DECLARACIÓN DE ALTERNATIVA CIUDADANA PROGRESISTA.
Por una izquierda constitucionalista en España.
La demolición del golpe a la democracia española que era el procés del nacionalismo catalanista tuvo su expresión en la firmeza política sostenida por la declaración hecha por la Jefatura del Estado, arropada por una multitudinaria manifestación en Barcelona contra ese golpe separatista, pero tuvo su ejecución en la aplicación por el Estado de derecho del ius puniendi a los principales golpistas. La serie violenta de protestas independentistas contra las sentencias judiciales no fueron suficientes para alterar lo que fue su consecuencia: el desinflamiento del movimiento golpista, la entrada del independentismo catalanista en la fase desinflamada que podemos llamar post-procés. Por su parte, el sistema político español, a lo largo del procés, había mostrado una inoperancia balbuceante, su única eficacia política, lograda por el gobierno del PP, consistió en una aplicación contenida de un artículo 155 pactado con el PSOE.
En el post-procés, el nacionalismo catalán mantiene intacta la posesión de las instancias del poder. Su dominio de las administraciones como instrumento de una poderosa red clientelar, los resortes y medios de control y de manipulación de masas, de los recursos para la propagación interna y fuera de España de su doctrina. Este fortalecimiento del statu quo contendrá ahora una disputa interna sobre la alternancia de la fuerza hegemónica del catalanismo en la fase post-procés. Esto ha sido acompasado por el sistema político (con el gobierno de España ahora comandado por el PSOE e impulsado por Podemos-IU y entorno) mediante el establecimiento de una “mesa de diálogo entre los gobiernos de España y de Cataluña”, según la terminología pro-secesión empleada desde la misma presidencia de la nación.
Porque aquella defensa del Estado democrático, y su victoria frente al golpe del movimiento catalanista, ha estado condenada por esta izquierda gobernante bajo el lema de «judicialización de la política». En su lugar propone una «solución política», pero que es una reversión de la derrota secesionista, y contiene una politización de la justicia que no tiene precedentes. Hasta ahora todos los gobiernos anteriores han intentado sesgar políticamente tanto al poder constitucional como al judicial. El PSOE no ha dejado de recriminar al PP, primer partido de la oposición, que no colaborase en la sustitución de miembros de los órganos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o del Tribunal Constitucional (TC), pero cuando ambos partidos publicitaban que habían llegado a un desbloqueo, las mismas fuentes socialistas, sorprendentemente, airearon su propósito de modificar el delito de sedición, torpedeando de esta manera el acuerdo alcanzado.
Ahora el objetivo es alcanzar una neutralización de la acción del poder judicial del Estado. Esto es lo que supone el indulto del gobierno a los golpistas, que salen de prisión sin manifestar arrepentimiento y declarando que volverán a cometer el delito. Todo un ataque al constitucional principio de legalidad que proseguirá con la anulación del delito: una reforma del código penal, que deroga la sedición, y que rebaja el contenido del delito de malversación (pues exime a la corrupción en favor de una causa colectiva, no individualizada en modo directo). Así pues, una despenalización que conlleva legitimación de la acción golpista secesionista del procés, y desprotege al Estado de su blindaje ante el secesionismo.
Esta politización de la justicia está acordada desde los partidos en el gobierno con parte del nacionalismo catalán, y hasta la fecha se ha completado con otro escalón más: el gobierno diseña un cambio de las mayorías (a la baja, es decir anulando las defensas garantistas para la separación de poderes) necesarias para la elección parlamentaria de los jueces del CGPJ, y también de los miembros del TC, ambos poderes del Estado regidos por sus respectivas leyes orgánicas, a las cuales corresponde un procedimiento de tramitación específico.
El calado de esta intromisión en la justicia, que abarca una degradación de la estructura del Estado, al contener un deterioro del equilibrio (separación) de poderes, alcanza también en su ataque al concepto de soberanía nacional residente en el pueblo español, por cuanto es el pueblo español la fuente de la que emanan todos los poderes del Estado, y expresamente de la justicia. Por otra vía, esta soberanía del pueblo español es violentada en otra vuelta de tuerca, en el procedimiento implementado por el gobierno para la aprobación parlamentaria de estas modificaciones en la legislación. Se ha utilizado un envoltorio exprés que hurta el debate parlamentario, en el poder de representación del pueblo, en una degradación de la naturaleza de las cámaras.
Ante esta situación, los recursos de amparo de la minoría opositora, han permitido que el TC, en reunión legalmente válida -nos guste o no nos guste-, haya podido paralizar temporalmente esta tramitación de reforma «por la puerta de atrás» de la elección de miembros de los órganos constitucional y judicial, en una resolución sin duda a tono con la defensa de la autonomía parlamentaria y de las funciones del poder legislativo, forzadas por el truco del ejecutivo.
