Interesante artículo de Ramón Franquesa y Ramón Luque, miembros de COESPE (Marea Pensionista) sobre la nueva ley «contra» las pensiones públicas, que se aprobó en el Congreso el pasado 9 de junio.

El artículo evidencia cómo, una vez más, los partidos de “izquierda” en el Parlamento dan la espalda a las reivindicaciones económicas y sociales de un segmento de población vulnerable, con el que no se tiene consideración y sobre el que se están poniendo las bases para el inicio de la privatización de las pensiones, para deleite de bancos y grandes grupos financieros.

Junto con la perspectiva del rápido deterioro del poder adquisitivo de las pensiones, gracias al engaño del “IPC medio” aplicado para su revalorización, con el que, contrariamente a lo publicado a los cuatro vientos por ese mismo gobierno de “izquierdas”, en colaboración y perfecta sintonía con los dos sindicatos mayoritarios de ámbito nacional, NO SE MANTIENE EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES, puesto que sólo se reconoce la mitad del IPC interanual, se le está abriendo también la puerta a otro lucrativo negocio para esos mismos bancos y fondos de inversión: las hipotecas inversas. Cuantos más “viejunos” pobres haya, más necesidad habrá de desprenderse de la propia vivienda para poder seguir viviendo. Negocio garantizado, para los ricos y poderosos, claro.

Es cierto que la oposición a la aprobación de esta Ley la han protagonizado algunos de los partidos nacionalistas (excepto Bildu) y asimilados (en el artículo se detallan), cuestión que es de agradecer y cualquier ayuda es bienvenida, venga de donde venga; pero también es verdad que, por una parte, no les cuesta un euro de sus presupuestos, que algunos votos de este colectivo pescarán y además, consiguen dejar en evidencia a sus socios de “izquierdas” y, en estos tiempos de crisis, una oferta de un tres por uno como ésta es para “quitársela de las manos”.

El artículo dice así:

Los “viejunos” no se resignan

Por Eduardo Luque y Ramón Franquesa; 19 junio, 2022

Si lo repetís negaremos haberlo escrito, pero ese parece ser el nuevo apelativo con el que nos califican algunas de las señorías de la izquierda y la derecha postmoderna. Primero dijeron de nosotros que no “entendíamos de política”, que había que esperar. Después, cuando fuimos poniendo al descubierto sus “chalaneos parlamentarios” del “Donde dije digo, digo Diego” nos llamaron “talibanes”, porque pedíamos, transparencia, claridad y una Auditoria por ley que finalmente conseguimos y que Escrivá se resiste a aplicar.

Cuando exigíamos un reparto más justo de las cargas a través del IPC interanual, los que habían predicado el “asalto a los cielos” nos llamaron “viejunos”. Meses después, cuando rompíamos el relato de los dirigentes sindicales y exigíamos la Auditoria, algún “celebrado” dirigente sindical calificó la demanda como una “ocurrencia”. Esa ocurrencia, para su disgusto, se transformó en ley. No fueron ellos las que la impusieron sino la movilización sostenida de estos “viejunos”. No con ellos sino a pesar de ellos.

Afortunadamente no todas sus señorías son iguales, algunos se han puesto del lado de los jubilados y pensionistas mientras que muchos bajan la cara avergonzados. No se atreven a mirarnos; saben, y no pueden ignorarlo, que están vendiendo a las corporaciones financieras las pensiones presentes y futuras.

El día 9 de junio fue aciago para la izquierda social en nuestro país. El gobierno, que intenta venderse en los medios de comunicación como “el más progresista de la historia” aprobaba la Ley de Impulso de los Planes de Empleo. Un título rimbombante que pretende ocultar que hablamos de la enésima Ley de Pensiones. Es la apuesta personal de Pedro Sánchez y su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: José Luis Escrivá. La excusa es la de siempre: debemos cumplir con las exigencias de Bruselas para liberar otro de los tramos del plan Next Generation o eso dicen. El texto recibió al final un ajustado resultado de 172 frente a 164 que no ayuda precisamente a legitimar una ley tan importante que afecta a 10 millones de pensionistas.

