Discurso completo de la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff

“Excelentísimo señor presidente del Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, Excelentísimo señor presidente del Senado Federal Renan Calheiros, Excelentísimas señoras senadoras y excelentísimos señores senadores, Ciudadanas y ciudadanos de mi amado Brasil.

El día 10 de enero de 2015 asumí mi segundo mandato a la Presidencia de la República Federativa de Brasil. Fui elegida por más de 54 millones de votos.En mi toma de posesión, asumí el compromiso de mantener, defender y cumplir la Constitución, al igual que el de observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sostener la unión, la integridad y la independencia de Brasil. Al ejercer la Presidencia de la República, respeté fielmente el compromiso que asumí ante la nación y ante aquellos que me eligieron. Y eso me enorgullece. Siempre creí en la democracia y en el Estado de derecho, y siempre vi en la Constitución de 1988 una de las grandes conquistas de nuestro pueblo.Jamás atentaría contra lo que creo o practicaría actos contrarios a los intereses de los que me eligieron.

En esta jornada para defenderme del impeachment, me acerqué más al pueblo, tuve la oportunidad de oír su reconocimiento, de recibir su cariño. Oí también críticas duras a mi gobierno, a errores que fueron cometidos y a medidas y políticas que no fueron adoptadas. Acojo esas críticas con humildad.Incluso porque, como todos, tengo defectos y cometo errores.Entre mis defectos no están la deslealtad y la cobardía. No traiciono los compromisos que asumo, los principios que defiendo o a los que luchan a mi lado. En la lucha contra la dictadura, recibí en mi cuerpo las marcas de la tortura. Cargué amargamente durante años el sufrimiento de la prisión. Vi a compañeros y compañeras siendo violentados, y hasta asesinados.

En esa época, yo era muy joven. Tenía muchos por esperar de la vida. Le tenía miedo a la muerte, a las secuelas de la tortura en mi cuerpo y en mi alma. Pero no cedí. Resistí. Resistí a la tormenta del terror empezaba a tragarme, en la oscuridad de los tiempos amargos que vivía el país. No cambié de lado. Pese a recibir el peso de la injusticia sobre mis hombros, seguí luchando por la democracia. Dediqué todos esos años de mi vida a la lucha por una sociedad sin odios o intolerancia. Luché por una sociedad libre de prejuicios y de discriminaciones. Luché por una sociedad en la que no hubiera miseria ni excluidos. Luché por un Brasil soberano, más igual y en el que hubiera justicia.

Eso me llena de orgullo. El que cree lucha.No sería ahora, a los casi setenta años de edad, después de ser madre y abuela, que abdicaría de los principios que siempre me han guiado. Ejerciendo la Presidencia de la República, he honrado el compromiso con mi país, con la Democracia, con el Estado de derecho. He sido intransigente en la defensa de la honestidad en la gestión de la cosa pública. Por ello, frente a las acusaciones que contra mí se dirigen en este proceso, no puedo dejar de sentir en la boca, nuevamente, el gusto áspero y amargo de la injusticia y de lo arbitrario.

Y por eso, como en el pasado, resisto.

No esperen de mí el obsequioso silencio de los cobardes. En el pasado, con las armas, y hoy, con la retórica jurídica, pretenden nuevamente atentar contra la democracia y contra el Estado de derecho. Si algunos le dan la espalda a su pasado y negocian por los beneficios del presente, que respondan ante su conciencia y ante la historia por los actos que practican. A mí me cabe lamentar lo que fueron y lo que se han vuelto.

Y resistir. Resistir siempre. Resistir para despertar las consciencias aún dormidas para que, juntos, hinquemos el pie en el terreno que está del lado correcto de la historia, aunque el suelo tiemble y amenace de nuevo con tragarnos. No lucho por mi mandato por vanidad o por apego al poder, como es propio de los que no tienen ética, principios o utopías por conquistar. Lucho por la democracia, por la verdad y por la justicia. Lucho por el pueblo de mi país, por su bienestar. Muchos hoy me preguntan de dónde viene mi energía para proseguir. Viene de lo que creo. Puedo mirar hacia atrás y ver todo lo que hicimos. Mirar hacia delante y ver todo lo que todavía necesitamos y podemos hacer. Lo más importante es que puedo mírame a mí misma y ver el rostro de alguien que, pese a las huellas del tiempo, tiene fuerzas para defender sus ideas y sus derechos.