Los partidos de apoyo al gobierno, el gobierno mismo encabezado por el jefe del ejecutivo, y nada menos que los presidentes de las Cámaras han desembuchado arengas entre las amenazas, las calumnias e injurias a los miembros del alto tribunal, y el desacato a las sentencias de este poder del Estado. Básicamente, han enfrentado democracia contra jueces, elevados a la categoría de golpistas. Es una retórica conocida para la Cataluña no-secesionista. Es un discurso mimético del empleado por los procesistas, repetido en la soflamería del nacionalismo catalanista: los jueces «que se saltan la ley para amordazar al Parlament«… la consumación de su «atropello democrático», el abuso de los tribunales españoles contra la voluntad democrática…
Ya no está claro cuándo fijar el momento germinal de la entrada de este tipo de universo. Podemos decir que fue cuando la ministra Montero, desde su soberbia, y en su enfurecida política autoritaria, con perseverancia desoyó la prevención sobre las consecuencias negativas para las víctimas de su ley del sí es sí, y se dedicó a decir que los jueces son machistas, fascistas… Pero también se puede decir que fue antes, cuando la Generalitat de Catalunya se niega a aplicar las sentencias de los tribunales acerca de la presencia (un mínimo 25%) en las aulas de la lengua común española y oficial del Estado, y prosigue hoy en su desacato bajo la cobertura del gobierno de la nación. O también más lejos, cuando el presidente de la Generalitat convocaba una manifestación contra la sentencia del TC sobre la inconstitucionalidad del nuevo Estatut, a instancia de un recurso del PP. El President era el pesoísta Montilla, miembro del PSC, el partido que había promovido esa reforma estatutaria, como también el partido progenitor de la llamada inmersión lingüística en la enseñanza.
La persona del presidente Sánchez Pérez ya transportaba la brutal transmutación que efectuó de enunciados declarados de su programa electoral en justo su sentido contrario cuando llegó al gobierno (precisamente en varios aspectos relacionados con el golpismo secesionista y con posibles aliados políticos). Esta transgresión inversa del contrato electoral exhibe un carácter tan obsceno que tal conducta ha abofeteado el valor de la representatividad política en el país, hasta deteriorar el instrumento democrático a niveles de inmundicia. Pero también, la doctrina sanchista del PSOE ha acentuado su práctica de aprendizaje de la retórica del nacionalsecesionismo, con su aspecto tan característico de mentir mediante el uso de la inversión de los significados de los términos. Por ejemplo, como se hace con este método del lenguaje inverso cuando se declara la expresión «derecho a decidir», la cual significa en verdad justo lo contrario: la usurpación de la decisión a la soberanía popular de la comunidad nacional española.
¿Serán excesivas las alarmas sobre un progresivo deslizamiento hacia un cambio de régimen, trampeando la Constitución y con el TC silenciado? Pero sí se podría augurar la dirección hacia la consolidación e incremento de una independencia de facto para territorios, aunque no declarada con ese nombre, sino con el enmascaramiento propio de la retórica del lenguaje inverso. Mientras se habrá desmantelado la integridad del Estado democrático de derecho, hurtando la soberanía del pueblo español, y se habrá desmenuzado la comunidad política española en intereses locales de poblaciones enfrentadas entre sí, operación que desbarata la tendencia igualitaria del carácter social del Estado.
Aunque no es el caso para las consecuencias más inmediatas (como sería la presentación de algún expreso golpista en unas próximas elecciones), se piensa que un cambio, la alternancia en un gobierno de la derecha española, sí que podría, sin embargo, eliminar los efectos más distantes en el tiempo, con la reversión de esas medidas de profunda degradación institucional que implementa el gobierno actual.
No es desdeñable la señal de que el conjunto de las derechas en España es incapaz de abandonar el manual del neoliberalismo que ha supuesto intensificar la extensión de la precariedad y la vulnerabilidad entre la población, incluso después de que el instrumento de aplicación de esa doctrina, la globalización, ha ido desembocando en una onda larga de declinación económica, ya desovillada en planetaria confrontación. La persistencia mecánica de la derecha nacional en este recetario económico sugiere entonces la posibilidad de un futuro gobierno convulsionado en un contexto de crisis social, que acarree una situación de un definitivo enredo de difícil solución y peor salida. El permanente júbilo en la fe que tiene la derecha española en el uso del anterior recurso a la entereza expuesta por la Jefatura del Estado podría entonces, sin embargo, ser insuficiente, ante las limitaciones que tiene esa instancia constitucional.
Desde la reconstrucción democrática, el pueblo español ha tenido que ir graduando su madurez en un entorno que nunca ha sido simple. Ahora la ciudadanía tiene que hacer una mayor transición hacia un más firme valor y finas decisiones que las situaciones exigen. Apostamos por una izquierda constitucionalista en España, liberada del enfoque clásico que la izquierda de nuestro país tiene de los nacionalismos periféricos, un enfoque que blanquea el carácter profundamente reaccionario de estas alternativas, así como que suponen la gran distracción sobre el realismo de los problemas y una acción devastadora para la unidad de la población para afrontarlos solidariamente y de modo progresista en una comunidad política democrática.
En la modestia de nuestra asociación, pero en la importancia que sabemos que tiene el desarrollo de nuestros planteamientos, ACP colabora con plataformas para la defensa de los derechos ciudadanos que están siendo cercenados, como fue el caso de Meridiana Sin Cortes, como sigue siendo en Escuela de Todos conseguir la presencia efectiva de la lengua común española en las aulas. En el momento presente saludamos el manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición contra la reforma del Código Penal, y en defensa del orden constitucional, que han firmado varias entidades y multitud de personas. Asimismo también animamos a los ciudadanos a asistir a las próximas manifestaciones por la defensa de los valores constitucionales en Madrid (21 de enero) y en Barcelona (22 de enero)
Junta Directiva de ACP (Alternativa Ciudadana Progresista),
27 de diciembre de 2022.
Excelentísimo Comunicado