Votarón a favor PSOE (119) Unidas Podemos (31), Ciudadanos (9), PNV (6) PdeCat (4), y NuevaCanarias(3). Se opuso formalmente (aunque compartiendo el fondo), el PP (86) y Vox (50); pero también con una fuerte capacidad argumentativa apoyada en los movimientos de pensionistas ERC (12), Maria Pita ex–Podemos (1) y 15 votos de Mas País, Junts, CUP, Compromís y BNG. Para su legitimación jugó un importante papel la abstención de EH Bildu (5) y Coalición Canaria (1).

La ley ha tenido una tramitación tortuosa. Durante muchos meses, la resistencia de los movimientos de pensionistas ha puesto en jaque a las formaciones que se autoproclamaban de izquierdas y que, a la postre, con su voto afirmativo (PSOE-Unidas Podemos) o la abstención (Bildu) han conseguido imponer la Ley. Ha sido tal la premura en la tramitación, que diputados de izquierda y de derechas han calificado las votaciones de las enmiendas como “despropósito”, “auténtico carajal” o “caóticas”. El día 2 de junio el proceso de aprobación se saldó con una confusión tal que algún diputado llegó a preguntar: “¿Señor presidente, puede repetir lo que hemos votado?”. La posición que adoptó la derecha era la esperable, el elemento decisivo fue el cambio de posicionamiento de la denominada “izquierda transformadora” la que debía asaltar los cielos y se quedó sentada en la silla del Consejo de Ministros.

El proceso de privatización toma el impulso que los fondos financieros exigían. No esperábamos gran cosa del PSOE, pero queríamos creer que la mayoría de los diputados de UP o Bildu apoyarían la posición de los colectivos de pensionistas. Conseguimos el apoyo de muchos diputados que, a pesar de las presiones de todo tipo (incluso personales), han mantenido la coherencia. La abstención de UP hubiera bastado para paralizar la ley y derrotarla. No ha sido así. Ni siquiera han introducido enmiendas que les pudiera justificar frente a la ciudadanía y su electorado. En la suma de los despropósitos y dado lo ajustado de las votaciones, Unidas Podemos llegó a votar negativamente sus propias enmiendas. La organización de izquierdas mantuvo la confusión sobre el destope de las cotizaciones, llegó a afirmar que como condición de la Ley se destoparían los ingresos más altos. Nada de eso sucedió al final. En un gesto políticamente suicida han aceptado las propuestas de Escrivá sin contrapartidas.

Si cabe, la posición de Bildu ha sido aún más patética. Desde una posición radical en el período de discusión, se ha plegado finalmente a las posiciones del PSOE. Publicitan como justificación que a cambio de su abstención se subirán las pensiones mínimas NO CONTRIBUTIVAS en un 15%. Es una medida evidentemente positiva que afectará a unas 440.000 personas en todo el país, aunque terriblemente insuficiente puesto que se pasará de los actuales 421,40€ a los 484,61€ desde julio de 2022 hasta diciembre. Pero ese incremento no se consolidará, así la futura subida en enero del 2023 no tiene por qué partir de los 484,61€ sino de los 421.40€. Dentro de la subida no se incrementarán ni las pensiones de viudedad, ni de orfandad. El diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo justificó su decisión arguyendo además que el ejecutivo no iba a tocar los “fondos de la SS” y que de esa forma el texto no admitiría más cesiones a la derecha.

Curiosamente Ciudadanos (que no son precisamente muy de izquierdas) no tuvieron ningún problema en votar la totalidad de la ley incluidas las enmiendas “izquierdistas” de Bildu. Así los votos de Cs se hicieron imprescindibles al igual que los votos del PSOE-UP y la abstención de Bildu.

La posición de las direcciones de los grandes sindicatos ha servido para desmovilizar y ocultar el debate social. Conscientes de lo insostenible del proyecto no han hecho una campaña a favor, pero han contribuido a mantener el silencio entre la opinión pública, mientras se debatía y aprobaba una Ley que va afectar profundamente a trabajadores y pensionistas. Con ello han ignorado las resoluciones de sus propios Congresos autonómicos o locales que se han posicionado contra la ley. La distancia entre los dirigentes y sus bases que dicen representar se está abriendo a pasos agigantados. Su escasa capacidad de movilización en la calle muestra su enorme debilidad. CCOO y UGT ahora han callado, pero apoyaron la primera parte de la reforma cuya participación era muy necesaria para darle al debate un barniz progresista. El gobierno y en especial el ministerio de Escrivá y el de Yolanda Sánchez siguen ofreciendo una compensación a los aparatos sindicales por cada convenio en que se privaticen las pensiones. Pero es un proceso que también tendrá costos y que no les va a resultar fácil. Algunos comités de empresa de sectores importantes ya se han manifestado en contra de la Ley. Son pocos por ahora, pero en la medida que se conozca el redactado el rechazo será más amplio.