Sé que, pronto, y una vez más en la vida, seré juzgada. Y es porque tengo la conciencia absolutamente tranquila en relación a lo que hice en el ejercicio de la Presidencia de la República que vengo personalmente ante la presencia de los que me juzgarán. Vengo para mirar directamente a los ojos a vuestras excelencias y decir, con la serenidad de los que no tienen nada que esconder, que no he cometido ningún crimen de responsabilidad. No he cometido los crímenes de los cuales se me acusa injusta y arbitrariamente. Hoy, Brasil, el mundo y la historia nos observan y aguardan el desenlace de este proceso de impeachment.

En el pasado de América Latina y de Brasil, siempre que intereses de sectores de la elite económica y política fueron heridos por las urnas, y no existían razones jurídicas para una destitución legítima, se tramaron conspiraciones que resultaron en golpes de Estado.

El presidente Getúlio Vargas, que nos legó nuestra legislación laboral y la defensa del patrimonio nacional, sufrió una implacable persecución, la hedionda trama orquestada por la llamada “República de Galeão”, que lo levó al suicidio. El presidente Juscelino Kubitscheck, que construyó esta ciudad, fue víctima de constantes y fracasados intentos de golpe, como ocurrió en el episodio de Aragarças. El presidente João Goulart, defensor de la democracia, de los derechos de los trabajadores y de las Reformas de Base, superó el golpe del parlamentarismo pero fue destituido y se instauró la dictadura militar, en 1964. Durante 20 años, vivimos el silencio impuesto por el arbitrio y la democracia fue barrida de nuestro país. Millones de brasileños lucharon y reconquistaron el derecho a elecciones directas.

Hoy, una vez más, al ser contrariados y heridos en las urnas los intereses de sectores de la elite económica y política, nos vemos frente al riesgo de una ruptura democrática. Los actuales estándares políticos dominantes en el mundo repelen la violencia explícita. Ahora, la ruptura democrática se da mediante la violencia moral y pretextos constitucionales para revestir con una apariencia de legitimidad al gobierno que asume el poder sin el amparo de las urnas. Se invoca la Constitución para que el mundo de las apariencias encubra hipócritamente al mundo de los hechos.

Las pruebas producidas dejan claro e incontestable que las acusaciones dirigidas contra mí son meros pretextos, fundados en una frágil retórica jurídica. En los últimos días, nuevos hechos han puesto de manifiesto otro aspecto de la trama que caracteriza este proceso de impeachment. El autor de la representación ante el Tribunal de Cuentas de la Unión que motivó las acusaciones discutidas en este proceso fue reconocido como sospechoso por el presidente del Supremo Tribunal Federal. Se supo además, por la declaración del auditor responsable por el dictamen técnico, que él había ayudado a elaborar la propia representación que auditó. Queda claro el vicio de parcialidad, la trama en la construcción de las tesis defendidas por ellos. Son pretextos, tan solo pretextos, para derribar, por medio de un proceso de impeachment sin crimen de responsabilidad, a un gobierno legítimo, elegido por sufragio directo con la participación de 110 millones de brasileños y brasileñas. El gobierno de una mujer que osó ganar dos elecciones presidenciales consecutivas. Son pretextos para viabilizar un golpe en la Constitución. Un golpe que, de ser consumado, resultará en la elección indirecta de un gobierno usurpador.

La elección indirecta de un gobierno que, ya en su interinidad, no tiene mujeres en el comando de sus ministerios, cuando el pueblo, en las urnas, eligió a una mujer para comandar al país. Un gobierno que aparta a los negros de su composición ministerial y ya reveló un profundo desprecio por el programa elegido por el pueblo en 2014.

