Las empresas alimentarias que han subido los precios de sus productos siguiendo el consejo de sus asociaciones patronales pueden llevarse una desagradable sorpresa. Los servicios técnicos de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) consideran que la nueva Ley de Competencia dota al organismo del suficiente margen de maniobra como para condenar todas aquellas recomendaciones dirigidas a establecer los precios en un determinado colectivo, según ha podido saber LA RAZÓN.
Tales llamamientos serían constitutivos de infracción contra el artículo 1.1 de la citada ley, que prohíbe toda recomendación que «tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios».
La CNC está siguiendo esta línea de investigación de manera oficial en los sectores lácteo y de panadería, donde se han producido incrementos generalizados de los precios en los últimos meses. Estas subidas siguen en el tiempo, de manera casi inmediata, a los mensajes lanzados desde diferentes foros y asociaciones justificando o incitando el aumento de los precios. Es por ello, que la CNC busca indicios que le permitan establecer tal conexión directa y si bien el presidente del organismo, Luis Berenguer, ha destacado en diversas ocasiones que se trata de una conducta enormemente «sofisticada», parece que la nueva Ley de Competencia permite señalar tal táctica como infractora.
La Comisión está centrando sus esfuerzos en la investigación de los encarecimientos del pan y de la leche que según las asociaciones de consumidores rondan el 15% de media en ambos casos.
La CNC cuenta ya con tres denuncias tramitadas formalmente por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Federación de Consumidores en Acción (Facua) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) contra el alza de los alimentos básicos. Estas tres organizaciones consideran que los últimos encarecimientos del pan y la leche son «desproporcionados», además de «sospechosos de prácticas especulativas y contrarios a la actual legislación». La gravedad de estas subidas se mide por cuanto se centran en productos esenciales en la cesta de la compra y por su perjuicio para todos los consumidores.
Lo cierto es que no hay que remontarse demasiado en el tiempo para encontrar condenas por el alza de los precios en los alimentos básicos. Hace poco más de un año, en agosto de 2006, el anterior Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) sancionó con una multa de 100.000 euros a la Asociación de Fabricantes y Expendedores de Pan de Cuenca (AFEPAN) por recomendar precios mínimos de venta al público a sus asociados. En línea con lo anterior, el Tribunal calificó la práctica de «muy grave» dado que el pan es «un producto básico en la dieta tradicional de los españoles y de consumo diario». Posteriormente, en noviembre de 2006, el Tribunal condenó con una multa de 300.000 euros a la Federación Gremial de Panadería y Pastelería de Valencia por indicar precios mínimos para la venta de los distintos tipos de pan.
Desde el sector, sin embargo, el secretario general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), Jorge Jordana, asegura que las subidas de precios responden a que el encarecimiento del petróleo hace rentable producir bioetanol, lo que reduce la superficie de cultivo destinada a los cereales, diezmando la oferta de éstos y tensionando sus costes. Por su parte, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, asegura que los precios subirán más porque los ganaderos están asumiendo el encarecimiento de los cereales para el ganado.
La Razón (8.11.2007)