La ley aprobada es un regalo para las grandes entidades financieras y las empresas que alcanzarán una desgravación de hasta el 10% del Impuesto de sociedades. La bonificación a las cuotas de Seguridad Social por las aportaciones a los planes privados de pensiones se transforma en menores ingresos para las arcas de la SS y, por tanto, dentro de poco, volveremos a oír el repetido sainete; las pensiones están en crisis. Es una ley que beneficia especialmente a los salarios más altos y más cuando se le suma la inexistencia de una Reforma fiscal (a la que se ha negado el gobierno en esta legislatura) y mantiene el tope a las cotizaciones. La obligatoriedad para acogerse al Plan, a no ser que lo indique lo contrario el Convenio Colectivo, es un intento clarísimo de incrementar los ingresos de las entidades financieras. Para los funcionarios y trabajadores de la administración se establece que las subidas salariales se puedan convertir en ingresos obligatorios en el Plan de Pensiones.

Hay dos elementos esenciales que conocemos ya y que es necesario resaltar: el primero es que según el artículo 52,2 nadie se hace responsable si los Fondos de Pensiones quiebran. El citado artículo dice literalmente: “la promoción de los fondos de pensiones por parte del ministerio no supondrá en ningún caso la garantía de la preservación del valor de las aportaciones o de las contribuciones realizadas al Plan de pensiones ni la garantía de la rentabilidad asignadas a esas aportaciones.”

El segundo es de sentido común; está generalmente establecido que para que un fondo de estas características sea rentable ha de superar el 3% anual de rentabilidad. Hemos de restar a esa cifra el porcentaje que se lleva el Banco por la gestión. Si la inflación está en este momento en el 8,7% se necesitaría una rentabilidad media del 11.3%. Si no se cumple esta condición todos los fondos acaban perdiendo dinero puesto que los ingresos que pudieran producirse se los come la inflación.

El tercer gran elemento que ayuda a entender el profundo malestar de los jubilados es que los Reglamentos de los Planes Privados determinarán cuándo y de qué forma recibiremos nuestro dinero al final de la vida laboral. Según estos reglamentos, elaborados evidentemente según los intereses de las compañías financieras, podrán obligar a un rescate parcial, mes a mes como las actuales SPV vascas. El objetivo como hemos venido advirtiendo es evitar la descapitalización de los bancos y entidades que manejen los Planes.

Las consecuencias de la Ley son evidentes. Estamos frente a un intento de privatización de las pensiones en beneficio de la gran banca y los Fondos de Inversión. Al desviar obligatoriamente aportaciones hacia Fondos Privados estamos indirectamente reduciendo salarios y pensiones. Volvemos al círculo vicioso de la anterior crisis: se detrae dinero público que se inyecta en el sistema financiero. La nueva crisis en ciernes tendrá nuevamente unos grandes perjudicados: las clases populares.

Nada ha acabado. La batalla sigue y se agudiza. El conflicto que se avecina tiene tres hitos inmediatos. El primero es la lucha por un desarrollo del Reglamento de la Ley. La segunda hacer cumplir la ley sobre la creación de una Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. La tercera realizar una llamada a una gran movilización en octubre que empuje a trabajadores y jubilados contra la carestía y la inflación que como sabemos es el “llamado impuesto a los pobres”.

El movimiento pensionista a la vez que ha denunciado la ilegitimidad de la ley, se plantea ahora una amplia alianza en las calles entre trabajadores y pensionistas exigiendo revalorizar salarios y pensiones con el coste de la vida. Una lucha para romper el corsé de cualquier pacto de rentas que represente una pérdida de poder adquisitivo, mientras que se liberan de cualquier límite los precios de la energía, los alimentos y los beneficios de la banca.

Lejos de cerrar el debate como el poder pretendía, la aprobación de la Ley representa la apertura de una nueva etapa y un nuevo ciclo de movilización.