Algunos creemos que los financiadores voluntarios o coaccionados de los terroristas deben ser sancionados para cortar ese suministro letal, como hacen los demás países europeos. Y los jueces deben condenar a quien dialoga con los que nos agreden y amenazan como si fuesen políticos corrientes, porque esas componendas no son diálogo político sino puro fraude democrático.
A mí me pasa como a la mayoría de ustedes: no soy entendido en cuestión de leyes y por tanto no tengo mejor opción que acatar de mente, palabra y obra el carpetazo dado al caso abierto contra Ibarretxe, López y otros políticos por las conversaciones oficiales que mantuvieron con la ilegalizada Batasuna… al menos en tanto el Tribunal Supremo no diga otra cosa. Aunque soy lego en leyes no dejo de estar dotado de razón (¡bien que me pesa, a veces!) y por lo tanto mi acatamiento se rodea de algunas consideraciones esclarecedoras.
En primer lugar, diga lo que quiera el 'agit-prop' mediático gubernamental -tanto de La Moncloa como de Ajuria Enea-, el Tribunal Superior de la CAV tuvo sobrada razón en aceptar la denuncia contra los implicados por parte de la acusación popular, aunque técnicamente ésta se haya revelado insuficiente para mantener el procedimiento penal. Por cierto, si la acusación popular no es adecuada en un caso como éste -en el que se denuncia una malversación de las instituciones políticas que hemos padecido todos los ciudadanos en conjunto y ninguno en particular-, ustedes me dirán para qué sirve esa figura jurídica hasta ayer considerada avanzada y progresista, sin la que probablemente los responsables de los GAL nunca habrían visitado los tribunales. En segundo lugar, el cierre momentáneo del asunto no implica ningún espaldarazo político a esos encuentros ni a la estrategia que los propició y que se ha revelado a continuación patéticamente errónea, tal como reconocen hasta quienes la practicaron. De modo que lo único 'disparatado' del caso son los aspavientos sectarios de tantos popes que se escandalizan de que nos empeñemos en ver lo blanco, blanco y lo negro, negro… sin escuchar las directrices oficiales.
Pero en una cosa sí que tienen razón Ibarretxe y su equipo defensor: en lamentar que no se haya ido «hasta el fondo del asunto». Como tal fondo no consiste en mejores o peores triquiñuelas legales, nada nos impide por nuestra cuenta y extrajurídicamente tratar de esclarecerlo incluso a los legos en derecho. Para empezar, el fondo más al fondo del asunto es que PNV y PSE cometieron un gravísimo desafuero político al encontrarse, rodeados de estruendo publicitario, con representantes oficiales de una organización ilegal, a la que 'legalizaron' así de facto a despecho de sus víctimas. No fueron contactos vergonzantes y clandestinos -negados una y otra vez- como los que el Gobierno central tuvo con ETA, sino institucionales y con acompañamiento de charangas: o sea, no vergonzantes sino vergonzosos. Todavía estamos esperando que alguien en el PNV o el PSE reconozcan su metedura de pata, en lugar de repetir como loros arrogantes y descerebrados que volverían a hacer lo mismo… lo que por cierto debería ser tomado en cuenta por el Tribunal Supremo en su revisión del caso. El colmo es que quienes así pisotean el diálogo político y sus requisitos más elementales se proclamen víctimas de su fidelidad a ese ideal. Pero, vamos a ver: ¿Por qué creen semejante piara de Maquiavelos de pacotilla que ha sido ilegalizada Batasuna o, ya para el caso es igual, la propia ETA? ¿Para que no haya diálogo político? ¿O para que lo haya de verdad y deje de llamarse 'diálogo' al balbuceo asustado que imponen los matones totalitarios a quienes amenazan, de los que no se espera otra palabra que no sea 'por favor, no me mate, me rindo'?
Prohibiendo a los políticos democráticos -o que al menos pasan por serlo- que se reúnan a bombo y platillo con los portavoces de quienes les acosan a ellos y a todos los demás no se ponen cortapisas al diálogo político, sino que se lo toma en serio, limpiándolo de falsificaciones chantajistas. La Ley de Partidos no es una medida represiva fuente de todo tipo de limitaciones democráticas -como aún sostienen con desfachatez los cínicos o los indocumentados-, sino la garantía básica de que los gángsters patrioteros no serán nunca por razones oportunistas tratados como políticos… ni los políticos decentes se verán obligados a contemporizar con el gangsterismo para no perder bazas en la contienda electoral.
¿Judicialización de la política? Venga ya. Los que introducen el Código Penal en la política democrática son quienes asesinan a sus adversarios porque no pueden derrotarles en buena lid, los que colaboran con los criminales dándoles información y apoyo logístico o quienes les justifican (o al menos no les condenan) porque la culpa de todo la tiene el 'conflicto', es decir, las dificultades que ellos encuentran para imponer su dogma separatista a la sociedad vasca. ¿Acaso viviríamos más libres democráticamente si los que practican la lucha armada fuesen tratados ni mejor ni peor que quienes sólo ejercen el debate parlamentario? Malo es que nos amenacen y que nos maten, pero que no pretendan encima tomarnos por imbéciles. Aquí nadie representa por sí solo a 'la mayoría del pueblo vasco', ni Otegi, ni el tripartito gubernamental ni la oposición: nadie. Cada ciudadano se representa a sí mismo y si no le presionan y le amenazan de muerte lo hará mucho mejor. Los jueces están para eso, precisamente: para alejar de la política a esos matones y criminales que llaman 'diálogo' a que sus víctimas acaben por darles la razón para seguir vivas, aunque sea sumisas. Y si alguien cree que a fuerza de poner cara sufrida de víctima o gesto amenazador de verdugo nos van a convencer de otra cosa, están sumamente equivocados. A algunos nos parece oportuno no ser oportunistas, qué se le va a hacer.
La Unión Europea acaba de amonestar a España porque es el único de sus miembros que no aplica la normativa para prevenir y en su caso castigar la financiación de los grupos terroristas. Por cierto, también es el único país de la UE que sigue teniendo un grupo terrorista que actúa regularmente en su territorio… supongo que se trata de una mera coincidencia, ¿no? Sólo faltaría que España fuese además el único Estado de la UE donde los representantes políticos de los terroristas se sentaran en plano de igualdad con el Gobierno y demás partidos, para negociar sus condiciones de paz… en nombre de la 'normalización' democrática, que consiste en dar la razón a los más brutos de la clase.
Pues bueno, ni lo uno ni lo otro: algunos creemos que los financiadores voluntarios o coaccionados de los terroristas deben ser sancionados para cortar ese suministro letal… tal como lo creen los demás países europeos. Y también creemos que los jueces deben condenar a quien dialoga con los que nos agreden y amenazan como si fuesen políticos corrientes, porque esas componendas a costa de nosotros no son diálogo político sino puro y simple fraude democrático: lo mismo que hace el resto de los gobiernos europeos, que no se sientan a la mesa institucional con nadie que apoye, excuse o no condene el terrorismo. Éste es precisamente el 'fondo del asunto', señor Ibarretxe: y lo demás es canto gregoriano.
El diario vasco (24.01.2009)
