‘Nullum crimen sine lege’. No hay sediciosos sin sedición

Artículo de Miguel Candel. Miembro de ACP y Presidente del Consejo Político de AIREs

Ante la reforma del Código Penal anunciada por el presidente del Gobierno de España, que eliminará del ordenamiento jurídico español el delito de sedición para sustituirlo por el de “desórdenes públicos agravados” (con penas máximas de cinco años), la Alianza de la Izquierda Republicana de España (AIREs – La Izquierda) manifiesta su más enérgica repulsa por los motivos siguientes:

Erosiona la fortaleza y la capacidad del Estado para hacer frente a futuros intentos de subversión del orden constitucional por parte del nacionalismo secesionista o de cualquier otra parcialidad política, intentos que la más desapasionada observación del comportamiento de los sectores secesionistas lleva a la certeza de que se repetirán (y que en forma apenas larvada, mediante la promulgación de leyes tramposas destinadas, por ejemplo, a eludir el cumplimiento de sentencias judiciales, continúan produciéndose).
Como izquierda defensora del Estado de Derecho, AIREs denuncia el peligroso precedente que la anunciada decisión del Gobierno constituye para la preservación de un ordenamiento legal que proteja a todos los ciudadanos, especialmente a los más débiles, de los abusos del poder, sea éste de la naturaleza que sea.
A este respecto, decisiones como la anunciada (que no es sino el enésimo paso en la dirección de contentar a toda costa a los promotores de la fragmentación del país, con la absurda esperanza de que así renuncien a fragmentarlo) ponen un clavo más, y especialmente grueso, en el ataúd de la fe que los sectores sociales más desfavorecidos pudieran conservar en la imparcialidad del sistema político, pues muestra meridianamente las diferentes varas con que se miden las infracciones de la ley por unos u otros sectores.
En condiciones normales, podría discutirse la conveniencia o no de modificar determinadas figuras delictivas de nuestro Código Penal, pues es cierto que los cambios sociales obligan a una razonable actualización periódica de las normas (“no se hicieron las personas para las leyes, sino las leyes para las personas”). Pero lo que resulta inadmisible es, como salta a la vista en este caso, una modificación “ad hoc” cuyas justificaciones (mendaces en más de un punto, como veremos enseguida) a duras penas pueden tapar su carácter de mercadeo para el logro de apoyos políticos a intereses partidistas, por más que se disfracen de interés nacional con alusiones a la necesidad de aprobar los próximos presupuestos generales del Estado.
La invocación de normas similares para delitos similares en otros países de nuestro entorno, destinada a presentar la medida anunciada como una simple “normalización” o “armonización” de nuestro ordenamiento jurídico en relación con el vigente en el conjunto de la Unión Europea, no resiste el más superficial análisis, como puede comprobarse examinando la información pertinente que ha circulado estos últimos días sobre el régimen sancionador vigente en otros países europeos para el tipo de delitos de lesa Constitución que nos ocupa, cuya gravedad nuestro Gobierno trata por todos los medios de minimizar (sin citar, por supuesto, en detalle ni una sola de las legislaciones europeas concretas con las que supuestamente pretende armonizar la nuestra). Y no podía faltar, para colar más fácilmente la mercancía averiada, el truco de meter la medida anunciada en el paquete de la transposición de diferentes normativas europeas que apenas guardan relación con el tema de que se trata.
Si bien acatamos en su día la sentencia dictada por el Tribunal Supremo condenando por sedición y malversación a varios de los principales responsables del intento secesionista de 2017, pensamos entonces, con muchos distinguidos juristas como el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, y seguimos pensando ahora que la verdadera calificación que correspondía a aquellos hechos era la de rebelión (si más no, en grado de tentativa). Si algo hubiera que actualizar en nuestro Código Penal a este respecto no es precisamente la figura de sedición, sino la de rebelión, que es la actuación que persigue la alteración ilegítima del orden constitucional, delito para cuya comisión, tal como pusieron en evidencia los hechos acaecidos en aquellos aciagos días de otoño, no es imprescindible el recurso a la fuerza armada cuando quienes lo cometen no lo hacen desde fuera de las instituciones del Estado, sino desde dentro de ellas.
Siendo grave como es el menoscabo del Estado de Derecho que las concesiones al movimiento secesionista comportan, tanto o más grave aún es el daño a los intereses de los trabajadores españoles en su conjunto que se derivan, ya ahora, del proceso de desmantelamiento de facto de los mecanismos redistributivos y la quiebra de la igualdad de derechos en que se ha embarcado el actual Estado de las Autonomías, convertido cada vez más en escenario de una guerra de todos contra todos, donde cada Comunidad compite con las otras a la hora de asignar los recursos públicos y se entra globalmente en una espiral de reducciones impositivas que no pueden sino traducirse en el empeoramiento de los servicios sociales prestados. Hoy no se puede hablar de Estado de Derecho sin Estado del Bienestar.
A propósito de esto, como partido de izquierda que, a diferencia de otras fuerzas que usurpan ese nombre, no renuncia a que la igualdad vaya de la mano de la libertad ni a que ninguna de ambas vaya en detrimento de la otra, no podemos dejar de denunciar el fraude que representa el intento del Gobierno actual y sus socios parlamentarios de comprar la adhesión de los votantes de izquierda a su política de desmantelamiento del Estado de Derecho con el plato de lentejas de unas tímidas mejoras del Estado del Bienestar, que en más de un caso pueden representar “pan para hoy y hambre para mañana” (el mañana de los pensionistas, por ejemplo).

Para AIREs, orgullosa de que la palabra España aparezca en su denominación como partido, nuestro país es ante todo la casa común que, actuando solidariamente, mejor puede proteger a sus habitantes de las inclemencias de una economía mundial en crisis, dominada por la inestabilidad social y las guerras por el control de unos recursos menguantes. Estaremos por ello, sin sectarismos, en primera línea de la defensa de esta casa que aspiramos a mejorar, conscientes de que el primer requisito para ello es conservar su integridad.

Artículo publicado el 15/11/22 en «DiarioProgresista»