En el trascurso de un año, desde el disparatado 1 de octubre de 2017, hemos vivido un sinfín de hechos diversos que han tenido una valoración dispar, cuando no enfrentada, entre la ciudadanía catalana.
Mitos como, “un sol poble“ o “el 80 % está a favor del derecho a decidir“, han saltado definitivamente por los aires.
Ya no sólo se movilizan los partidarios del procés y la independencia, pues son muchos los catalanes que ven el procés como un montaje supremacista, de falsa bondad, deshonesto, amenazante y contrario a sus intereses. Como es lógico, también se han movilizado. Y no sólo se han movilizado, sino que han puesto en las calles las manifestaciones más numerosas jamás alcanzadas por la ciudadanía en Cataluña.
El espacio público, por décadas cedido a un catalanismo crecientemente separatista y totalitario, está siendo reivindicado por todos, siendo la guerra de los lazos amarillos su más persistente y visible manifestación.
Pero el 1-O era sólo una parada más del camino trazado por los independentistas. Recuérdese que el 9 de noviembre de 2014 ya se hizo una simulación de votación parecida, que nadie obstaculizó, y que mostró que la mayoría social catalana no tenía interés en seguir con el asunto.
Negando lo evidente, el amplio colectivo que organizó el 9-N decidió, por intereses personales y partidistas, seguir con su monotema, aunque ello, necesariamente, nos llevara a la fractura social que hoy vivimos y que objetivamente nadie niega.
Los que nos dedicamos a trabajar, en vez de organizar patrañas para vivir divinamente del dinero público, sabemos:
1) Que cada uno se ha de dedicar a lo que le corresponde. Lo que corresponde al juez para el juez, lo que al fiscal para el fiscal y lo que a cada uno para cada uno. Si unos hechos cabe tipificarlos como tal o cual delito, si conllevan prisión preventiva o no, corresponde a quien corresponde.
2) Que a los diputados independentistas que apoyaron la reforma laboral y otras leyes antisociales no les podemos tolerar que las leyes sean buenas cuando perjudican a la clase trabajadora, y que sean malas cuando “tocan“ a quienes se creen por encima del bien y del mal y desprecian la convivencia social. Aceptar ese doble rasero es volver al feudalismo.
3) Que a las cúpulas sindicales, al empresariado independentista (y al no independentista) y a la mayoría parlamentaria catalana y española les recordamos que sufrimos la precariedad laboral más alta de Europa. Si quieren cambiar leyes y hacer referéndums, sólo este apartado les daría ocupación total, y más que de sobra.
4) Que cuando en junio de 2011, teniendo el poder en Cataluña los mismos de siempre (antes CiU, ahora Junts per Catalunya), se rodeó el Parlament para frenar una votación. La Generalitat y el Parlament se presentaron como acusación y hay 8 condenados a 3 años de cárcel. La derecha siempre dominante en Cataluña sintió que se discutía su poder, le pareció gravísimo y no dudó en reclamar la versión más dura de la ley.
Los diputados independentistas en el Parlament, el 6 y 7 de septiembre de 2017, atacaron directamente leyes fundamentales en las que se basa la convivencia. Lo hecho por el Govern el 1 y 27 de octubre fue en la misma línea. Curiosamente, cuando se les ha aplicado la ley, que tanto les gustaba en 2011, han reclamado el apoyo de todo el mundo para que no les sea aplicada. Que sepan que NO tienen el apoyo de Alternativa Ciudadana Progresista.
5) Nada que tenga detrás el poder de la Iglesia debe ser apoyado por las clases trabajadoras, tanto da si es el Valle de los Caídos o el “procés” independentista, que tan bien orquestado está desde la Abadía de Montserrat.
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