Hace quince meses la Guardia Civil detuvo al tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Andreu Viloca, y otras siete personas en la operación Petrum. Ocho detenidos más y 11 registros: la sede de CDC, los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona), y varias empresas. Rápidamente Artur Mas apuntaba que la justicia estaba siendo utilizada contra el independentismo. ¿Es esto cierto? ¿Son las acusaciones una invención, o las detenciones corresponden a delitos fundados? Que el poder político tiene capacidad de condicionar al poder judicial es, como veremos, una afirmación corroborable por la fuerza de los hechos; LEER MÁS
