Elena P. Iriarte – Vitoria.- El Gobierno vasco era plenamente consciente de que la Ley de Consulta aprobada en junio por el Parlamento Vasco sería suspendida por el Tribunal Constitucional y sabía también que el referéndum nunca llegaría a celebrarse. Pese a ello, no dudó en gastar casi 160.000 euros en publicitarla y enviar 1,6 millones de papeletas a los ciudadanos con las dos preguntas que pretendía formularles el próximo 25 de octubre.
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, aporta estos datos en dos respuestas parlamentarias a sendas preguntas de PSE y PP, en las que justifica el gasto por «la singularidad y la extraordinaria importancia política» de la ley, así como por «el derecho a la información y participación en los asuntos públicos que asiste a los ciudadanos». En este sentido, apela al «interés suscitado en la ciudadanía por la iniciativa» para insistir en que el desembolso estaba absolutamente justificado.
Con este convicción, el Gobierno vasco acordó iniciar una campaña de «información» sobre el referéndum, cuyo coste ascendió a 159.101,65 euros. En la respuesta enviada al parlamentario popular Carlos Urquijo, la vicelehendakari detalla que se facilitó «información generalizada», a través de buzoneo, de la iniciativa de Ibarretxe a 815.000 hogares. Se informó, además, de forma diferenciada a los ciudadanos que habitualmente demandan información sobre las iniciativas del Gobierno.
En la elaboración e impresión de sobres, el Ejecutivo autónomo gastó 12.787,35 euros, y en la impresión de las cartas, 10.095,34 euros. A estas cantidades se suma el coste de imprimir 1.630.000 papeletas (7.041,46 euros), de ensobrarlas (31.377,50 euros) y de enviarlas a sus destinatarios (97.800 euros).
A la pregunta de los populares de si estas cantidades no tendrían que haber sido «destinadas prioritariamente a otras necesidades», más aún «en una situación de crisis económica», Zenarruzabeitia responde sucintamente que «la determinación de las prioridades corresponde al Gobierno vasco y, en este supuesto, el Gobierno ha acordado, con cargo al presupuesto ordinario, difundir una ley aprobada por el Parlamento».
También recuerda que el gasto se sustenta en un acuerdo del Consejo de Gobierno que establecía la «adopción de todas las iniciativas de comunicación social que resulten precisas para dar cumplida respuesta al derecho esencial a la información y a la participación que corresponde a todos los ciudadanos vascos en relación con la Ley de Consulta».
El Mundo (1.10.2008)