Fui elegida presidenta por 54 millones y medio de votos para cumplir un programa cuya síntesis está grabada en las palabras “ni un derecho menos”. Lo que está en juego en el proceso de impeachment no es solamente mi mandato. Lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y a la Constitución. Lo que está en juego son las conquistas de los últimos 13 años: las ganancias de la población, de las personas más pobres y de la clase media; la protección a los niños y niñas; los jóvenes llegando a las universidades y a las escuelas técnicas; la valorización del salario mínimo; los médicos atendiendo a la población; la realización del sueño de la casa propia. Lo que está en juego es la inversión en obras para permitir la convivencia con la sequía en la región de clima semiárido, es la conclusión del soñado y esperado proyecto de integración del río São Francisco. Lo que está en juego es, también, el gran descubrimiento de Brasil, el presal. Lo que está en juego es la inserción soberana de nuestro país en el escenario internacional, pautada por la ética y por la búsqueda de intereses comunes. Lo que está en juego es la autoestima de los brasileños y brasileñas, que resistieron a los ataques de los pesimistas de turno a la capacidad del país de realizar, con éxito, la Copa del Mundo y las Olimpíadas y Paralimpíadas. Lo que está en juego es la conquista de la estabilidad, que busca el equilibrio fiscal pero no renuncia a los programas sociales para nuestra población. Lo que está en juego es el futuro del país, la oportunidad y la esperanza de avanzar siempre más.

Señoras y señores senadores: En el presidencialismo previsto en nuestra Constitución, no basta la eventual pérdida de mayoría parlamentaria para apartar a un presidente. Tiene que existir un crimen de responsabilidad. Y está claro que no lo hubo. No es legítimo, como quieren mis acusadores, apartar al jefe de Estado y de gobierno por el “conjunto de la obra”. Quien aparta al presidente por el “conjunto de la obra” es el pueblo, y solo el pueblo, en las elecciones. Y, en las elecciones, el programa de gobierno vencedor no fue este ahora ensayado y diseñado por el gobierno interino defendido por mis acusadores.

Lo que pretende el gobierno interino, de transmutarse en efectivo, es un verdadero ataque a las conquistas de los últimos años.

Desvincular el piso de las jubilaciones del salario mínimo será la destrucción del mayor instrumento de distribución de ingreso del país, que el es sistema de previsión social. El resultado será más pobreza, más mortalidad infantil y la decadencia de los pequeños municipios. La revisión de los derechos y garantías sociales previstos por la Consolidación de las Leyes del Trabajo y la prohibición de la retirada del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio tras el despido del trabajador son amenazas que sobrevuelan sobre las cabezas de los brasileños y brasileñas en el caso de que prospere el impeachment sin crimen de responsabilidad.

Conquistas importantes para las mujeres, los negros y las poblaciones LGBT estarán comprometidas por la sumisión a principios ultraconservadores. Nuestro patrimonio estará en cuestión, con los recursos del presal, las riquezas naturales y mineras siendo privatizadas. La amenaza más asustadora de este proceso de impeachment sin crimen de responsabilidad es la de congelar por impensables 20 años todos los gastos con salud, educación, saneamiento, vivienda. Es impedir que, durante 20 años, más niños y jóvenes tengan acceso a las escuelas; que, durante 20 años, las personas puedan tener una mejor atención a la salud; que, durante 20 años, las familias puedan soñar con la casa propia.
Señor presidente Ricardo Lewandowski, señoras y señores senadores,

La verdad es que el resultado electoral de 2014 fue un duro golpe para sectores de la elite conservadora brasileña. Desde la proclamación de los resultados electorales, los partidos que apoyaban al candidato derrotado en las elecciones hicieron de todo para impedir mi asunción y la estabilidad de mi gobierno. Dijeron que las elecciones habían sido fraudadas, pidieron auditoría en las urnas, impugnaron mis cuentas electorales y, tras mi toma de posesión, buscaron de forma desmedida cualquier hecho que pudiera justificar retóricamente un proceso de impeachment. Como es proprio de las elites conservadoras y autoritarias, no veían en la voluntad del pueblo el elemento legitimador de un gobierno. Querían el poder a cualquier precio. Hicieron de todo para desestabilizarme a mí y a mi gobierno.

Solo es posible comprender la gravedad de la crisis que asola a Brasil desde 2015 si se tiene en cuenta la inestabilidad política aguda que, desde mi elección, caracterizó el ambiente en el que ocurren la inversión y la producción de bienes y servicios. No se buscó discutir y aprobar una mejor propuesta para el país. Lo que se pretendió, permanentemente, fue la afirmación del “cuanto peor, mejor”, en la búsqueda obsesiva de desgastar al gobierno, importando poco los resultados dañinos de esta cuestionable política para la población.

La posibilidad del impeachment se transformó en el asunto central de la agenda política y periodística apenas dos meses después de mi reelección, a pesar de la evidente improcedencia de los motivos usados para justificar ese movimiento radical. En ese ambiente de turbulencias e incertezas, el riesgo político permanente provocado por el activismo de una parte considerable de la oposición terminó siendo un elemento central para la retracción de la inversión y para la profundización de la crisis económica.

