Hace unos días el diario francés de izquierda Liberation afirmaba:»El separatismo catalán es nacionalismo obtuso, racista y excluyente”. Y, días después, el escritor Ponc Puigdevall decía: “la Generalitat elabora una maquinaria política que contiene todos los rasgos distintivos del fascismo”.
Posteriormente, los 17 Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España han aprobado el siguiente comunicado: «Sede judiciales cercadas, jueces y demás servidores públicos hostigados, persecución del diferente, mandatos judiciales incumplidos, son ataques frontales al Estado de Derecho; Y, añaden. “el Estado de derecho cederá el terreno a la tiranía cuando las resoluciones judiciales queden convertidas en papel mojado».
Inmediatamente después, admitiendo el recurso de amparo interpuesto por el PSC, el Tribunal Constitucional ha dado un paso más en el control de la vigencia de nuestro sistema democrático y ha suspendido el Pleno del Parlament convocado para el día 9 de octubre para proclamar la independencia de Catalunya. La decisión se hace por su “especial trascendencia constitucional”, por la “relevante y general repercusión social y económica” del objetivo del Pleno, por el “el radical quebrantamiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía” y porque la decisión que se pretende causaría “un perjuicio de imposible o muy difícil reparación”.
No podemos ocultar nuestra satisfacción por dicha decisión para cerrar el paso, una vez más, a ese separatismo que definíamos más arriba. Pero es más, ese pretendido Pleno, según el Art. 4.4 de la llamada Llei de referéndum de autodeterminació de Catalunya, tendría que haberse celebrado “…en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral…”. Pero dado que dicha Sindicatura fue disuelta por el Govern, es lo cierto que lo acordado en dicha norma, como casi todas las de dicha Llei, se han incumplido..Y, posteriormente, se convoca un Pleno que, pese a la trascendencia de su finalidad, carece de base legal.
Mientras, desde el 1-O, hemos visto a Junqueras, en su afán de hallar mediadores que facilitasen la declaración de independencia ,se entrevistaba con el Abad de Montserrat y el Arzobispo de Barcelona, en una expresión de comprometer a la Jerarquía católica en la política catalana, que, perdón, recuerda los intensos contactos en ese ámbito del dictador.
Pero, cómo se atreven a seguir pretendiendo un diálogo con el Gobierno de España después de las jornadas parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre, que dieron cuenta del desprecio del Govern y su mayoría parlamentaria por los principios democráticos más fundamentales.
Y, además, cuando están sumidos en profundas contradicciones que solo pueden y deben conducir a la formal y definitiva renuncia al proyecto independentista. Y, así, no confundir más, si no engañar, a los ciudadanos. Sus Leyes lo acreditan. En el Preámbulo de la del Referéndum dicen: ”…que se han agotado todas las vías de diálogo y negociación con el Estado”. Sin embargo, en el Preámbulo de la ley de “transitoriedad jurídica” hacia la independencia afirman que “el Estado soberano e independiente (catalán)…vehiculará la sucesión de manera negociada y pactada con las instituciones españolas…”, lo que se hace compatible con normas sobre la “inaplicación del derecho estatal vigente (art.12) o con “Acuerdos con el Estado español…” (art. 21). ¿Cómo es posible imaginar que el Estado español, bajo la Constitución de 1978- incluso reformada-, gobernara quien gobernara, pactase con un hipotético Estado catalán independiente. Máxime, cuando ni siquiera se ha celebrado, en las condiciones legales establecidas, un referéndum ajustado a los presupuestos constitucionales.. Ciertamente, viven en una grave confusión entre la realidad y la ficción.
Esta política y estos políticos independentistas debería abandonar sus puestos con urgencia. Porque, además, el Govern en pleno está bajo la jurisdicción penal por lo delitos que, presuntamente, han cometido.
Carlos Jimenez Villarejo
Federalistes d’Esquerres. 6/10/2017
Es preocupante que se ste continuamente diciendo que Puigdemon debe volver a la legalidad. Pero suponiendo que vuelva a la legalidad los delitos que ya lleba cometidos ¿quedaran olvidados inmediatamente? ¿es esto que significa para Rajoy la vuelta a la legalidad?