Las confusiones del señor Romeva

El pasado mes de noviembre, un juzgado de instrucción de Almazán (Soria) incoó un proceso penal por asesinato tras la denuncia formulada por varias asociaciones ante la constatación de una fosa donde pudieran permanecer los restos de cinco maestros y otra persona más, desaparecidas el 25 de agosto de 1936. Más de ochenta años después del golpe militar de ese año, siguen hallándose restos de personas asesinadas extrajudicialmente por el fascismo y clandestinamente enterradas.

Señor Romeva, es una muestra más, entre miles y miles, de lo que significó el levantamiento militar, la guerra civil y los cuarenta años de dictadura franquista. Como dijo la profesora Núñez Díaz-Balart, el franquismo fue «como si se hubiera lanzado una granada sobre las familias de cada uno de los vencidos que iba a estallar en mil pedazos sus vidas, su autoestima y su consideración social».

En el mismo mes, el señor Romeva, que ha transitado desde ICV hasta ser conseller del Govern nacionalista de derechas de Junts pel Sí, se expresaba en términos ciertamente ofensivos para todas y cada una de las víctimas de la dictadura. Lo hacía, a nuestro juicio, desde una suma de ignorancia y manipulación de nuestra historia. Lo que es gravemente reprochable, dado el cargo público que ocupa. Sobre todo, cuando coincide con actuaciones judiciales como la descrita.

Romeva se expresó en términos ofensivos para las víctimas de la dictadura franquista, desde una suma de ignorancia y manipulación de nuestra historia

En un acto celebrado el 20-N, el señor Romeva se atrevió a afirmar lo siguiente: con una implícita referencia al franquismo, que «la lucha por las libertades continúa vigente», comparó «salvando las distancias» la «justicia franquista con la actual», que «resuenan ecos de esta melodía franquista claramente perceptibles cuando vemos la interferencia sobre el estamento judicial por parte del ejecutivo», que «está por demostrar que España sea una democracia digna de ese nombre» o que se luchó «durante la dictadura para conseguir una democracia con separación de poderes y ahora porque los poderes no acaben separándose de la democracia».

Es evidente que tales afirmaciones no tienen otro fundamento que los dos procesos abiertos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), uno contra Mas, Ortega y Rigau y otro contra la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell. A partir de esta constatación, es completamente injusto, arbitrario y abusivo, sobre todo procediendo de un alto cargo de la Generalitat, que se llegue a tales conclusiones. Hasta el punto de establecer equiparaciones entre el actual sistema democrático y la dictadura. Y, de aquí, derivar una  supuesta injerencia del Gobierno de España sobre dicho tribunal, absolutamente inexistente. Dicho tribunal es un ejemplo, en ambos procedimientos, de objetividad, neutralidad e imparcialidad. Exigencias de cualquier cargo público que no han caracterizado en absoluto a dichos políticos en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Precisamente por ello han sido imputados o acusados. Así lo expresaba muy bien el tribunal en el auto de 15/11/2016 respecto a la presidenta: «El derecho a participar en los asuntos públicos […] no puede ejercerse sino en la forma jurídicamente prevista en cada caso». Y recordaba, como rasgo de las «democracias avanzadas», el mandato contenido en el Estatuto de Autonomía vigente: «Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució». Sometimiento que, de no cumplirse, da lugar, como en cualquier Estado democrático, a los presuntos delitos de desobediencia y de «actuación aparentemente arbitraria» cuando, como en este caso, se han desobedecido abiertamente mandatos del Tribunal Constitucional.

Señor Romeva, no incurra en comparaciones ofensivas entre la justicia actual y la franquista. ¿O es que no sabe lo que significaron los Consejos de Guerra y el Tribunal de Orden Público, como meros instrumentos de represión  política?. Recuerde, señor Romeva, que ya en las postrimerías de la dictadura, desde el 1 de  marzo hasta el 15 de junio de 1977, se practicaron 2.834 detenciones políticas. Por no referirnos a escalofriantes datos anteriores. ¿Cómo se atreve, ni siquiera con insinuaciones, a establecer equiparaciones entre el antes y el después de 1978?

¿Cómo se atreve, ni siquiera con insinuaciones, a establecer equiparaciones entre el antes y el después de 1978?

Y, desde luego, la separación de poderes es un rasgo esencial de las democracias, pero, ciertamente, los republicanos y antifranquistas que se enfrentaron a la dictadura y sufrieron duramente la represión lo hicieron, sobre todo, para exigir el pleno reconocimiento de los derechos humanos, proclamados en la Declaración Universal de 1948. Derechos y libertades conquistados en la Constitución de 1978. Quienes sufrieron años y años de prisión, la padecieron para recuperar los derechos y valores que se derivan de la dignidad humana. Y, señor Romeva, cuando se permite hablar, con una notable ligereza y falta de rigor, de «querellas y amenazas de actuaciones judiciales», como un atentado al Estado de Derecho, debe decirse que los fiscales y jueces están actuando en el marco de la más estricta legalidad democrática. Lo que, en verdad, no observaron ni siguen observando los cuatro cargos públicos justamente encausados. El TSJC, como usted insinúa, no es un tribunal de represión política. Es una expresión más de la justicia democrática que ustedes parecen temer tanto.

Y lo que es más grave, por reiteradamente ofensivo, por injurioso, a las víctimas del franquismo y, particularmente, respecto de aquellas que dieron su vida por las libertades y la democracia, es que el señor Romeva, con una auténtica adulteración de la realidad histórica, «entroncase» el proceso independentista con las «luchas contra el franquismo». Es un límite que nunca debía haber rebasado y por lo que debía haber sido cesado.