Debe resaltarse asimismo que la búsqueda del reequilibrio fiscal, desde 2015, encontró una fuerte resistencia de la Cámara de Diputados, por esa época presidida por el diputado Eduardo Cunha. Los proyectos enviados por el gobierno eran rechazados, parcial o integralmente. Leyes “bomba” fueron presentadas y algunas aprobadas.

Las comisiones permanentes de dicha Cámara, en 2016, solo funcionaron a partir del día 5 de mayo, o sea, una semana antes de la aceptación del proceso de impeachment en la comisión del Senado Federal. Todos ustedes, senadores y senadoras, saben que el funcionamiento de esas comisiones era absolutamente indispensable para la aprobación de proyectos que interfieren en el escenario fiscal para encaminar la salida de la crisis. Fue creado así el deseado ambiente de inestabilidad política, propicio para la apertura del proceso de impeachment sin crimen de responsabilidad. Sin esas acciones, Brasil seguramente estaría hoy en otra situación política, económica y fiscal. Muchos articularon y votaron contra propuestas que habían defendido toda la vida, sin pensar en las consecuencias que tendrían sus gestos para el país y para el pueblo brasileño. Querían aprovechar la crisis económica, porque sabían que ni bien mi gobierno la superara, sus aspiraciones de acceso al poder estarían sepultadas por un largo período.

Pero, para decir la verdad, las fuerzas de la oposición solamente lograron llevar adelante su intento cuando otra poderosa fuerza política se sumó a ellas: la fuerza política de los que querían evitar la continuidad de la “sangría” de sectores de la clase política brasileña, motivada por investigaciones de corrupción y desvío de dinero público.

Es notorio que, durante mi gobierno y el del presidente Lula, se dieron todas las condiciones para que esas investigaciones fueran realizadas. Propusimos importantes leyes que dotaron a los organismos competentes de condiciones para investigar y punir a los culpables. Aseguré la autonomía del Ministerio Público, nombrando como Fiscal General de la República al primer nombre de la lista propuesta por los propios miembros de la institución. No permití cualquier interferencia política en la actuación de la Policía Federal.

Contrarié, con esa postura, muchos intereses. Por eso, pagué y pago un elevado precio personal por la postura que tuve. Arquitectaron mi destitución, independientemente de la existencia de cualquier hecho que pudiera justificarla de acuerdo con la Constitución. Encontraron, en la persona del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el vértice de su alianza golpista. Articularon y viabilizaron la pérdida de la mayoría parlamentaria de mi gobierno. Fueron creadas situaciones, con un enorme apoyo de sectores de los medios de comunicación, para construir el clima político necesario para desarmar el resultado electoral de 2014.

Todos saben que este proceso de impeachment se inició por un chantaje explícito del ex-presidente de la Cámara de Diputados,Eduardo Cunha, como llegó a reconocer en declaraciones a la prensa uno de los propios denunciantes. El diputado exigía que yo intercediera para que los diputados de mi partido no votaran por la apertura del proceso de destitución en su contra.

Nunca acepté en mi vida amenazas o chantajes. Si no lo hice antes, no lo haría en la condición de presidenta de la República. Es un hecho, sin embargo, que el no haberme sometido a este chantaje motivó la recepción por su parte de la denuncia por crimen de responsabilidad y la apertura de este proceso, bajo el aplauso de los derrotados en 2014 y de los temerosos por las investigaciones. Si yo hubiera sido cómplice de la improbidad y de lo peor de la política brasileña, como muchos hasta hoy no tienen el menor pudor de hacerlo, yo no correría el riesgo de ser condenada injustamente. Quien se vuelve cómplice de lo inmoral y de lo ilícito no tiene respetabilidad para gobernar Brasil. Quien actúa para evitar o retrasar el juicio de una persona acusada de enriquecerse a costas del Estado brasileño y del pueblo que paga impuestos, tarde o temprano, terminará pagando ante la sociedad y la historia el precio de su falta de compromiso con la ética.

Todos saben que no me enriquecí en el ejercicio de cargos públicos, que no desvié dinero público en provecho propio ni de mis familiares y que no tengo cuentas o inmuebles en el exterior. Siempre actué con absoluta probidad en los cargos públicos que ocupé a lo largo de mi vida. Curiosamente, seré juzgada, por crímenes que no cometí, antes del juicio del ex presidente de la Cámara de Diputados, acusado de haber practicado gravísimos actos ilícitos, y que lideró las tramas y engaños que apalancaron las acciones destinadas a mi destitución.

