Calificar las citaciones de “juicio político” y “anomalía democrática” representa, sin paliativos, tachar al Tribunal de prevaricador en cuanto se atribuye a sus decisiones una motivación y finalidad espuria
Hace tiempo dije: “Desde cualquier vertiente que se examine, el 9-N es incompatible con las exigencias de un Estado
Democrático de Derecho”. En aquel momento no valoré la relevancia penal de dicho proceso. Pero, semanas después, comenzaron a ejercerse acciones penales contra los responsables políticos del mismo por diversos delitos. Acciones que fueron resueltas, por razón del privilegio del fuero de parte de los denunciados, entre ellos el president Mas, por el Tribunal Superior de Justicia. Tribunal constituido por seis magistrados de acreditada competencia y de un amplio espectro ideológico, es más, uno de ellos fue elegido por el Parlament a propuesta de CiU. Y, el 8 de enero de este año, dictó un Auto en el que razonadamente admitía a trámite las denuncias y querellas presentadas limitándolas, en principio, al delito de desobediencia grave a la Autoridad, representada por el Tribunal Constitucional.
Según la Resolución judicial, después de que este Tribunal, el 4 de noviembre, “suspendiera” la celebración de la consulta y de todos los actos derivados de la misma, el president Mas y otros miembros del Gobierno “no acataron” la decisión jurisdiccional y ejecutaron, con un evidente desafío, un proceso que había sido terminantemente prohibido.
Podrá discutirse o no si el tiempo transcurrido desde la apertura de la causa hasta ahora ha sido excesivo, pero ello en modo algu
no afecta al núcleo de los hechos que han motivado la apertura de la misma. Pero, lo que en ningún caso es admisible es que el Gobierno catalán, ante las citaciones judiciales de los denunciados, vuelva a reproducir un modo de comportamiento que representa la ofensa y el menosprecio del Tribunal que los ha citado. Calificar las citaciones de “juicio político” y “anomalía democrática” representa, sin paliativos, tachar al Tribunal de prevaricador en cuanto se atribuye a sus decisiones una motivación y finalidad espuria, de inspiración política, y por tanto incumpliendo el deber que debe presidir cualquiera de sus decisiones, “el sometimiento a la Constitución y al imperio de la Ley”.
Y, lo que es aún más grave, dichas descalificaciones no se sustentan en argumento alguno. Es, objetivamente, una acusación vejatoria y mucho más si procede de dirigentes políticos que utilizan torcidamente su legitimidad democrática para defender sus intereses personales y ampararse en la impunidad. Ellos sí que constituyen una “casta” política. Y ello, para descalificar a un Poder Judicial que saben, más allá de un comunicado, que habrá de soportar, eso sí con dignidad, su ultraje ante la opinión pública. Es la quiebra de nuestra democracia practicada por líderes como el president Mas que así hacen olvidar a sus ciegos seguidores que su partido, CDC, está pendiente de un juicio por el expolio del Palau de la Música, que penden juicios contra el que fuera dirigente de su partido Oriol Pujol y contra casi toda su familia, especialmente el expresident defraudador y otros muchos procesos, todos por corrupción. Líder de un partido que durante 2013, año de inicio del proceso soberanista, debía a la Banca nueve millones de euros. En plena crisis y en una sociedad desigual, empobrecida y abandonada a su suerte.
Pero un líder aclamado y, como dijo Romeva, una “sociedad movilizada” y sumisa crean las condiciones para movimientos de signos parafascistas. Una expresión de ello han sido las concentraciones ante el Tribunal. Y no solo entusiastas seguidores sino, lo que es mas irritante, el propio Gobierno de Catalunya. Con el pretexto de acompañar a los citados a declarar, han comparecido masivamente a las puertas del Tribunal en un clima evidentemente coactivo, dado el tono airado y amenazante de los concentrados, que constituye un gravísimo abuso de poder y una evidente forma de presión sobre los magistrados, con independencia de que naturalmente no van a conseguir sus objetivos.
Parece que Catalunya se empeña en no olvidar un acontecimiento similar cuando Jordi Pujol invocó la ética ante la querella por Banca Catalana. También ahora se ha gritado por los manifestantes “fuera la justicia española”; ¿y donde estarán los jueces independientes que tienen que juzgar los numerosos procesos por corrupción en Catalunya? Porque los dirigentes de CDC que tan airadamente rechazan la jurisdicción del Tribunal Superior tienen escasa memoria sobre la importancia que, cuando les conviene, tienen los tribunales del Estado español.
Cuando la Audiencia Nacional absolvió a todos los acusados que se manifestaron ante el Parlament en Junio de 2011, el Gobierno que ahora se enfrenta tan descaradamente contra el Tribunal Superior, se apresuró a acudir al Tribunal Supremo de España consiguiendo una condena injusta de prisión para ocho de los acusados. Un ejemplo, entre muchos, de la falta de principios éticos del actual Gobierno de Catalunya que se ha expresado meridianamente con su actuación contra un Tribunal que le supera absolutamente en dignidad, profesionalidad y calidad democrática. ¿En manos de quien está Catalunya?
Carlos Jiménez Villarejo es miembro Federalistes d’Esquerres
El Plural, 15/10/2015
