este Gobierno: el anuncio de la revisión de la cuantía de las pensiones actuales, que va a conducir a una más que segura pérdida del poder adquisitivo de las mismas; una reforma laboral que ha multiplicado exponencialmente las cifras de paro; el anuncio de Sanidad de que, a partir del 1 de octubre, los enfermos crónicos no residentes han de hacer frente al copago de hasta 42 medicamentos dispensados en farmacias hospitalarias, en una cuantía del 10% del precio de los mismos y con un límite de 4,2 euros por fármaco; la paralización ‘de facto’ de la aplicación de la ley de la dependencia; los ataques a la educación pública, con una disminución de las plantillas docentes, en el curso 2012-13, de 19.253 personas (datos del propio Ministerio de Educación y Ciencia) cuando en la privada y concertada aquéllas aumentaron en casi un millar, dato al que se suma la subida de las tasas universitarias y la disminución de las partidas destinadas a becas en un 80% en dos años… En contra de las recomendaciones, pues, de Intermón, la crisis económica es un pretexto que se ha venido esgrimiendo para proceder al desmantelamiento de las conquistas sociales de los últimos años. Quienes nos gobiernan parecen empeñados en conducirnos irremisiblemente a una situación de más pobreza y desigualdad.
Diego Jiménez García, Tercera Información, 24-09-2013
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