¿Ironía de la historia? No, de ninguna manera. Se trata de una acción deliberada que cuenta con el silencio cómplice de sectores de los grandes medios de comunicación. Se viola la democracia y se pune a una inocente. Este es el contexto que marca el juicio que será realizado por la voluntad de los que lanzan contra mí pretextos acusatorios infundados.

Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional. Estamos a un paso de la concreción de un verdadero golpe de Estado.

Señoras y señores senadores: Vayamos a los autos de este proceso. ¿De qué se me acusa? ¿Cuáles fueron los atentados contra la Constitución que cometí? ¿Cuáles fueron los crímenes horribles que practiqué?

La primera acusación se refiere a tres decretos de crédito suplementario sin autorización legislativa. A lo largo de todo el proceso, mostramos que la edición de esos decretos respetó todas las reglas legales. Respetamos la previsión contenida en la Constitución, la meta definida en la Ley de Directrices Presupuestarias y las autorizaciones contenidas en el artículo 4 de la Ley de Presupuesto de 2015, aprobadas por el Congreso Nacional.

Todas esas previsiones legales fueron respetadas en lo que se refiere a los tres decretos, que tan solo ofrecieron alternativas para asignar los mismos limites – de gasto y financieros – establecidos por el decreto de embargos, que no fueron alterados. Por esa razón, no afectaron para nada la meta fiscal. Además, desde 2014, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso aprobó la inclusión, en la Ley de Directrices Presupuestarias, de la obligatoriedad de que cualquier crédito abierto tenga su ejecución subordinada al decreto de embargo, editado según las normas establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y eso fue precisamente respetado.

No sé si por incomprensión o por estrategia, las acusaciones hechas en este proceso buscan atribuir a tales decretos nuestros problemas fiscales. Ignoran o esconden que los resultados fiscales negativos son consecuencia de la desaceleración económica y no su causa. Esconden que, en 2015, con el agravamiento de la crisis, tuvimos un importante desplome de los ingresos fiscales: a lo largo del año, fueron 180 mil millones de reales menos de lo previsto por la Ley de Presupuesto. Se empecinan en ignorar que realizamos, en 2015, el mayor ajuste fiscal de nuestra historia. Cuestionan que, cuando envié al Congreso Nacional, en julio de 2015, el pedido de autorización para reducir la meta fiscal, debería haber realizado inmediatamente un nuevo ajuste. No lo hice porque seguí el procedimiento que no fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas de la Unión o por el Congreso Nacional en el análisis de las cuentas de 2009.

Además, la responsabilidad para con la población también justifica nuestra decisión. Si aplicáramos, en julio, el ajuste propuesto por nuestros acusadores, cortaríamos el 96% del total de recursos disponibles para los gastos de la Unión. Eso representaría un recorte radical en todas las dotaciones presupuestarias de los órganos federales. Los ministerios serían paralizados, las universidades cerrarían sus puertas, el programa “Más Médicos” sería interrumpido, la compra de medicamentos sería perjudicada, las agencias reguladoras dejarían de funcionar. En realidad, el año 2015 se habría acabado, presupuestariamente, en julio.

Vuelvo a decir: al editar esos decretos de crédito suplementario, actué de conformidad plena con la legislación vigente. En ninguno de esos actos, el Congreso Nacional dejó de ser respetado. De hecho, ese fue mi comportamiento durante mis dos mandatos. Solamente después que firmé los decretos, el Tribunal de Cuentas de la Unión cambió la posición que siempre tuvo sobre esa materia. Es importante que se le explique esto a la población brasileña: los decretos fueron firmados en julio y agosto de 2015, y recién en octubre de 2015 el TCU aprobó la nueva interpretación.

El TCU había recomendado la aprobación de las cuentas de todos los presidentes que dictaron decretos idénticos a los míos. Nunca plantearon ningún problema técnico o presentaron la interpretación que pasaron a usar después que firmé esos actos. ¿Quieren condenarme por haber firmado decretos que atendían a las demandas de los diversos órganos, inclusive del propio Poder Judicial, con base en el mismo procedimiento adoptado desde que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Fiscal, en 2001? ¿Por haber firmado decretos que, sumados, no implicaron – como está probado en los autos – ni un solo centavo más de gastos que perjudicaran la meta fiscal?

