El PNV logra 13 millones y el BNG otros 51 tras salvar a la ministra de Fomento
Los nacionalistas vascos niegan cualquier acuerdo económico mientras Imaz pide comprensión
ANXO LUGILDE / JAUME V. AROCA – Santiago / Madrid El peix al cove – el rédito de la negociación política en una expresión acuñada hace años por el president Pujol- tiene un precio en el caso de Magdalena Álvarez. Algo más de 13 millones pactados por el PNV en los presupuestos y un encuentro con Zapatero para desbloquear algunas competencias para el BNG amén de ayudas por valor de 51 millones.
El acuerdo con el PNV se cerró la mañana misma de la votación y se traducirá en diversas enmiendas en los presupuestos que ahora se están debatiendo en el Senado presentadas conjuntamente por PSOE y PNV. El grupo parlamentario vasco en el Congreso negó categóricamente que existiera alguna relación entre estas enmiendas y el sentido de su voto en el debate de reprobación de la ministra. Fuentes socialistas, en cambio, admitieron que ese había sido el precio. Concretamente, 13,3 millones de euros.
Entre tanto, Josu Jon Imaz, que ayer intervino en una conferencia en Barcelona, justificó el voto contrario de su partido a la petición de dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, porque se trata de una cuestión "absolutamente sectorial y propia de Catalunya". Imaz consideró que en Catalunya "se va a entender mejor que en ningún otro lugar la actuación del PNV", afirmó en declaraciones a Europa Press.
El BNG ha conseguido una audiencia de su líder, Anxo Quintana, con Zapatero en la Moncloa para anunciar el desbloqueo de las transferencias pendientes a la Xunta de Galicia, principalmente la de tráfico, así como la confirmación de que el Gobierno aportará 51 millones de euros para aplicar la ley de Dependencia. El pacto con el PSOE en Madrid ha permitido a los nacionalistas gallegos marcarle un tanto al presidente de la Xunta, el socialista Pérez Touriño, siempre receloso a la interlocución directa del BNG con el Gobierno.
Sin embargo, el apoyo a la ministra tiene un coste en Galicia, pues esta es probablemente junto a Catalunya la comunidad en la que Magdalena Álvarez concita más rechazo, a pesar de que sus dos abuelos varones nacieron en Lugo, desde donde emigraron a Andalucía. Hace tres años, en unas declaraciones a micrófono cerrado que trascendieron públicamente, la ministra se refirió al "Plan Galicia de mierda", en alusión al programa de obras aprobado por el gobierno de Aznar tras la catástrofe del Prestige. Desde entonces los desencuentros se sucedieron hasta el punto de que, como reconocen en el PSOE gallego, Álvarez casi ni puede pisar Galicia, a pesar de las fuertes inversiones que, si bien con retraso, Fomento efectúa en la autovía del Cantábrico y el ferrocarril. "Habría más de una razón para reprobar a la ministra", reconoció ayer Quintana, que habló el martes por teléfono con Zapatero, con quien se reunirá en la Moncloa antes del 15 de diciembre. Quintana defendió el "pragmatismo" del BNG, que ha logrado el compromiso de que la Xunta pueda gestionar el tráfico, lo que permitirá el despliegue de la policía autonómica gallega. En cambio, el PP considera que se trata de acuerdos sin contenido, pues no se van a poder aplicar ante la proximidad de las elecciones generales.
La Vanguardia, jueves, 29 de noviembre de 2007