La segunda denuncia contra mí en este proceso también es injusta y frágil. Se afirma que el alegado atraso en los pagos de las subvenciones económicas adeudadas al Banco de Brasil, en el ámbito de la ejecución del programa de crédito rural “Plan Zafra”, equivale a una “operación de crédito”, lo cual estaría prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como ya lo han relatado mi defensa y varios testigos, la ejecución del “Plan Zafra” está regida por una ley de 1992 que atribuye al Ministerio de Hacienda la competencia de su reglamentación, inclusive en lo que se refiere a la actuación del Banco de Brasil. La presidenta de la República no practica ningún acto con relación a la ejecución del “Plan Zafra”. Parece obvio, además de jurídicamente justo, que yo no sea acusada por un acto inexistente.

La controversia sobre la existencia o no de operación de crédito surgió de un cambio en la interpretación del TCU,cuya decisión definitiva se emitió en diciembre de 2015. Nuevamente, hay un intento de decir que cometí un crimen antes de la definición de la tesis de que habría un crimen. Una tesis que nunca había surgido antes y que – como todos ustedes, senadoras y senadores, supieron en días recientes – fue urdida especialmente para esta ocasión. Recuerdo inclusive la decisión reciente del Ministerio Público Federal, que archivó la investigación precisamente sobre esta cuestión. Declaró que no correspondía afirmar que hubiera ofensa a la Ley de Responsabilidad Fiscal porque eventuales atrasos en el pago de contratos de prestación de servicios entre la Unión y las instituciones financieras públicas no son operaciones de crédito.

Insisto, señoras senadoras y señores senadores: no soy yo ni tampoco mi defensa los que hacemos estos alegatos. Es el Ministerio Público Federal, que se negó a dar siquiera continuidad al proceso, por la inexistencia de crimen.

Sobre el cambio de la interpretación del TCU, recuerdo que, incluso antes de la decisión final, actué de forma preventiva. Solicité al Congreso Nacional la autorización para el pago de pasivos y definí en decreto plazos para las subvenciones adeudadas. En diciembre de 2015, después de la decisión definitiva del TCU y con la autorización del Congreso, saldamos todos los débitos existentes.

No es posible que no se vea aquí también la arbitrariedad de este proceso y la injusticia, también, de esta acusación. Este proceso de impeachment no es legítimo. Yo no atenté en nada, absolutamente en nada, contra cualquiera de los dispositivos de la Constitución que, como presidenta de la República, juré cumplir. No practiqué actos ilícitos. Está probado que no actué dolosamente en nada. Los actos adoptados estaban enteramente destinados a satisfacer los intereses de la sociedad. No provocaron ninguna lesión al erario o al patrimonio público.

Vuelvo a afirmar – como lo hizo mi defensa todo el tiempo – que este proceso está signado, del principio al fin, por un evidente desvío de poder. Eso es lo que explica la absoluta fragilidad de las acusaciones que me son dirigidas.

Se ha afirmado que este proceso de impeachment sería legítimo porque los ritos y plazos han sido respetados. Sin embargo, para que se haga justicia y la democracia se imponga, solamente la forma no alcanza. Es necesario que el contenido de una sentencia también sea justo. Y, en este caso, jamás habrá justicia en mi condena. Me atrevo a decir que en varios momentos este proceso se desvió, rotundamente, de aquello que la Constitución y los juristas denominan “debido proceso legal”.

No hay respeto al debido proceso legal cuando la opinión condenatoria de gran parte de los juzgadores es divulgada y registrada por la prensa antes del ejercicio final del derecho a la defensa. No hay respeto al debido proceso legal cuando los juzgadores afirman que la condena no pasa de una cuestión de tiempo, porque votarán contra mí de cualquier forma. En este caso, el derecho de defensa será ejercido apenas formalmente, pero no será apreciado sustantivamente en sus argumentos y sus pruebas. La forma existirá tan solo para dar apariencia de legitimidad a lo que es ilegítimo en su esencia.

Señoras y señores senadores: Durante estos meses, me preguntaron innumerables veces por qué no renunciaba, para acortar este capítulo tan difícil de mi vida. Jamás lo haría porque tengo un compromiso irrenunciable con el Estado democrático de derecho. Jamás lo haría porque nunca renuncio a la lucha.

Confieso a vuestras excelencias, sin embargo, que la traición, las agresiones verbales y la violencia del prejuicio me han perseguido como fantasmas y en algunos momentos hasta me han lastimado. Pero han sido siempre superadas, con creces, por la solidaridad, por el apoyo y por la disposición de lucha de millones de brasileños y brasileñas en todo el país. Por medio de manifestaciones callejeras, reuniones, seminarios, libros, recitales, movilizaciones en internet, nuestro pueblo fue prodigioso en su creatividad y disposición para la lucha contra el golpe.

Las mujeres brasileñas han sido, en este período, un pilar fundamental para mi resistencia. Me cubrieron de flores y me protegieron con su solidaridad. Compañeras incansables de una batalla en la que la misoginia y el prejuicio mostraron sus garras, las brasileñas expresaron, en este combate por la democracia y por los derechos, su fuerza y resiliencia. Bravas mujeres brasileñas, a las que tengo el honor de representar como primera mujer presidenta de Brasil.

Llego a la última etapa de este proceso comprometida con la realización de una demanda de la mayoría de los brasileños: convocarlos a decidir, en las urnas, sobre el futuro de nuestro país. El diálogo, la participación y el voto directo y libre son las mejores armas que tenemos para la preservación de la democracia. Confío en que las señoras senadoras y los señores senadores harán justicia. Tengo la conciencia tranquila. No cometí ningún crimen de responsabilidad. Las acusaciones dirigidas contra mí son injustas e improcedentes. Anular definitivamente mi mandato es como someterme a una pena de muerte política.

Este es el segundo juicio al que soy sometida y en el que la democracia se sienta conmigo en el banquillo de los acusados. La primera vez, fui condenada por un tribunal de excepción. De aquella época, además de las marcas dolorosas de la tortura, me quedó el registro, en una foto, de mi presencia frente a mis victimarios, en un momento en el que los miraba de cabeza erguida, mientras ellos escondían sus rostros por miedo a ser reconocidos y juzgados por la historia.

Hoy, cuatro décadas después, no hay prisión ilegal, no hay tortura, mis juzgadores llegaron aquí por el mismo voto popular que me condujo a la presidencia. Les tengo, a todos, el mayor respeto, pero sigo de cabeza erguida, mirando a los ojos a mis juzgadores. A pesar de las diferencias, vuelvo a sufrir el sentimiento de injusticia y el miedo de que, una vez más, la democracia esté siendo condenada conmigo. Y no tengo dudas de que, también esta vez, todos nosotros seremos juzgados por la historia.

Dos veces vi de cerca la cara de la muerte: cuando fui torturada durante varios días seguidos, sometida a abusos que nos hacen dudar de la humanidad y del propio sentido de la vida; y cuando una enfermedad grave y sumamente dolorosa pudo haberme abreviado la existencia. Hoy solo temo por la muerte de la democracia, por la cual muchos de nosotros, aquí, en este plenario, luchamos con lo mejor de nuestros esfuerzos.

Reitero: respeto a mis juzgadores.

No guardo rencor por aquellos que votarán por mi destitución. Respeto y les tengo especial aprecio a aquellos que han luchado bravamente por mi absolución, a quienes seré eternamente grata.

En este momento, quiero dirigirme a los senadores que, incluso siendo de la oposición a mí y a mí gobierno, están indecisos. Recuerden que, en el régimen presidencialista y bajo el imperio de nuestra Constitución, una condena política exige obligatoriamente que haya ocurrido un crimen de responsabilidad, cometido de forma dolosa y comprobado de forma cabal. Acuérdense del terrible precedente que puede abrir la decisión para otros presidentes, gobernadores y alcaldes. Condenar sin pruebas sustantivas. Condenar a un inocente.

Hago una apelación final a todos los senadores: no acepten un golpe que, en lugar de solucionar, agravará la crisis brasileña. Les pido que le hagan justicia a una presidenta honesta, que jamás cometió cualquier acto ilegal, en la vida personal o en las funciones públicas que ejerció. Voten sin resentimiento. Lo que cada senador siente por mí y lo que sentimos los unos por los otros importa menos, en este momento, que aquello que todos sentimos por el país y por el pueblo brasileño.
Les pido: voten contra el impeachment. Voten por la democracia.
Muchas gracias.”